Assange, Correa, Garzón y los derechos humanos
Por Miriam Leiva / LA HABANA, Cuba
Julian Assange, Rafael Correa y Baltazar Garzón tienen en común el anhelo egocentrista de atraer la atención de los medios informativos. No por gusto les place alterar el orden mundial, para ser aclamados por fanáticos o ingenuos, creyentes en sus pretendidos intereses altruistas. Esa troika pretende dar lecciones sobre el respeto a la libertad de información, la justicia internacional y los derechos humanos.
Acá, en Cuba, los secretos están bien guardados. Quizás lo escrito se mantenga difuminado para entorpecer cualquier filtración (leak). Quizás se haya destruido o evitado la digitalización. Y probablemente los principales conocedores ya no existen o perdieron la memoria. En todo caso, la tardanza para implementar la computación y, sobre todo, el acceso a Internet, ha sido muy útil.
Aquí no puede existir el hacker astuto al estilo Assange, engatusador de un soldado Bradley Manning. En primer lugar, porque habrían sido minuciosamente “atendidos” por la Seguridad del Estado, con interrogatorios destructores de la psiquis, a los que seguirían juicios sumarísimos y hasta expeditos fusilamientos.
Podrían haber disfrutado el privilegio de recibir promesas de relajación de condena, a cambio de autoinculpación. Las audiencias se transmitirían diferidas por la televisión y, una vez cumplidos los propósitos de las máximas autoridades, una corriente fría recorrería a los acusados, al conocer el engaño.
Rafael Correa arropa ahora al hacker que publicó muchos miles de mensajes clasificados, en nombre de la libertad de información y la denuncia de malas prácticas.
Desde tiempos remotos, los países (y los seres humanos en general) han desarrollado sus relaciones intercambiando y analizando informaciones abiertas, y en menor medida, con diversos grados de confidencialidad. Pero las “audaces” revelaciones de Assange pueden haber puesto en peligro a muchísimas personas en todo el mundo, y probablemente nunca se sepa cuántos perdieron la vida como resultado de ellas.
Con el desarrollo de la jurisprudencia nacional e internacional, divulgar esos contenidos se ha condenado, en un mundo cada día más democrático y respetuoso de los derechos humanos, alejado del veneno de serpiente, las puñaladas y los fusilamientos. Muy bien conoce la troika que lo realizado por Assange puede ser juzgado en el marco de los sistemas jurídicos de esta época, sin menoscabo, más bien con el sustento, del derecho internacional.
El presidente Correa ha querido posar, mediante Assange, como defensor de la libertad de expresión, cuando realmente ejerce toda la fuerza de su investidura contra todos los medios que, en Ecuador, divulguen datos y criterios sobre él, su gobierno o instituciones afines.
Entre los ejemplos más notables está su acusación contra el diario El Universal, y el juicio concluido con una multa de muchos millones para sacarlo de circulación. Finalmente, debido a la presión internacional, lo “perdonó”, aunque procurando de paso mostrar el hecho como una muestra de su magnanimidad.
En mayo pasado, se criticó ese comportamiento del gobierno ecuatoriano en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, durante la revisión pública universal de rigor, sobre lo cual el Canciller Patiño argumentaría que: “se considera que la libertad de expresión es ilimitada y no hay ningún derecho que sea ilimitado”.
El 4 de junio, en la 42 Asamblea General de la OEA, a nivel de cancilleres, efectuada en Cochabamba, el anfitrión, Evo Morales, estuvo acompañado por su homólogo ecuatoriano, quien atacó a la prensa, las ONG y la OEA, particularmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El 13 de junio, Correa prohibió a los miembros del gobierno conceder declaraciones a los medios privados. Por aquellas fechas, fue entrevistado por Assange en su programa “El Mundo del Mañana”, de la cadena rusa RT, grabado desde la mansión donde cumplía su reclusión domiciliaria, en Gran Bretaña.
El hacker australiano se refugió en la embajada de Ecuador en Londres, el 19 de junio de 2012, para pedir asilo político, con lo cual recuperó la atención de los medios internacionales. Entonces había agotado todas las instancias judiciales y era inminente su extradición a Suecia, donde debía responder a la inquisitoria por acusaciones de dos mujeres por violación, figura jurídica muy atendida y detallada en ese país. Surgió así la nueva tribuna de Rafael Correa, quien comenzó a entregar su novela, por capítulos, hasta que terminara la Olimpiada de Londres.
El 16 de agosto, el canciller Patiño aireó la Declaración concediendo el asilo diplomático. Ya el abogado español Baltazar Garzón había entrado en el juego. La extensa fundamentación gira en torno al peligro para la vida de Assange, su seguridad personal y su libertad, bajo el supuesto de que Suecia lo extraditaría a Estados Unidos, donde iba a ser juzgado sin garantías procesales y con probabilidad de recibir tratos inhumanos y pena de muerte.
Se argumenta que el gobierno ecuatoriano pidió garantías a los homólogos involucrados, y que no las dieron. En cuanto a Washington, contestó que se trata de un asunto entre Ecuador y Reino Unido –no ha iniciado ninguna acusación formal contra Assange.
En consecuencia, se ha pedido a los británicos garantías o el salvoconducto que facilite la salida del país, a lo cual respondieron que cumplirán su compromiso de extraditarlo y propusieron una solución negociada.
Correa ha quitado fuelle a las actividades previas del australiano, aduciendo que el día antes de anunciar el asilo, se recibió una comunicación de Gran Bretaña con la amenaza de utilizar una ley nacional que permite desconocer la inviolabilidad de la misión diplomática.
Recuperada la “heroicidad”, ahora el hacker cuenta con el respaldo de gran parte de América Latina, que olvida todo lo anterior y se centra en la soberanía de Ecuador, el derecho de asilo y, de paso, recuerda el apoyo a Argentina en el diferendo con Gran Bretaña por las Islas Malvinas, renovado asiduamente por la presidenta Fernández.
En Guayaquil se reunió el IX Consejo Político de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), el 18 de agosto, y la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), el día 19, ambos a nivel de cancilleres, según se anunció “en solidaridad y respaldo al gobierno de Ecuador, ante la amenaza de violación del local de su misión diplomática, y reiterando la vigencia de las instituciones de asilo y refugio para proteger los derechos humanos”.
Julian Assange, con escenografía en el balcón del céntrico barrio londinense, flanqueado por bandera y escudo ecuatorianos, habló durante 10 minutos, a través de micrófonos, al enjambre de periodistas situados en la acera de enfrente, y separados por policías que se apostaban muy cerca unos de otros, como esperando lo que el ego mediático, en libertad condicional hasta su extradición, no haría: poner un pie en suelo británico.
“Pido al presidente Obama que haga lo correcto y que ponga fin a la caza de brujas contra Wikileaks”, aulló Assange. Adentro, Garzón había aconsejado, entre otras cosas, la recurrencia a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y, más lejos, el canciller Patiño daba evasivas a la prensa sobre una solicitud al Consejo de Seguridad de la ONU.
Cuánta hipocresía a nombre de los derechos humanos. El próximo round de la pelea sería la reunión de la OEA, prevista para hoy 23 de agosto, aunque Estados Unidos y Canadá han declarado que el asunto debe abordarse bilateralmente, entre Ecuador y Gran Bretaña.
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