de la policía y la Seguridad del Estado ni siquieraconocen la Constitución.
El pueblo cubano aprendió este refrán:
“oigo lo que tú dices, pero hago lo que tú haces”
Roberto Jesús Quiñones Haces | Guantánamo, Cuba |
En más de cincuenta años de gobierno centralizado en un líder, sus palabras han tenido más fuerza que las leyes que él dictó. Tampoco se ha logrado crear una cultura de respeto a la ley, y el pueblo cubano aprendió este refrán: “oigo lo que tú dices, pero hago lo que tú haces”.
Ahora Cuba se adentra en un período de transformaciones legislativas que abarcará la Constitución de la República, el Código Penal y su Ley de Procedimiento, y la promulgación de dos leyes sin precedentes en nuestro ordenamiento jurídico: una de Ejecución de Sanciones y otra de Funciones y Servicios Policiales.
Así lo informó el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, al clausurar el Congreso Internacional de Abogacía 2014, el pasado 19 de septiembre. Y añadió que también se trabaja en la redacción de un nuevo Código de la Familia y en un Código de Contravenciones que unificará todas las normas de esa naturaleza.
Es obvio que tales declaraciones debían haber provocado repercusiones internacionales y expectativas dentro del país, a pesar de que algo de su mensaje se había dicho en las sesiones de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
El principio de legalidad es el líder
El principio de legalidad aparece en el artículo 10 de la Constitución actual, y establece: “Todos los órganos del Estado, sus dirigentes, funcionarios y empleados, actúan dentro de los límites de sus respectivas competencias y tienen la obligación de observar estrictamente la legalidad socialista y velar por su respeto en la vida de toda la sociedad”.
Pero la práctica gubernamental cubana demuestra que los discursos políticos de sus máximos dirigentes continuaron teniendo la misma fuerza de los ucases, después de promulgada la Constitución socialista. En no pocas ocasiones, mediante un discurso fue derogada parcialmente una Ley, como ocurrió cuando, en 1987, Fidel Castro criticó la primera Ley General de la Vivienda y se ilegalizaron las compraventas de inmuebles sin que el artículo que las autorizaba fuera derogado.
El 5 de enero de 1999, Fidel Castro pidió elevar las sanciones penales. Un mes y diez días después la Asamblea Nacional del Poder Popular, accediendo a la petición del máximo líder, se reunió de forma extraordinaria y aprobó la Ley 87, modificativa del Código Penal, y la tristemente célebre Ley No.88, conocida como la “Ley Mordaza”.
La Constitución, letra muerta
Esta circunstancia pasa por la indeclinable necesidad de que el gobierno cubano se erija en el primer y más fiel cumplidor del principio de legalidad. No puede hablarse de legalidad cuando gran parte de los agentes de la policía y la Seguridad del Estado ni siquiera conocen la Constitución, o mientras estos organismos detengan a un ciudadano el tiempo que les plazca, encerrándolos y soltándolos sin dejar registro de su detención, y sin que pase absolutamente nada ante tal arbitrariedad.
No puede haber legalidad mientras los resultados de los procesos penales sean resueltos en una reunión con todos los “factores” y los juicios públicos continúen siendo una simple formalidad. Tampoco habrá legalidad mientras los funcionarios judiciales, y los otros que conforman el ejército de la burocracia partidista, actúen impunemente sin recibir la acción compulsiva y ordenadora de la ley.
De nada vale que la Constitución resulte modificada o reformada si el gobierno no crea tribunales de garantías constitucionales, o alguna institución semejante, que se encarguen no sólo de ejercer un control estricto sobre las regulaciones jurídicas, sino también de admitir, tramitar y resolver con total transparencia las demandas de los ciudadanos.
Los gobernantes cubanos ni siquiera han resuelto el asunto de las leyes complementarias, algo que, en su momento, criticaron mucho a los legisladores burgueses con respecto a la Constitución de 1940. A 38 años de haberse promulgado la actual Constitución, en Cuba no hay una Ley sobre la cultura, y están pendientes las de prensa, cine, ciudadanía, deportes, quejas y también la de cultos. Tampoco existe una que permita la organización pacífica de toda la sociedad civil.
Lo primero que debiera hacer el gobierno es convocar a una discusión pública de la actual Constitución y de los fundamentos políticos y sociales del Estado, y luego realizar un referéndum. Pero no como en 2006, cuando el General de Ejército Raúl Castro Ruz se estrenó como Presidente de la República, y convocó al pueblo para que se expresara. Hoy, la mayoría de los reclamos siguen engavetados.
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