Marcela y Adriana, de naranja, a la derecha
Elizabeth Reyes L. Bogotá
Adriana González contesta el teléfono de su casa en Bogotá. No han pasado 24 horas desde que una juez la casó con Marcela Rojas, su pareja hace ocho años. Está cansada, dice. Pero no es solo por la fiesta con la que su familia y amigos celebraron el cuarto matrimonio igualitario en Colombia, sino porque tuvo una dura semana por cuenta de los obstáculos a los que se han venido enfrentando las parejas del mismo sexo desde el pasado 20 de junio, cuando la Corte Constitucional las autorizó a legalizar sus uniones ante notarios y jueces.
En cinco días, Adriana y Marcela pasaron de la felicidad, a la tristeza y a la incertidumbre, lo que muestra el difícil camino que se recorre en Colombia por la igualdad de los derechos de las parejas gais. El lunes pasado las llamaron para notificarles que su matrimonio se realizaría el viernes y todo fue felicidad. El martes empezaron los preparativos. Pero el miércoles se conoció un fallo que anuló el primer matrimonio gay que se registró en Colombia el 20 de septiembre. “Pusimos el freno a las 11 de la noche, nos preguntábamos qué iba a pasar con nuestro matrimonio. Marcela entró en crisis, lloramos y pensamos en cancelar todo”, cuenta Adriana.
También se enteraron de que la Procuraduría General estaba buscando impedir que se hiciera la boda. “Le dije a Marcela: si nos casamos bien y si no, hagamos la fiesta con nuestras familias. Ya no la íbamos a cancelar”. El jueves aumentaron las dudas y el viernes, justo antes de que empezar la ceremonia, Adriana y Marcela firmaron la notificación de una acción de tutela –mecanismo que existe en Colombia para que los ciudadanos puedan defender sus derechos – que en este caso fue interpuesta por la Procuraduría, buscando que su boda pierda validez. “Luego sí pasamos a nuestro matrimonio”, cuenta esta activista de 43 años con aire triunfal.
Que estas dos mujeres se pudieran casar justo cuando se anuló el primer matrimonio gay y que la juez haya utilizado la palabra ‘matrimonio’ es una victoria para la comunidad LBGTI en Colombia.
Desde que arrancó la hora cero para que las parejas del mismo sexo pudieran legalizar sus uniones en notarías y juzgados, todo ha sido una suma de tropiezos. Su principal protagonista ha sido el Procurador General, Alejandro Ordóñez, un hombre que fiel a sus creencias católicas primero emprendió una cruzada contra la despenalización del aborto y ahora contra las uniones gais. Esta es la persona que en Colombia dirige la entidad que tiene entre sus principales funciones proteger los derechos humanos y hacer cumplir las decisiones judiciales. De ahí que lo hayan calificado como oscurantista, fundamentalista y hasta inquisidor. Según Ordóñez, casar a dos personas del mismo sexo es inconstitucional, ya que para la ley colombiana el matrimonio es entre un hombre y una mujer.
Es precisamente por la falta de una ley que reglamente estas uniones en Colombia que las parejas del mismo sexo pueden acudir a notarios y jueces. Pero no van a las notarías porque allí se niegan a considerar su unión como un matrimonio y lo llaman “vínculo contractual solemne”. A esto se suma la amenaza de Ordóñez de sancionar disciplinariamente a los notarios que celebren estas uniones.
Así las cosas, la única opción que les queda a los gais es acudir a los jueces civiles que son autónomos para decidir si los casan. Sin embargo, de nuevo la Procuraduría ha intentado interponerse. Entre otras estrategias, expidió una circular en la que ordena a sus delegados regionales intervenir tan pronto se sepa de la solicitud de un matrimonio.
Mauricio Albarracín, abogado y activista de Colombia Diversa, la ONG más visible en Colombia que trabaja a favor de los derechos de la comunidad LGBTI, le contó a EL PAÍS que desde el 20 de junio “en todas las solicitudes de bodas, la Procuraduría ha interpuesto recursos judiciales pidiendo a los jueces que no las admitan”. Ante esta situación, la parlamentaria Ángela Robledo denunció la semana pasada a un funcionario de la Procuraduría por “abuso de autoridad y un acto de profunda discriminación”.
Adriana y Marcela fueron de las primeras parejas que solicitaron ante un juzgado el matrimonio civil. Lo hicieron junto a Elizabeth Castillo y Claudia Zea y Carlos Rivera y Gonzalo Ruiz. Estos últimos fueron los primeros en recibir el llamado. Sin embargo, la juez que los casó decidió hacer un contrato al que no llamó matrimonio pero sí los declaró “civilmente casados”. En su caso, la Procuraduría intentó, en tres ocasiones, que su boda se anulara sin éxito.
Luego de esta primera unión, el 20 de septiembre, sin mucho ruido en los medios de comunicación, dos vendedores ambulantes que llevan conviviendo más de 25 años llegaron a un juzgado de Bogotá para casarse. Contrario a lo que había sucedido con Carlos y Gonzalo, esta vez sí se utilizó la palabra matrimonio. Pero de nuevo un procurador apareció y tras interponer una tutela, logró que un juez anulara la unión, una decisión que será apelada por los abogados de la comunidad LBTBI. “La Procuraduría está usando todo su poder económico, político e institucional, para oponerse y perseguir a las parejas del mismo sexo que quieren casarse. Cada matrimonio se ha vuelto una lucha particular”, agrega Albarracín.
Hasta ahora se conocen cuatro matrimonios de parejas de mismo sexo, pero se han celebrado más. Colombia Diversa no revela mayores detalles porque teme que, al conocerse, aparezca la Procuraduría para buscar anularlos. La ONG también ha aclarado que a pesar de la anulación del primer matrimonio gay, todos los demás siguen vigentes.
“Nosotras estamos felices. Seguramente lo anulen o hagan todo lo posible. Pero el tema es hacer esto como un símbolo de igualdad y libertad”, dice Adriana y agrega que no se arrepiente de haber hecho público su matrimonio porque es una manera de decirles a otras parejas que no tengan miedo a intentar casarse.
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