En el aniversario del embargo norteamericano a Cuba, promulgado en octubre de 1960, se han alzado voces pidiendo una reevaluación de esa política.
Aunque eliminar el embargo requiere una medida del Congreso, los partidarios de levantarlo dicen que el Presidente puede hacer mucho por suavizarlo y abrir las puertas a una restauración de los lazos con Cuba.
Pero ese paso sería prematuro y no hay justificación para darlo en este momento.
Es cierto que Raúl Castro ha aflojado el control estatal de la economía y permite más negocios privados. Algunos ciudadanos pueden tener propiedades, y nuevas regulaciones alientan la inversión foránea. Pero lo que sucede es que Cuba ha estado estancada por tanto tiempo que cualquier cambio, por mínimo que sea, parece espectacular. Lanomenklatura cubana sigue dirigiendo la economía planificada al estilo soviético, y sus integrantes son sus principales beneficiarios.
Algunos ven las vagas declaraciones del gobierno cubano dando la bienvenida a una renovación de los lazos diplomáticos con Estados Unidos como una señal de que está dispuesto a negociar viejas diferencias. Atribuimos esa actitud al temor de La Habana ante la caída de los precios del petróleo y la inestabilidad política en Venezuela.
El país sudamericano ha sido el principal benefactor de los hermanos Castro en los últimos años. Pero si los precios del petróleo siguen bajando, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, necesitaría vender todo el crudo que pueda en el mercado internacional y probablemente cortaría el suministro a Cuba.
Por eso este no es el momento de tirarle un salvavidas al gobierno cubano.
Pero además, todavía el problema principal es que Cuba sigue siendo un estado policial autoritario e implacable que persigue a los que considera sus enemigos.
Human Rights Watch ha declarado: “El gobierno cubano sigue reprimiendo a individuos y grupos que critican al gobierno o que piden derechos humanos básicos. Las autoridades emplean diversas tácticas para castigar la disidencia y atemorizar al público, como palizas, actos de repudio, despidos y amenazas de largas condenas de cárcel”.
Los arrestos de disidentes aumentan, no disminuyen. Y la prensa oficialista ejerce un riguroso control sobre la información.
El gobierno cubano tampoco ha permitido una investigación independiente de la muerte de los disidentes Oswaldo Payá y Harold Cepero en el 2012.
Y está el caso del norteamericano Alan Gross, sentenciado a 15 años de cárcel por “actos contra la independencia o la integridad territorial del Estado”, es decir, por llevar un teléfono satelital a la pequeña y asediada comunidad judía de Cuba.
Los hermanos Castro siguen controlando a Cuba con un puño dictatorial. Mientras eso suceda, Estados Unidos no tiene incentivos para extender una rama de olivo.
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