La Asamblea General de la OEA aprueba resolución
contra la homofobia y la transfobia y en favor de la discriminación
El 5 de junio 2014 la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una histórica resolución a favor de los derechos LGTB en su 44 Asamblea, celebrada en Paraguay. La resolución, presentada por Brasil, proporciona un retrato preciso del grado de homofobia y transfobia de estado de los miembros de la OEA, gracias a las notas al pie de página introducidas a petición de varios países, que sin embargo no modifican el valor jurídico de la resolución. Uno de esos países es Paraguay, anfitrión del evento, cuyo gobierno se ha visto forzado finalmente a apoyar la declaración, aunque expresando “su reserva”, gracias a la movilización de los colectivos LGTB paraguayos.
Sin incluir la introducción y los considerandos previos, reproducimos a continuación los diez puntos de la resolución (que puedes descargar íntegramente en castellano, inglés, francés y portugués):
La Asamblea General resuelve:
Condenar todas las formas de discriminación contra personas por motivos de orientación sexual e identidad o expresión de género, e instar a los Estados dentro de los parámetros de las instituciones jurídicas de sus sistemas a que eliminen, allí donde existan, las barreras que enfrentan las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGTBI) en el acceso equitativo a la participación política y otros ámbitos de la vida pública, así como evitar interferencias en su vida privada.
Alentar a los estados miembros a que, dentro de los parámetros de las instituciones jurídicas de su ordenamiento interno, consideren la adopción de políticas públicas contra la discriminación contra personas a causa de orientación sexual e identidad o expresión de género.
Condenar los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos contra personas a causa de su orientación sexual e identidad o expresión de género, e instar a los estados miembros a que fortalezcan sus instituciones nacionales con el fin de prevenirlos, investigarlos y asegurar a las víctimas la debida protección judicial en condiciones de igualdad, y que los responsables enfrenten las consecuencias ante la justicia.
Instar, además, a los estados en el ámbito de sus capacidades institucionales a que produzcan datos sobre la violencia homofóbica y transfóbica, con miras a promover políticas públicas que protejan los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI).
Instar a los estados miembros a que aseguren una protección adecuada de las y los defensores de derechos humanos que trabajan en temas relacionados con los actos de violencia, discriminación y violaciones de los derechos humanos contra personas a causa de su orientación sexual e identidad o expresión de género.
Instar a los estados miembros a que aseguren una protección adecuada a las personas intersex y a que implementen políticas y procedimientos, según corresponda, que aseguren la conformidad de las prácticas médicas con los estándares reconocidos en materia de derechos humanos.
Soliicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que preste particular atención a su plan de trabajo titulado “Derechos de las personas LGTBI”, y que continúe el trabajo de preparación del informe hemisférico en la materia, de conformidad con la práctica establecida por la propia CIDH e instar a los estados miembros a que apoyen los trabajos de la Comisión en esta materia.
Solicitar a la CIDH que continúe la preparación de un estudio sobre las leyes y disposiciones vigentes en los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que limiten los derechos humanos de las personas como consecuencia de su orientación sexual o identidad o expresión de género y que, con base en ese estudio, elabore una guía con miras a estimular la despenalización de la homosexualidad y de prácticas relacionadas a la identidad o expresión de género.
Exhortar a los estados miembros que aún no lo hayan hecho a que consideren, según sea el caso, la firma, ratificación o adhesión de los instrumentos interamericanos en materia de protección de derechos humanos, incluida la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia.
Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General, sobre la implementación de la presente resolución. La ejecución de las actividades previstas en esta resolución estará sujeta a la disponibilidad de recursos financieros en el programa-presupuesto de la Organización y otros recursos.
Oposición y reservas de varios países
Varios países han expresado sin embargo su oposición y/o sus reservas al texto. Es el caso de San Vicente y las Granadinas, que argumenta que el lenguaje utilizado “no está plenamente definido ni aceptado en el ámbito internacional”; de Belice, que “no puede unirse al consenso sobre esta resolución en virtud de que varios de los temas y principios que contiene son en este momento, directa o indirectamente, objeto de procesos jurídicos ante la Corte Suprema de Belice“; de Jamaica, cuyo gobierno “no puede unirse al consenso para aprobar esta resolución pues considera que el término ‘expresión de género’ es ambiguo y puede imponer un sistema de valores sobre otro”; de Honduras, que dice respetar las convenciones internacionales sobre derechos humanos pero “no se considera obligado por ninguna disposición contenida en este proyecto que pudiera contravenir las disposiciones de esas Convenciones o su legislación interna”, o de Surinam, Guyana y Trinidad y Tobago, por parecidas razones. Nada sorprendente, por otra parte, si se tiene en cuenta que algunos de estos países, como Jamaica u Honduras, se cuentan entre aquellos en los que la homofobia y transfobia social y/o de sus gobiernos es más fuerte.
Dos países, Guatemala y Ecuador, han centrado sus reservas hacia la declaración en el matrimonio igualitario, al declarar que “promueven y defienden todos los derechos humanos y respecto de las disposiciones de la presente resolución” pero que “consideran que el no reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo no constituye una práctica discriminatoria”. Tampoco supone una especial sorpresa, ni siquiera en el caso de un país con un gobierno de izquierda, como Ecuador, que se dice comprometido con los derechos LGTB pero cuyo presidente, Rafael Correa, es un orgulloso defensor del conservadurismo moral y un furibundo opositor al matrimonio entre personas del mismo sexo.
Estados Unidos también ha querido hacer “una aclaración”, pese a encontrarse entre los impulsores de la resolución. Sus reservas tienen que ver en este caso con su alergia a las convenciones internacionales vinculantes. “Estados Unidos apoya decididamente esta resolución; sin embargo, desea hacer una aclaración con respecto a la Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia. Estados Unidos se ha opuesto sistemáticamente a la negociación de nuevos instrumentos jurídicamente vinculantes contra el racismo, la discriminación racial y otras formas de discriminación o intolerancia. Reiteramos nuestras ya inveteradas inquietudes con respecto a este ejercicio en el seno de la OEA y las convenciones que de él resulten”, ha sostenido.
Y Paraguay apoyó finalmente la resolución, con reservas
El último de los países que ha expresado reservas hacia la resolución ha sido el país anfitrión de la Asamblea, Paraguay, cuyo gobierno “reitera su compromiso con los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Convenciones Internacionales suscritos sobre la materia reafirmando lo preceptuado en el Título II ‘De los Derechos, de los Deberes y las Garantías’; Capítulo III ‘De la Igualdad’ y Capítulo IV ‘De los derechos de la familia’ de la Constitución Nacional y concordantes. Expresa, asimismo, su reserva sobre el texto de la Resolución”.
Pese a las reservas, es importante destacar que el gobierno de Paraguay finalmente ha apoyado la resolución, en contra de lo que se había anunciado con anterioridad. Lo sucedido en los últimos días, en los que pudieron escucharse palabras rabiosamente homófobas en boca de varios senadores opuestos al proyecto de resolución y activistas LGTB fueron agredidos por la policía mientras se manifestaban pacíficamente, tiene sin duda mucho que ver. Las imágenes de la represión policial han podido verse en todo el mundo (en España han merecido la condena, por ejemplo, de la FELGTB y del PSOE), ha habido movilizaciones online y los activistas paraguayos han conseguido que la situación de los derechos LGTB en su país sea mucho mejor conocida.
El colectivo SomosGay, uno de los convocantes de la manifestación del pasado lunes, ha expresado su satisfacción por el giro de su gobierno. “A pesar de las reservas en el apoyo de Paraguay, esto significa una victoria muy importante a la homofobia y la discriminación, que mostraron su peor faceta en estos días”, ha declarado su director ejecutivo, Simón Cazal. “Paraguay irá cambiando y avanzando hacia un horizonte de igualdad plena, en el que ninguna persona vuelva a ser discriminada por su orientación sexual o identidad de género”, ha añadido.
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