la oposición de sectores políticos, sociales y religiosos
La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. / EFE
José Meléndez San José (Costa Rica)
Costa Rica, una sociedad con imagen de conservadora y reticente a desprenderse de los más viejos y arraigados dogmas católicos, ha abierto este lunes el debate político y social a la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo. El gobierno de la presidenta Laura Chinchilla ha anunciado que enviará a la Asamblea Legislativa (Congreso unicameral) un proyecto para legalizar las uniones homosexuales, una iniciativa que podría establecer un precedente sociopolítico en Centroamérica.
“Es un paso importante que la Presidencia lo haya hecho de forma más abierta y que los precandidatos de los diferentes partidos políticos hayan demostrado su apoyo”, afirmó el costarricense Marco Castillo, presidente del Movimiento Diversidad de Costa Rica. “Todo eso está creando un punto a favor, pero el asunto en la Asamblea está muy empatado. Un día sí y otro también estamos con dudas sobre algunas y algunos diputados”, añadió.
Al informar al país de que “aboga por los derechos patrimoniales a las uniones entre personas del mismo sexo” y hacer “una llamada al respeto y a la tolerancia” en una cuestión con profundas ramificaciones jurídicas, religiosas, políticas y culturales, la administración Chinchilla explicó en un comunicado emitido al final de la tarde del lunes que “reitera la necesidad de llenar un vacio legal” en un asunto delicado para algunos sectores sociales del país.
El Gobierno ha precisado que “el poder ejecutivo cumplió con su compromiso de convocar el proyecto conocido como Sociedades de Convivencia al periodo de sesiones extraordinarias” en el parlamento costarricense, que se prolonga desde el 1 de diciembre pasado hasta el 30 de abril de 2013. La iniciativa, ha explicado, “se encuentra en el plenario de la Asamblea Legislativa en el proceso de discusión por parte de los diputados". "Esperamos que el Congreso continúe con el trámite del proyecto y entre a discutir el fondo del asunto a fin de llenar de una vez por toda este vacío legal. De igual forma, respetaremos la posición de cada diputado y diputada en este tema”, ha subrayado.
En un país en el que cuestiones que tocan dogmas religiosos, como la fecundación in vitro, son combatidas y bloqueadas por influencia de poderosos sectores internos, el debate sobre la legalización de las uniones de personas del mismo sexo seguramente será protagonista de las campañas electorales para los comicios de febrero de 2014.
En cuanto al tema de la fecundación in vitro, las fuerzas que se opusieron evitaron un arreglo interpartidista en la Asamblea y obligaron el pasado septiembre a que el caso fuera planteado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en la capital, como demanda en contra del Estado de Costa Rica. El fallo aún está pendiente de ser difundido.
Castillo ha explicado que pese a que el respaldo de Chinchilla “es importante para el proyecto de ley, los diputados del Partido Liberación Nacional (oficialista) no han decidido votarlo afirmativamente. Solo unos cuantos de ellos han dicho que lo apoyarán. No hay un compromiso realmente establecido entre el Poder Ejecutivo y los diputados oficialistas”. Para ser aprobado se requiere mayoría simple, por lo que en caso de que los 57 diputados estén presentes en el momento de la votación se necesitaría un máximo de 29 votos para convertirse en ley.
En ningún país de Centroamérica existe una legislación similar. En el resto de América Latina y el Caribe, las uniones de personas del mismo sexo están legalmente reconocidas en Colombia, Uruguay y Argentina, así como en dos Estados de México—Distrito Federal y el estado de Coahuila—, mientras que en Chile hay protección y equiparación.
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