El gobierno de Nicolás Maduro no muestra ninguna intención de reducir el actual nivel de conflictividad en Venezuela con una eventual decisión de liberar al líder opositor Leopoldo López. Tras una larga espera de 45 días, la Fiscal General, Luisa Ortega, anunció finalmente la presentación de cuatro cargos contra el dirigente de la oposición, que pueden sentenciarle con 10 años de prisión.
«En Caracas se acusó al ciudadano Leopoldo López Mendoza, economista, por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, e incendio en grado de determinador (autor intelectual)», dijo Ortega en rueda de prensa. Previamente en su twitter había incluido el cuarto cargo de «asociación para delinquir».
Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular, se encuentra detenido en la cárcel militar de Ramo Verde, cerca de Caracas, desde el pasado 18 de febrero. López se entregó voluntariamente, después de ser acusado por el «delito» de haber dirigido, junto a la diputada María Corina Machado y el alcalde metropolitano Antonio Ledezma, una manifestación el pasado 12 de febrero que solicitaba unaalternativa pacífica y constitucional al régimen de Maduro.
Partidarios de Voluntad Popular, apoyados por la oposición,marcharon ayer para pedir la liberación de su dirigente. La convocatoria estaba convocada a las 14 horas en la plaza Brión de Chacaíto, desde donde tenían previsto marchar hasta el Palacio de Justicia. Paralelamente, los estudiantes y grupos opositores se manifestaban en diferentes puntos de la ciudad para protestar por la grave crisis económica y social provocadas como la escasez y desabastecimiento de alimentos, la inseguridad y ahora por la violenta represión de las manifestaciones.
España toma medidas Freddy Guevara, dirigente de Voluntad Popular, declaró a ABC que la acusación de la Fiscal contra López demuestra que no lo quieren liberar ni siquiera para enjuiciarlo bajo libertad condicionada. «Esto es una decisión política de Maduro. Vamos a aumentar el nivel de la protesta pacífica pero contundente y firme».
La represión brutal contra los manifestantes ordenada por el mandatario ha llevado al Gobierno español a suspender indefinidamente la venta de armamento y equipo antimotinesa Venezuela.
Casi dos meses de protestas han dejado un saldo de 39 muertes y 608 lesionados. El presidente del partido popular, Copei, Roberto Enriquez calificó ayer de burla la creación de un Consejo Nacional de Derechos Humanos por parte de Maduro.
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