Juan Carlos Chavez
En los últimos dos meses las autoridades cubanas arrestaron y condenaron por motivos políticos a nueve miembros de la disidencia interna, según un reporte de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), radicada en La Habana.
En su informe la CCDHRN reportó que actualmente hay 50 personas sentenciadas por delitos contra la Seguridad del Estado, la mayoría de las cuales bajo cargos como terrorismo, intento de secuestro o atentados contra intereses del gobierno. Otros 15, considerados presos de conciencia, están en sus hogares bajo la llamada licencia extrapenal, una figura jurídica que permite cumplir la condena en libertad, aunque el beneficio puede ser revertido.
La CCDHRN dijo que el férreo control del gobierno cubano lo sitúa con la cifra más alta de sancionados o procesados por motivos políticos en todo el Hemisferio Occidental y en buena parte del mundo. Agregó que su reporte continúa siendo parcial ya que es “imposible afirmar que no haya otros presos por motivos políticos dentro de una población penal tan desproporcionada”, explicó.
La CCDHRN calcula que la población penal cubana oscila entre 70,000 y 80,000.
“Esta desmesurada población penal, propia de los regímenes totalitarios o autoritarios, mantiene al gobierno de Cuba entre los primeros lugares mundiales por el número de personas internadas en prisiones, campos de trabajo y otros lugares de reclusión por cada 100,000 habitantes”, añadió la entidad.
Según las evaluaciones de la CCDHRN el total de prisioneros políticos se redujo marcadamente, entre el 2010 y el 2011, con el destierro a España de 115 de ellos.
“Esa excarcelación a cambio del destierro fue sumamente traumática y tuvo lugar bajo el signo de una coerción impuesta por la falta de alternativas”, precisó la CCDHRN. “La mayoría de los presos políticos y sus familiares así desterrados siguen atravesando grandes dificultades materiales y un profundo y depresivo desarraigo. Ello explicaría el trágico suicidio por ahorcamiento en Islas Canarias del periodista Albert Santiago Du Bouchet”.
En el 2010 la Iglesia Católica cubana y el gobierno de Raúl Castro iniciaron un diálogo para buscar una mejora de las condiciones de los disidentes encarcelados por sus ideas políticas. Tras los encuentros, fueron liberados 52 activistas y periodistas independientes del Grupo de los 75. Este grupo fue condenado en el 2003 durante la Primavera Negra, una ola represiva para silenciar las voces críticas y los pedidos de elecciones libres. Excepto 12 opositores, entre ellos José Daniel Ferrer García, el resto aceptó viajar a España.
Ferrer, uno de los disidentes más activos de la isla, se encuentra en huelga de hambre desde el lunes tras permanecer más de tres semanas en prisión sin que se le formulen cargos. Ferrer, de 41 años, es portavoz de la ilegal Unión Patriótica Cubana (UNPACU). Fue detenido el pasado 2 de abril en un operativo policial en Palmarito del Cauto. Las autoridades lo mantienen encarcelado en un centro de interrogatorios de la Seguridad del Estado en la provincia oriental de Santiago de Cuba.
Amnistía Internacional, el grupo de derechos humanos con sede en Londres, agregó la semana pasada a Ferrer a su lista de presos de conciencia, detenidos por ejercer “pacíficamente” su derecho a la libertad de expresión. Según AI las autoridades pueden obligar a Ferrer a cumplir el resto de su sentencia a 25 años de prisión.