*Agentes de la Policía Nacional Bolivariana se enfrentan a manifestantes
opositores en la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Caracas, en marzo del 2014. EFE
*El comité de la ONU, consternado por ejecuciones extrajudiciales en Venezuela
EFE / GINEBRA
El Comité de la ONU contra la Tortura manifestó el viernes su “consternación” por las informaciones que ha recibido sobre “el extendido patrón de ejecuciones extrajudiciales por parte de grupos policiales o parapoliciales” en Venezuela.
Este país fue uno de los examinados en la reciente sesión que celebró en Ginebra este órgano de Naciones Unidas, que emitió el viernes sus observaciones y conclusiones sobre cada uno de ellos.
En el caso de Venezuela, los miembros del Comité -expertos independientes y especializados en derechos humanos de diversos países- manifestaron su preocupación por cuestiones relacionadas con la impunidad, detenciones arbitrarias, torturas y excesivo uso de la fuerza durante las protestas que tuvieron lugar entre febrero y junio de este año.
Se pronuncian también en su informe sobre agresiones a periodistas y defensores de los derechos humanos, situaciones que afectan la independencia del poder judicial, las condiciones de detención y violencia en centros penitenciarios, así como sobre ejecuciones extrajudiciales.
Acerca de esto último, se anota que, según las respuestas del Gobierno al cuestionario que le remitió, “en 2012 se produjeron 667 homicidios por parte de agentes del orden y 600 en 2013”, una situación frente a la cual el comité pide que se tomen medidas urgentes para poner término a estos crímenes, que se investiguen los casos ocurridos y se sancione a los responsables.
El Comité enumera varios motivos de preocupación en relación con la acción de las fuerzas de seguridad durante las protestas antigubernamentales.
Al respecto, “expresa su preocupación por los informes que registran un total de 437 ataques de grupos armados pro-oficialistas a manifestantes” y, según los cuales, gran parte de estos hechos ocurrieron “con la complicidad y aquiescencia de las fuerzas del orden y permanecen en la impunidad”.
Menciona asimismo la cifra entregada por el Ministerio Público de Venezuela de 3,306 detenidos durante las protestas, de los que 400 eran adolescentes, y manifiesta su preocupación por diversas informaciones que ha recibido y que apuntan a que “un gran número de estas detenciones fueron arbitrarias”.
Señala que ha tomado conocimiento de que muchos de los detenidos no fueron informados del motivo de su arresto, no tuvieron acceso confidencial a un abogado hasta minutos antes de la audiencia judicial y fueron transferidos a centros de detención sin comunicar el paradero a sus familiares.
También con relación a las protestas, el Comité pidió la liberación de uno de sus principales líderes, Leopoldo López, así como del entonces alcalde de la localidad de San Cristobal, Daniel Ceballos.
De las condiciones de detención, los expertos de la ONU ponen de relieve la discrepancia entre las informaciones que tiene sobre un hacinamiento de 190 por ciento en las cárceles en el primer semestre de este año, mientras que el gobierno indica que los reos totalizan 50,721 cuando la capacidad es para 51,127 reclusos.
Otro aspecto que le inquieta es la falta de información oficial sobre el número de detenidos en retenes policiales, que según el Comité puede ser más de 13.000 personas.
Venezuela ha negado ante el Comité que López, Ceballos, así como Enzo Scarano, y Salvatore Lucchese, hayan permanecido en régimen de aislamiento por meses y que Scarano haya sido además golpeado.
Para verificar la situación real, el Comité pidió al gobierno que permita lo antes posible la visita al país del relator contra la Tortura de la ONU y dé acceso a las organizaciones no gubernamentales a los lugares de detención.
Sobre torturas, los expertos dicen que les alarman las “informaciones recurrentes que denuncian actos de tortura y malos tratos” de personas arrestadas en las manifestaciones, con casos que incluirían “palizas, descargas eléctricas, quemaduras, asfixia, violación sexual y amenazas, presuntamente para destruir pruebas de la actuaciones de las fuerzas de seguridad”.
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