El avance de los matrimonios gays
DANIEL MORCATE
Llegó la hora de rendirse a las evidencias. Y las evidencias indican que el sistema nacional de justicia ya no tiene estómago para que en el país se siga discriminando a las personas del mismo sexo que desean casarse. Pero vaya usted a decírselo a Pam Bondi, la procuradora general de la Florida, o a otros que aún se empeñan en defender en las cortes la indefendible prohibición de los matrimonios gay. Con numantino celo ideológico, van de sala de justicia en sala de justicia quemando los últimos cartuchos de su postura anacrónica. No quieren que sus hermanos, primos, amigos y compañeros de trabajo homosexuales puedan hacer lo que ellos sí pueden: unirse legalmente en matrimonio y recibir así los derechos que la ley confiere a los casados. Pero todo indica que van a perder esta batalla crucial. Como antes la perdieron quienes anunciaban el apocalipsis si en el país se autorizaban los matrimonios interraciales.
El pasado lunes la Corte Suprema de Estados Unidos habló sin decir palabra. En el Supremo predominan los conservadores. Lo preside John Roberts, un republicano que, independientemente de su bagaje conservador, va probando año tras año su honestidad intelectual –aunque uno no siempre esté de acuerdo con sus decisiones. Y anunció que no escuchará las apelaciones presentadas por los gobiernos conservadores de cinco estados para impedir el matrimonio gay. Entre esas apelaciones no se encontraba la del gobierno estatal de la Florida. Pero al buen entendedor, con pocas palabras. Y, en este caso, con ninguna. El anuncio del Supremo dio luz verde para agilizar la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Y puso sobre aviso a los estados de que deberían dar los pasos necesarios para autorizarlos.
Al día siguiente de la decisión del Supremo de hecho comenzó un efecto dominó. Una corte federal de apelaciones declaró legal el matrimonio gay en Idaho y Nevada. Este falló extendió a 32 el número de estados donde ya lo es. La Florida es uno de ellos. Pero Bondi insiste en mantener el asunto en las cortes. Su argumento principal es que la mayoría de los votantes floridanos adoptó la prohibición en 2012. ¿Verdad que se parece al viejo argumento de que una mayoría favorecía la prohibición de los casamientos entre negros y blancos? La respuesta que está dando una corte tras otra al razonamiento de Bondi es tan sencilla como contundente. Las leyes que tratan a las personas de manera diferente basándose en la orientación sexual, dicen los jueces, son inconstitucionales a menos que el gobierno aporte una “razón de fuerza mayor” (compelling) que demuestre lo contrario. Ahora y antes numerosos gobiernos estatales han aportado sus razones para la prohibición. Pero evidentemente ninguna ha sido de fuerza mayor.
El avance de los matrimonios gay en las cortes es un ejemplo preclaro de lo que ha hecho grande y vigorosa a la democracia norteamericana. Las mayorías del país a veces piensan y deciden que las minorías merecen ser esclavas, discriminadas, marginadas o humilladas. Pero si la rama judicial determina lo contrario, esas mayorías no tienen otro remedio que quedarse con las ganas de esclavizar, discriminar, marginar o humillar. En este sentido, el rol del poder judicial es más importante que el de los poderes ejecutivos y legislativos, aunque estos últimos siempre sean el resultado de la libre decisión de los votantes y aquel no. Un sistema judicial independiente es la mayor garantía de la democracia y de la búsqueda sistemática de equidad social. En Estados Unidos. Y en cualquier otra parte.
A nombre del panel de apelaciones, el juez Stephen Reinhardt escribió con lucidez: “Las leyes de Idaho y Nevada sobre el matrimonio, al impedir que se casen las parejas del mismo sexo y al negarse a reconocer los matrimonios del mismo sexo, infligen profundos daños legales, financieros, sociales y síquicos a numerosos ciudadanos de esos estados”. Esa es una razón esencial sobre la que se sustenta todo el esfuerzo por impedir que, en el caso de los matrimonios entre homosexuales, las mayorías de este país se salgan con la suya. Ahora corresponde a los políticos, de la Florida y de otros estados, acatar las decisiones de las cortes.
Tema anterior
Primer 