Severa crítica al régimen cubano
Juan O. Tamayo
El Comité Contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) criticó duramente al gobierno cubano el viernes por una larga serie de abusos contra los derechos humanos, y se quejó repetidamente de que ha entregado poca o ninguna de la información que se le había solicitado con detalles sobre alegaciones específicas de abusos.
El panel señaló que estaba preocupado “por los informes que denuncian el uso de métodos coercitivos en interrogatorios [policiales], en particular la privación del sueño, reclusión en condiciones de aislamiento y exposición a cambios bruscos de temperatura”.
Sobre las cárceles cubanas, indicó que “sigue sumamente preocupado por los informes recibidos sobre las condiciones de hacinamiento, malnutrición, falta de higiene e insalubridad y atención médica inadecuada”.
Ha habido miles de quejas sobre detenciones a corto plazo de disidentes, añadió, mencionando en particular a José Luis Ferrer García y Oscar Elías Biscet. Asimismo señaló que funcionarios cubanos nunca han explicado las muertes de los disidentes Orlando Zapata Tamayo y Juan Wilfredo Soto García.
En un informe de 6,000 palabras el comité destacó que Cuba debe establecer un organismo independiente para reunir, investigar y reportar alegaciones de abusos gubernamentales, y que también debe cumplir su promesa de permitir una visita del principal funcionario de la ONU con respecto a varios tipos de maltratos.
El informe resumió las conclusiones del panel tras sus audiencias del 22 y el 23 de mayo en Suiza sobre el cumplimiento de Cuba de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Marcado como “versión no editada”, fue publicado por la oficina de prensa de la ONU en Ginebra.
Empleando el típico lenguaje diplomático de la ONU, el informe señaló que el panel “lamenta”, “expresa preocupación”, “todavía se preocupa”, “está en desacuerdo”, “mantiene serias reservas”, “considera indispensable” y está “seriamente preocupado”.
Pero el informe equivalió a una dura y detallada lista de abusos de derechos humanos de Cuba, en especial en áreas relacionadas con castigos o abusos físicos, tales como los sistemas de justicia y prisiones y el acoso a los disidentes.
El informe cubano sobre su cumplimiento de la Convención contra la Tortura, presentado en mayo, tenía más de nueve años de retraso y “no se ajusta plenamente a las directrices” establecidas por el panel, indicó el comité de 10 miembros que revisa el historial de los países con carácter rotativo.
En una sección redactada con particular dureza, el informe urgió a los cubanos a que “se investigue sin demora, exhaustivamente, con imparcialidad y de modo eficaz todas las muertes de detenidos”. Según las autoridades de la isla, Cuba indicó al panel que los funcionarios del sistema de prisiones no eran responsables por ninguna de las 202 muertes de esta categoría entre el 2010-2011, pero no dio más información.
El informe además criticó ásperamente a las autoridades por el rápido aumento de los arrestos a corto plazo de disidentes, generalmente para impedir que los opositores asistan a actividades. Funcionarios cubanos dijeron el mes pasado al panel que todas las detenciones seguían el proceso debido.
A pesar de las negativas de La Habana sobre las detenciones a corto plazo, uno de los miembros del panel, Fernando Mariño, dijo el viernes en conferencia de prensa que “al parecer esto se ha generalizado últimamente”. Activistas de derechos humanos en La Habana reportaron que el número de estos arrestos se duplicó del 2010 al 2011.
El comité condenó también las “restricciones a la libertad de circulación, operativos de vigilancia invasiva, agresiones físicas y otros actos de intimidación y hostigamiento presuntamente cometidos por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y miembros de los órganos de Seguridad del Estado”.
Cuba debe además abolir delitos con definiciones vagas tales como “peligrosidad social predelictiva”, agregó, así como detener los “actos de repudio” de las turbas progubernamentales contra disidentes como las Damas de Blanco y la Unión Patriótica Cubana con “la presunta connivencia entre los hostigadores y la autoridad policial”.
Se debe permitir a las personas detenidas el acceso inmediato a abogados defensores y médicos independientes, así como a sus parientes, precisó el informe. El gobierno debe además garantizar la independencia del sistema judicial y resolver brechas en sus regulaciones de proceso debido.
El informe se quejó también repetidas veces de que los cubanos hubieran entregado poca o ninguna de la información detallada que el panel había solicitado en relación con varios asuntos, específicamente las muertes de Zapata Tamayo, tras una larga huelga de hambre, y Soto García, después de una supuesta golpiza policial.
La Habana tampoco dio detalles sobre las 202 muertes en la cárcel —“una cifra que el Comité considera elevada”— o los 46 funcionarios penales y guardias que el gobierno afirma haber llevado a juicio y condenado por abusos. Alegó que no existía hacinamiento en las cárceles, pero no dio cifras.
El comité “lamenta la reticencia del Estado… a presentar información completa” sobre las detenciones a corto plazo, señaló el informe. Cuba tampoco presentó información alguna sobre las personas acusadas de “delitos contra la Seguridad del Estado”, vistos generalmente como presos políticos.
En cuanto al lado positivo, el informe elogió a Cuba por firmar cuatro acuerdos internacionales sobre los derechos de los niños y las personas discapacitadas y las “desapariciones forzadas”, aprobar un plan de varios años para reparar las instalaciones carcelarias y trabajar para reducir la violencia familiar.
El informe señaló además que el gobierno cubano dio “una respuesta afirmativa” a una solicitud de visita a la isla del relator especial de la ONU sobre torturas y otros abusos físicos, una especie de súper investigador que responde a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
El puesto es ocupado en la actualidad por Juan E. Méndez, de 67 años, un argentino que estuvo encarcelado 18 meses durante las dictaduras militares en la década de 1970. Méndez ha vivido muchos años en Estados Unidos y fue presidente de la rama de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, D.C.
Cuba invitó además al predecesor de Méndez, el abogado austríaco Manfred Nowak, a que visitara la isla en enero del 2009. Pero funcionarios cubanos dijeron entonces que estaban demasiado ocupados, y Nowak abandonó el puesto 22 meses después sin haber visitado la isla.
Mariño afirmó en la conferencia de prensa que permitir la visita de Méndez mostraría que Cuba “no tiene miedo político de someterse a una inspección por parte de organizaciones extranjeras”.
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