Las autoridades le habían negado unas 20 veces el permiso que hasta hace poco era necesario para salir de Cuba.
El permiso de salida al exterior a la reconocida bloguera Yoani Sánchez y la autorización para que el pitcher José Ariel Contreras regrese a su país a reencontrarse con su familia y sus amigos después de 10 años de castigo, es una manera de ratificar que el gobierno dispensa mínimas parcelas de libertad con aires de señorío delante de las cámaras. Y es un gesto que sólo puede producir, como se decía antes en Cuba, alegría de caballo capado.
Así es, porque si bien esas dos informaciones ocupan espacios en muchos medios que siguen las alternativas de la realidad cubana, han tenido que compartir página y titulares con la prohibición a viajar al activista de derechos humanos y ex prisionero político Ángel Moya Acosta y con la denuncia de Amnistía Internacional sobre el periodista Calixto Martínez Arias, encarcelado y sin juicio desde septiembre del año pasado.
Con el caso de Moya, los funcionarios estrenaron un cuño que le pondrán ahora a todos los cubanos que ellos consideren que no deben recibir el pasaporte para viajar: regulado. Él está, por el momento, solo en la cumbre de una nómina que va a crecer con el curso de los días y en la que tienen un lugar asegurado los opositores que, de manera pacífica y firme, trabajaron y trabajan por cambios en la isla.
El hombre quería ejercer su derecho como ciudadano a salir y regresar a su país de origen, pero los representantes de la policía le comunicaron que no puede viajar debido a “razones de interés público”.
El régimen funciona con un capítulo aparte de ensañamiento y odios contra líderes como José Daniel Ferrer García, Félix Navarro, Iván Hernández Carrillo y Librado Linares, integrantes del llamado grupo de los 75 (condenados durante la Primavera Negra de 2003) que se negaron a salir al exilio y hacen oposición en diferentes puntos del país.
El comunicador independiente Calixto Martínez Arias, preso en el Combinado del Este, cerca de La Habana, fue el reportero que dio a conocer el brote del cólera en la zona oriental del país. Unos días después lo arrestaron cuando investigaba, en las inmediaciones del aeropuerto José Martí, el destino de una carga de medicamentos enviado por la Organización Mundial de la Salud para enfrentar la epidemia. Las autoridades negaban la existencia de la enfermedad.
El periodista está acusado de desacato a los hermanos Fidel y Raúl Castro. Según el código penal cubano por esa causa puede cumplir hasta tres años de cárcel.
La decisión tomada en relación a Yoani Sánchez y a Contreras son las bengalas para tratar de mostrar (por presiones y necesidades) movilidad en un escenario que, como enseñan las experiencias de Ángel Moya Acosta, los otros ex prisioneros políticos y la del periodista Martínez Arias, se mantiene en la misma atmósfera estática y oscura que conforman las esencias de la represión.
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