Hace 25 años, la popular empresa sueca de artículos para el hogar, 'Ikea', usó a prisioneros políticos y comunes de Cuba y la antigua Republica Democrática Alemana, para construir muebles, según reveló el diario alemán 'Frankfurter Allgemeine Zeitung'.
Aparentemente, según documentos descubiertos por el rotativo en los archivos de la Stasi, la antigua policía política de la ex Alemania Oriental, en 1975 Ikea firmó un contrato con funcionarios de ese país, para que les proveyeran una serie de muebles que fueron posteriormente vendidos en la red de tiendas de la cadena sueca.
A su vez, los funcionarios de Alemania Oriental que, al parecer, no daban abasto a los pedidos, propusieron en 1987 a funcionarios cubanos una participación en el negocio. Cuba se encontraba en esos momentos intentado romper el embargo comercial estadounidense y necesitaba desesperadamente de moneda fuerte para enfrentar las estrecheces económicas.
El contrato fue firmado entre la sucursal de la empresa sueca en Alemania Oriental, Ikea Trading Berlín, y una empresa dependiente del Ministerio del Interior cubano llamada Emiat, especializada en la fabricación de muebles para las casas de protocolo y dependencia estatales. Según el rotativo, el contrato con la empresa cubana incluía la fabricación de 35.000 mesas de comedor, 10.000 mesas para niños y una cantidad indeterminada de sofás, todos diseñados por Ikea. En los acuerdos entre las dos empresas, se especifica que los muebles serian construidos en "instalaciones carcelarias" cubanas.
Pero un año después, acorde a los documentos hallados en los archivos de la Stasi, la empresa sueca se quejó de la pobre calidad de los productos cubanos. La parte alemana envió una delegación a La Habana para solventar el escollo, pero la documentación no especifica que sucedió entonces ni cuando el contrato fue suspendido.
Los argumentos de la firma sueca
Este viernes, la portavoz de Ikea en Estados Unidos, Mona Liss, admitió al diario 'El Nuevo Herald' que la firma mantuvo una tenue relación de negocios con el Gobierno de la isla.
"IKEA no ha tenido relaciones de negocios a largo plazo con ningún proveedor en Cuba. Por lo que sabemos, sólo hubo ocasionales compras de prueba, de montos limitados, de productos de proveedores en Cuba a finales de los 80", dijo la portavoz.
A su vez, otra portavoz de la firma sueca dijo que Ikea no sabe nada del uso de presos en sus fábricas, pero que "toma muy en serio" las alegaciones en ese sentido y anunció que ha abierto una investigación sobre lo sucedido.
Es más, agregó, si se confirman las sospechas, Ikea estaría dispuesta a indemnizar a los afectados. "Con gusto mantendremos un diálogo con los afectados y con organizaciones", confirmó Ylva Magnusson, la portavoz de Ikea en Estocolmo.
En Miami, el ex preso político cubano Ernesto Díaz, confirmó el uso de reclusos en la fabricación de los muebles, pero aseguró que en ello solo participaban los de carácter común. "Aunque existían esos trabajos forzados, los prisioneros políticos en Cuba rehusaban realizar esas labores", indicó.
Los contratos con Ikea coincidieron con una ofensiva que Cuba hizo en el mercado internacional, al asociarse con muchas empresas extranjeras para fabricar productos dedicados únicamente a la exportación y que nunca circularon en el mercado interno, a no ser, dentro de las tiendas especiales para los diplomáticos extranjeros.
La idea, además de conseguir moneda fuerte, era potencializar las empresas cubanas de la industria ligera, como las fabricantes de productos de higiene personal, para el hogar, producción de cítricos y ropas. Empresas de España, Canadá, Francia, México, Japón y Brasil, participaron en esa época en 'joint-ventures' de ese tipo, algunos de las cuales duran hasta hoy. Sin embargo, se desconoce si se siguen usando presos comunes en las labores.
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