El pasado domingo, un periodista que labora para una cadena de televisión extranjera aseveraba en uno de sus despachos enviado sobre Venezuela que desde La Habana había salido un contingente de “fusileros” entrenado en la tarea de contrarrestar motines y reprimir manifestaciones, una especialidad en la cual han dado muestras de gran eficacia y crueldad.
No se ha podido confirmar, luego de numerosas tentativas, la veracidad de tal noticia, pero nada tendría de extraño que la dictadura de los hermanos Castro manejara la hipótesis de intervenir directamente en este país para salvaguardar sus intereses que, claro está, son muchos y muy importantes, pues de ellos depende, en la práctica, la supervivencia del represivo régimen caribeño.
Absolutamente nadie, excepto quienes los suscribieron en secreto, conoce los términos del convenio de cooperación cubano venezolano. Sin embargo, quienes han investigado sus alcances opinan que el acuerdo supone una erogación de más de 90.000 dólares por cada uno de los más de 50.000 invasores llegados, hasta el año 2012, desde la económicamente extenuada y militarmente bien apertrechada isla antillana.
Por otra parte, investigaciones serias y bien documentadas han expuesto las vergonzosas condiciones del tratado que, en virtud de un irresponsable concepto de solidaridad enarbolado por Hugo Chávez, convirtió a Cuba en país exportador de petróleo sin que la isla produzca una gota del preciado hidrocarburo. También estiman en más de 5.000 millones de dólares la deuda petrolera del régimen insular con nuestro país. Las cifras corresponden al año 2012, pero extraoficialmente se acepta que hoy la presencia cubana se puede contabilizar en 100.000 almas.
En Venezuela hay cubanos hasta en la sopa. Su intromisión ha sido detectada, denunciada y repudiada en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En manos cubanas, más exactamente en las del G2, está la cedulación de los venezolanos, así como la emisión de pasaportes; la gestión de los registros y las notarías, lo que le permite a La Habana hurgar en asuntos que deberían ser de absoluta incumbencia de la República.
De igual manera, controlan los puertos y aeropuertos, que por razones estratégicas y de seguridad nacional corresponde a nuestro país administrarlos, pero que fueron graciosamente dados en concesión a empresas cubanas que controlan el flujo de nuestras importaciones y exportaciones.
No escapan a esta situación los ministerios de Alimentación, de Ciencias, el de las Comunas, el de Salud, el de Deportes, el Ministerio de la Defensa y el Despacho de la Presidencia, la corporación Casa y el Inces. Medio país y algo más entregado a piernas abiertas por el PSUV a unos extranjeros que, en el fondo, no son más que funcionarios al servicio de otro gobierno.
Así, lo que comenzó con una misión de salud terminó en una invasión que, con la anuencia del comandante eterno, fue meticulosamente planificada por el gobierno castrocomunista para hacerse, no de una playa de desembarco para sus tropas, sino de un protectorado al estilo colonial, a cuyo domesticado gobierno pudiera dictar lineamientos en función de sus necesidades internas, sin que le importe el qué dirán de los venezolanos.
El descaro llegó al colmo cuando se nos envió al comandante cubano Ramiro Valdez (alias “ponchera de sangre”) para ayudar a resolver la crisis energética. Ahora, cuando se ha comenzado a embestir cruelmente contra pacíficos manifestantes, queda en evidencia que aquella visita fue para diseñar nuevas estrategias de represión.
Y como Maduro pierde credibilidad, la gente teme que sea cierto lo de esos invisibles fusileros enviados por Cuba y que luego descargarían sus municiones sobre indefensos críticos del régimen. Es el momento de gritar: ¡cubanos, go home!
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