La familia de Alan Gross exige
a EEUU 60 millones de dólares por su arresto en Cuba
La mujer de Alan Gross, July, da una charla para pedir su liberación.
Rui Ferreira | Miami
Cansada de no lograr la liberación de su esposo en manos de las autoridades cubanas, la mujer de Alan Gross se ha querellado contra el Gobierno de Estados Unidos, a quien acusa de no haberle advertido del peligro que corría cuando lo envió a la isla comunista a contactar la oposición interna.
Gross fue sentenciado el año pasado a 15 años de cárcel, tras ser arrestado el año 2009 en el aeropuerto de La Habana cuando se aprestaba a regresar a Estados Unidos tras su quinto viaje a Cuba. Las autoridades lo acusaron de intentar instalar una red clandestina de acceso a Internet, fuera del control gubernamental, para facilitar las comunicaciones de la oposición con el mundo exterior. Durante el juicio quedó en evidencia que los servicios de seguridad le tenían el ojo echado desde que puso sus pies en la isla por primera vez, un año y medio antes del arresto.
Ahora, Judith Gross, quien sostiene que su esposo de 63 años no se encuentra bien de salud en una prisión cubana, quiere que el Gobierno de Estados Unidos pague a la familia 60 millones de dólares a modo de compensación, porque no le advirtió del peligro que corría al viajar a Cuba.
Además, también ha demandado a una compañía de seguros el pago de 10 millones por concepto de beneficios que Gross debía haber recibido, pero que no han sido pagados porque se encuentra en prisión en un país extranjero.
Gross fue contratado por una empresa llamada 'Development Alternatives Inc. (DAI)' que, a su vez, tiene un contrato para implementar en Cuba varios programas de ayuda a la disidencia interna, promovidos por la agencia estadounidense de ayuda al desarrollo (USAID). El ente gubernamental estadounidense dispone de un presupuesto anual de 40 millones de dólares para aplicar en lo que llama "el desarrollo de la sociedad civil cubana". Para el Gobierno de la isla, se trata de "un plan de subversión interna" para acabar con el sistema político y todos los cubanos que reciben dinero de USAID son "mercenarios del imperio".
Pero para Judith Gross eso no es lo importante ahora. Sino que Alan se encuentra detenido en Cuba porque el Gobierno y DAI no le advirtieron, "ni lo entrenaron convenientemente", hacia el peligro y posibilidad de ser arrestado, dijo este fin de semana el abogado de la familia, Scott Gilbert, en un comunicado enviado a los medios.
"El señor y la señora Gross reclaman que DAI y el Gobierno estadounidense no informaron adecuadamente al señor Gross, antes y después de viajar a Cuba, de los riesgos materiales que enfrentaba por su participación en el proyecto", dice el abogado.
Pero DAI se defiende con uña y dientes. En un comunicado de respuesta advierte que Gross sabía lo que estaba haciendo, lo suficiente para saber a que atenerse. "Alan es un colega y amigo a quien respetamos por sus muchos años de experiencia y conocimiento en 'desarrollo internacional'. (Sin embargo), es decepcionante que la familia Gross haya preferido presentar una querella en esos momentos. Por mucho que queramos resolver nuestras diferencias por su contenido, lo cierto es que esto no impulsa los esfuerzos para traer Alan de vuelta a casa, lo cual sigue siendo nuestra principal prioridad", dice el comunicado.
Un red de móviles
El término 'desarrollo internacional', referido en el comunicado, es usualmente aplicado a los programas de ayuda de Estados Unidos, sean públicos o no, a movimientos y organizaciones de la sociedad civil de otros países.
En sus visitas a Cuba, Gross intentó montar un sistema de acceso a Internet, fuera del control del Gobierno cubano, basado en una red de teléfonos celulares (móviles) que tenían acceso libre al exterior y, a su vez, creaban una red inalámbrica de fácil acceso para ordenadores y tabletas.
Inicialmente, el Gobierno estadounidense dijo que Gross, en su condición de judío, estaba solamente intentado ayudar a la comunidad judía cubana, compuesta por unas 20.000 personas, que vive sin grandes problemas pese a la falta de relaciones de La Habana con Jerusalén. Pero antes del juicio, el Gobierno cubano dejó claro que los viajes no tenían nada que ver con la comunidad judía cuando dejó filtrar un vídeo de su ministerio del Interior, donde un oficial explica a una audiencia oficial la forma como Gross quiso montar la red.
En estos momentos, además del diferendo sobre el embargo económico a la isla, el caso de Gross es uno de los mayores escollos a la mejoría de relaciones. El Gobierno de Estados Unidos exige su liberación inmediata porque lo considera inocente. Y el Gobierno de la isla ha dicho que se encuentra preparado para discutir el asunto "sobre una base humanitaria", pero sin entrar en más detalles.
Lo que sigue siendo una incógnita es si los cinco cubanos que se encuentran presos en Estados Unidos por actividades de espionaje puedan formar parte de un intercambio. Washington mantiene tajantemente que un caso no tiene nada que ver con el otro. Pero La Habana no ha sido tan explícita. Y los rumores así lo indican.
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