Se avecina choque entre gobierno cubano y vendedores de ropa
Rosa Tania Valdes
El gobierno cubano parecía dispuesto a su primer choque serio con el recién creado sector “no estatal” de negocios pequeños con respecto a la anunciada prohibición de la venta de ropa y otros artículos importados.
El decreto promulgado la semana pasada afecta potencialmente a más de 20,000 negocios pequeños y sus empleados, los cuales venden ropa, equipos y otros artículos traídos de manera informal por viajeros, algunos de los cuales visitan la isla caribeña con regularidad para traer mercancía de Estados Unidos, España y países de América Latina.
Hace tres años, el gobierno de Raúl Castro, quien reemplazó a su hermano Fidel en el 2006, abrió los servicios del mercado minorista al “cuentapropismo” en forma de 200 actividades con licencia, desde payasos, modistas, vendedores de comida y oficios de construcción hasta pequeños negocios tales como restaurantes, cafeterías, bed &breakfasts y servicios de entretenimiento. El gobierno dijo que la medida se proponía absorber el exceso de labor estatal, mejorar los servicios, eliminar ineficiencias y sacar a la luz actividades del mercado negro.
En estos momentos hay 436,000 personas empleadas por cuenta propia, de las cuales alrededor de 100,000 trabajan como empleados de negocios pequeños, de acuerdo con el gobierno. Residentes emprendedores han aprovechado algunas de las categorías, como por ejemplo modista y vendedores de efectos domésticos, para ofrecer ropa y artículos importados con mayor variedad y a un precio más bajo que el estado.
Tanto los empresarios como sus empleados y clientes comentaron furiosos esta semana sobre la prohibición de ropas en el distrito de Centro Habana de la capital, donde varias docenas de vendedores se habían establecido en un solar yermo para vender ropa, zapatos y ropa interior.
“Hacemos un llamado a las autoridades para que vuelvan a pensarlo. Tenemos muchos productos y mucho dinero invertido en esto”, dijo Justo Castillo, representante de la federación sindical oficial que ha tratado de organizar a los cuentapropistas.
“Prohibir esto significa el desempleo para estas personas, y los forzará a hacer cualquier cosa. Ellos pasarán al mercado negro, regresarán a las actividades ilegales”, dijo, entre los aplausos de la multitud que se congregó mientras él hablaba.
Castro ha instituido una serie de reformas orientadas al mercado a la economía de estilo soviético de Cuba, donde el estado todavía emplea al 79 por ciento de la fuerza laboral.
La medida de la semana pasada parece dirigida a proteger el monopolio estatal en la venta, tanto al por mayor como al por menor, de artículos de importación, el cual ha resultado en un mercado negro generalizado debido a los precios exorbitantes y la dudosa calidad.
La regulación incluye una nueva lista de tipos autorizados de cuentapropismo y sus descripciones, incluyendo frases para detener la reventa e importación de artículos.
Por ejemplo, la descripción del trabajo de la modista ha añadido ahora “no incluye la venta de ropa manufacturada o importada”.
El público en general está además indignado por la medida.
“Se acabó la oportunidad de comprar un par de zapatos o un pitusa (jean) que valgan la pena”, dijo el jubilado Ramón, quien pidió que no se usara su apellido.
El clamor público es tan estentóreo que parece haber llegado a las autoridades comunistas.
El bloguero Yohandry Fontana, quien está identificado muy de cerca con el gobierno, envió esta semana una serie de mensajes de Twitter criticando la medida.
“Mala noticia”, dijo en uno de ellos.
“Me pregunto si no sería más fácil aprobar al cuentapropista que vende ropa importada que lanzar esta actividad al mercado negro”.
La nueva medida no se ha impuesto todavía, por lo menos en La Habana, aunque las autoridades dijeron que es ahora la ley nacional.
José Barreiro Alfonso, asesor del Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social, dijo en una entrevista aparecida el jueves en el periódico oficial Juventud Rebelde que se visitaría a los cuentapropistas individualmente.
“Se trata de un esfuerzo de conversación individual para lograr el entendimiento de la legislación”, dijo.
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