Por Jorge Olivera Castillo
La Habana Vieja es una de las jurisdicciones donde los contrastes cobran mayor visibilidad. Mientras, por un lado, crece la marginalidad, por otro lado se observan los esfuerzos en la reconstrucción de las áreas por donde suele desplazarse el turismo internacional.
Ante el lamentable orden de las prioridades, a la hora de repartir el presupuesto, es lógico pensar que en el 2013 ocurra lo mismo que el año pasado, cuando, de los 30 millones de dólares invertidos en tareas de restauración y mantenimiento, una cifra irrisoria fue dedicada a mejorar el hábitat de centenares de familias que viven en condiciones deplorables.
Respecto a la entrega de materiales para mejorar las viviendas en peor estado, habría que mencionar las ilegales apropiaciones para su venta en el mercado negro, entre una serie de irregularidades que a la postre reducen el número de beneficiados.
El hecho de que La Habana Vieja haya sido declarada patrimonio de la humanidad, en 1984, no ha ayudado a que mejore su infraestructura. Más del 60% de los inmuebles, tanto estatales como particulares, presentan averías de consideración. Y hay que detenerse en el mal aprovechamiento de los recursos, la falta de control y las excesivas dosis de voluntarismo.
¿Por qué se permitió que la ciudad se convirtiera en un almacén de escombros? ¿Cómo explicar que algo así haya ocurrido en La Habana, que antes de 1959 era una urbe que podía equipararse a las mejores capitales del continente americano?
Para justificar la depredación se acude al embargo norteamericano, pero ese juicio se queda corto ante los caprichos e ineptitudes de quienes convirtieron a Cuba en su finca particular.
No hay que ser adivino para aseverar que en La Habana Vieja seguirán produciéndose derrumbes, parciales y totales, cada semana. Es tal la magnitud del desastre que no hay fórmulas que permitan alcanzar soluciones abarcadoras en los próximos años.
Cientos de tugurios y edificios a punto de colapsar se mantienen fuera de los planes constructivos, mientras florecen las zonas exclusivas para la alta oficialidad castrense y los integrantes de la nomenclatura.
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