Segunda y última jornada de la histórica audiencia de los nueve jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos en los casos relacionados con el matrimonio igualitario. Si el martes el alto tribunal escuchaba los argumentos a favor y en contra de la apelación relacionada con la Proposición 8, este miércoles era el turno de la DOMA (Defense of Marriage Act), la ley que impide a la administración federal el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo apunta a que su declaración de inconstitucionalidad será confirmada, lo que obligará a Estados Unidos a reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en aquellos lugares en los que está permitido en ámbitos como el fiscal, el migratorio o las pensiones. También supondrá el acceso a los beneficios sociales para los empleados federales.
El Tribunal Supremo ha escuchado en este caso los argumentos de los abogados de Edie Windsor, que a la muerte de su esposa Thea Spyer en 2009 no pudo acogerse a una serie de beneficios fiscales para los matrimonios en materia de herencia, lo que la obligó a desembolsar 360.000 dólares en impuestos. Y ello pese a que Windsor y Spyer (pareja durante 44 años) se casaron en Canadá en 2007 y el estado de Nueva York reconoció su matrimonio (aunque Nueva York solo celebra matrimonios entre personas del mismo sexo desde 2011, antes ya reconocía los celebrados fuera). Windsor reclamó que el no reconocimiento de su matrimonio por la administración federal violó las garantías de igualdad de protección contenidas en la Constitución de los Estados Unidos. Un tribunal federal le dio la razón en primera instancia, fallo que confirmó en octubre de 2012 una Corte Federal de Apelaciones de Nueva York, estableciendo que no existe argumento constitucional que justifique tratarla diferentemente.
Se trataba de la segunda sentencia en el mismo sentido dictada a este nivel jurídico, ya que antes había sido una Corte Federal de Apelaciones de Boston la que reafirmaba otra sentencia de inconstitucionalidad contra la DOMA, dictada en este caso en Massachusetts. Son las dos sentencias más importantes, pero no son las únicas: se han producido ya otras a un nivel inferior. La sentencia de Nueva York es sin embargo la de mayor calado jurídico hasta ahora, al apelar al denominado “heightened/strict scrutiny”: tras analizar el posible conflicto entre los intereses legítimos del Gobierno federal que podrían justificar la vigencia de una disposición discriminatoria y los principios constitucionales, los jueces determinaron que en este caso no hay justificación suficiente por parte del Gobierno para discriminar a las parejas del mismo sexo.
Será el Supremo el que decidirá si avala la sentencia de la Corte de Apelaciones de Nueva York, pero lo cierto es que el propio Gobierno de Estados Unidos ha admitido ya esta tesis. Ya a principios de 2011 decidía dejar de defender la DOMA en los tribunales civiles cuando se planteasen demandas (posteriormente tomó la misma decisión en el ámbito militar). El Departamento de Justicia, de hecho, admitió ante un tribunal federal de San Francisco en 2011 que la DOMA viola la Constitución. Y el propio Gobierno de Estados Unidos, en un informe jurídico presentado ante el Supremo, pedía hace un mes su declaración de inconstitucionalidad, en concreto de su sección 3, la que impide a la administración federal el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo.
Decisiones de la administración Obama que no gustaron a la mayoría republicana de la Cámara de Representantes, que en su momento decidió ejercer el papel de defensor de la DOMA ante los tribunales. De hecho la Cámara lleva gastados ya casi millón y medio de dólares en ello, un gasto denunciado por los demócratas.
¿Cómo transcurrió el día?
En esta segunda jornada, cinco de los nueve jueces del Supremo mostraron claramente, a través de sus preguntas y comentarios a los abogados de Edie Windsor y de la Cámara de Representantes, su disconformidad con la DOMA. La más clara al respecto fue posiblemente Elena Kagan, una de las dos miembros del Supremo nominada por Obama, que llegó a preguntar al abogado de la Cámara si realmente creía sus argumentos de que la DOMA buscaba solo la unificación de criterio a nivel federal de lo qué es o no es matrimonio cuando parecía una ley “infectada de aversión, miedo y animosidad” contra los homosexuales.
Pero como sucedió el día anterior la atención estaba focalizada sobre todo en Anthony Kennedy, el juez al que todos ven como la “bisagra” entre conservadores y progresistas en estre caso. Y también Kennedy se mostró muy contrariado por la DOMA, aunque desde otra perspectiva distinta. Según pudo deducirse de sus intervenciones, Kennedy está convencido de que son los estados los que tienen la competencia para regular las legislaciones de matrimonio, custodia y divorcio, y el Gobierno federal puede haber violado sus competencias al marcar, por encima de estos, una definición concreta de matrimonio que es la única válida en todo el país por lo que a las competencias federales se refiere.
En comparación con el día anterior, donde numerosos argumentos jurídicos se cruzaron y donde tanto magistrados conservadores como progresistas mostraron dudas sobre las consecuencias de emitir una sentencia sobre la Proposición 8 (la enmienda a la Constitución de California que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo) con efectos sobre todo el país, el miércoles los argumentos fueron mucho más definidos y las intervenciones de los jueces fueron más rotundas. Todo apunta a que la decisión, en este segundo caso, será contundente.
¿Y qué puede pasar, entonces?
Si en el caso de la Proposición 8 no hay un pronóstico claro, y de hecho tras la primera jornada de audiencias cobra fuerza la hipótesis de que una mayoría de jueces considerará que sus defensores carecían en realidad de legitimidad para recurrir (lo que supondría la vuelta del matrimonio igualitario a California, pero sin que el Supremo se pronuncie sobre el fondo del asunto y por tanto sin efecto alguno sobre el resto del país) en el caso de la DOMA ya antes de la fase de audiencias los analistas apostaban porque el Supremo se pronunciaría a favor de su inconstitucionalidad. Una impresión que se ve ahora reforzada.
Se trataría, en ese caso, de un grandísimo éxito para los derechos LGTB, ya que supondría la plena igualdad jurídica para las parejas del mismo sexo casadas en aquellos territorios del país en los que el matrimonio igualitario es legal: los estados de Massachusetts, Connecticut, Iowa, Vermont, New Hampshire, Nueva York, Maine, Maryland y Washington, además de Washington D.C., la capital federal, y en las reservas indias Little Traverse Bay Bands, en Michigan, y Coquille, en Oregón. También supondría el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados fuera de Estados Unidos en las mismas condiciones que los matrimonios entre personas de distinto sexo.
En el improbable caso de que el Supremo soprendiera con una sentencia negativa y avalara la DOMA, habría que esperar a su derogación legislativa, un proceso iniciado a finales de 2011 pero que resulta imposible que llegue a buen término mientras los republicanos mantengan el control de la Cámara de Representantes (que renovaron en noviembre, aunque con una mayoría menos holgada).Segunda y última jornada de la histórica audiencia de los nueve jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos en los casos relacionados con el matrimonio igualitario. Si el martes el alto tribunal escuchaba los argumentos a favor y en contra de la apelación relacionada con la Proposición 8, este miércoles era el turno de la DOMA (Defense of Marriage Act), la ley que impide a la administración federal el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo apunta a que su declaración de inconstitucionalidad será confirmada, lo que obligará a Estados Unidos a reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en aquellos lugares en los que está permitido en ámbitos como el fiscal, el migratorio o las pensiones. También supondrá el acceso a los beneficios sociales para los empleados federales.
El Tribunal Supremo ha escuchado en este caso los argumentos de los abogados de Edie Windsor, que a la muerte de su esposa Thea Spyer en 2009 no pudo acogerse a una serie de beneficios fiscales para los matrimonios en materia de herencia, lo que la obligó a desembolsar 360.000 dólares en impuestos. Y ello pese a que Windsor y Spyer (pareja durante 44 años) se casaron en Canadá en 2007 y el estado de Nueva York reconoció su matrimonio (aunque Nueva York solo celebra matrimonios entre personas del mismo sexo desde 2011, antes ya reconocía los celebrados fuera). Windsor reclamó que el no reconocimiento de su matrimonio por la administración federal violó las garantías de igualdad de protección contenidas en la Constitución de los Estados Unidos. Un tribunal federal le dio la razón en primera instancia, fallo que confirmó en octubre de 2012 una Corte Federal de Apelaciones de Nueva York, estableciendo que no existe argumento constitucional que justifique tratarla diferentemente.
Se trataba de la segunda sentencia en el mismo sentido dictada a este nivel jurídico, ya que antes había sido una Corte Federal de Apelaciones de Boston la que reafirmaba otra sentencia de inconstitucionalidad contra la DOMA, dictada en este caso en Massachusetts. Son las dos sentencias más importantes, pero no son las únicas: se han producido ya otras a un nivel inferior. La sentencia de Nueva York es sin embargo la de mayor calado jurídico hasta ahora, al apelar al denominado “heightened/strict scrutiny”: tras analizar el posible conflicto entre los intereses legítimos del Gobierno federal que podrían justificar la vigencia de una disposición discriminatoria y los principios constitucionales, los jueces determinaron que en este caso no hay justificación suficiente por parte del Gobierno para discriminar a las parejas del mismo sexo.
Será el Supremo el que decidirá si avala la sentencia de la Corte de Apelaciones de Nueva York, pero lo cierto es que el propio Gobierno de Estados Unidos ha admitido ya esta tesis. Ya a principios de 2011 decidía dejar de defender la DOMA en los tribunales civiles cuando se planteasen demandas (posteriormente tomó la misma decisión en el ámbito militar). El Departamento de Justicia, de hecho, admitió ante un tribunal federal de San Francisco en 2011 que la DOMA viola la Constitución. Y el propio Gobierno de Estados Unidos, en un informe jurídico presentado ante el Supremo, pedía hace un mes su declaración de inconstitucionalidad, en concreto de su sección 3, la que impide a la administración federal el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo.
Decisiones de la administración Obama que no gustaron a la mayoría republicana de la Cámara de Representantes, que en su momento decidió ejercer el papel de defensor de la DOMA ante los tribunales. De hecho la Cámara lleva gastados ya casi millón y medio de dólares en ello, un gasto denunciado por los demócratas.
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