Tribunal de EEUU falla contra banco español en disputa con víctimas del régimen cubano
El banco español BBVA no logró que se desestimara
la jurisdicción de un tribunal floridano sobre sus fondos cubanos.
Por Wilfredo Cancio Isla
Un tribunal federal de Nueva York decidió que el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), de España, no puede cuestionar la jurisdicción de jueces de circuito de la Florida que otorgaron millones de dólares en años recientes como compensación a familiares de víctimas de tortura y asesinato en Cuba a manos del régimen de Fidel Castro.
En un dictamen de 17 páginas, el juez Alvin K. Hellerstein rechazó la petición del BBV de destimar las órdenes de un tribunal de circuito de Miami-Dade a favor de tres demandantes, autorizando la acción ejecutiva sobre fondos bloqueados en bancos estadounidenses, y que pertenecen o están bajo el control del Estado cubano.
‘La petición del Banco Bilbao para desestimar el procedimiento por falta de jurisdicción carece de mérito. El Tribunal de Circuito de Florida debidamente encontró que tenía jurisdicción sobre estos asuntos relacionados con Cuba, según la ley. Las decisiones en favor de los demandantes por ese tribunal fueron respaldados por las evidencias apropiadas de los hechos y las conclusiones estuvieron basadas en la ley sobre la base de una completo y justo proceso”, “, escribió Hellerstein en su decisión, emitida el pasado viernes,
El BBVA no respondió a mensajes para obtener una reacción sobre el asunto.
Espaldarazo a indemnizaciones
El dictamen del tribunal del distrito en Manhattan constituye un espaldarazo para las reclamaciones de indemnización presentadas por ciudadanos americanos contra el gobierno cubano, y limita las opciones de los bancos estadounidenses para bloquear información sobre fondos de Cuba que pudieran ser objeto de reclamación en casos de demandas judiciales.
El pasado 12 de febrero, los demandantes Jeannette Fuller Hausler, Aldo Vera Jr. y Alfredo y Gustavo Villoldo acudieron al tribunal de Nueva York para reclamar los fondos que les fueron otorgados por jueces de circuito de Miami-Dade, en casos por separado, entre 2006 y 2011.
Las decisiones judiciales se sustentaron en la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera (FSIA, por sus siglas en inglés), establecida en 1976, y que permite demandar en tribunales federales a naciones extranjeras que hayan perpetrado o patrocinen actos de terrorismo. Cuba figura en la lista de países terroristas del Departamento de Estado desde 1982.
La demanda del trío de familias se focalizó en 19 bancos radicados en el área de Nueva York e incluía una lista de activos de cada institución financiera que se cree son propiedad del gobierno cubano o de sus agencias. Los demandantes pidieron que se les permitiera el acceso al dinero en virtud de las regulaciones de control de activos cubanos, fijadas por el Departamento del Tesoro.
Junto al BBVA figuraron en la demanda el Bank of America, Citibank, Credit Suisse, HSBC, JP Morgan Chase Bank, Wells Fargo, Commerce Bank y Royal Bank of Canada.
El rastro del dinero
Los bancos afectados por la demanda respondieron con diferentes mociones y defendieron el protocolo que distingue entre las transferencias electrónicas de fondos con destino a un beneficiario de Cuba, y las de fondos pertenecientes al gobierno cubano, sus entidades o personas de interés. La distinción reconoce que las bases para bloquear los fondos mediante el reglamento sobre los activos cubanos pueden ser más amplia que las esgrimidas para la ejecución por un acreedor judicial.
Pero el BBVA decidió presentar una moción cuestionando la jurisdicción del tribunal de circuito de Miami-Dade sobre el asunto, lo que fue rechazado por el juez Hellerstein.
Tras los controversiales fallos en sus casos por jueces de Miami-Dade, los demandantes han cumplido una prolongada odisea tras el rastro del dinero.
Jeannette Fuller Hausler presentó su reclamación en nombre de su hermano Robert Otis Fuller, torturado en interrogatorios y sentenciado a pena de muerte por actividades contrarrevolucionarias en un juicio sumario. Fue fusilado el 16 de octubre de 1960. Tras ganar su demanda, el tribunal le concedió $454 millones a manera de desagravio familiar en el 2006.
El segundo demandante, Aldo Vera Jr. recibió $49 millones en el 2011 por la muerte de su padre Aldo Vera Serafín, ex comandante revolucionario y jefe de Inteligencia del Ejército Rebelde, quien desertó y conspiró contra el régimen cubano en Puerto Rico. Vera fue condenado a muerte en ausencia y ultimado a balazos en San Juan, en 1976, supuestamente a manos de enviados de La Habana.
Al acecho de los bancos
Los otros demandantes, Alfredo y Gustavo Villoldo, hicieron historia en el 2011 tras obtener una compensación de $2,800 millones, el mayor pago concedido por una demanda contra el gobierno cubano en tribunales de Estados Unidos. Los Villoldo alegaron que su padre, Gustavo Villoldo Argilagos, se suicidó en 1959 debido a las torturas y el acoso implacable de que fue objeto al triunfo de la revolución de Fidel Castro.
Veterano de la expedición de Bahía de Cochinos y ex agente de la CIA, Gustavo Villoldo participó en la operación de captura del guerrillero Ernesto Che Guevara en las selvas bolivianas en 1967.
La Habana nunca ha respondido a estas demandas ante los tribunales estadounidenses por considerar que se trata de acciones extraterritoriales que vulneran la soberanía nacional, y rechaza el uso de los fondos congelados al Estado cubano en bancos estadounidenses para compensar reclamos legales.
Para los demandantes que obtienen fallos favorables a sus reclamos de indemnización ha sido cada vez más difícil cobrar el dinero. Los fondos han disminuido debido al cobro de otras penalidades impuestas por tribunales estadounidenses al gobierno cubano desde el 2000.
Ante las dificultades para localizar y rastrear los fondos en bancos estadounidenses, varios demandantes han intentado obtener la compensación del dinero que recibe Cuba por vía de los servicios de telecomunicaciones, pero el proceso ha resultado infructuoso.
El gobierno de Raúl Castro se queja del recrudecimiento del cerco tendido por Washington a los bancos que ofrecen sus servicios a Cuba desde territorio estadounidense, mediante excesivos controles y multas millonarias por supuestas violaciones al embargo.
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