El sector más conservador del 
Partido Republicano se niega a aceptar las sucesivas derrotas en su batalla contra el matrimonio igualitario en Estados Unidos y se ha lanzado a promover una serie de iniciativas de corte homófobo en varios de los estados bajo control republicano. El primero de sus éxitos es el de Indiana, un estado cuyo gobernador, Mike Pence, ha sancionado una ley, aprobada por la legislatura del estado, cuyo objetivo es impedir que entes locales o el propio estado puedan aprobar normativas antidiscriminatorias que afecten a la “libertad religiosa”.
La ley aprobada en Indiana pertenece a las llamadas leyes “de restauración de la libertad religiosa”, vigentes en más de una veintena de estados del país, que blindan las creencias religiosas frente a otras posibles normas legales. La última de ellas fue la aprobada hace un año en Mississipi. De hecho, existe una norma similar a nivel federal, que fue aprobada en 1993 con la unanimidad de demócratas y republicanos y sancionada por el entonces presidente, Bill Clinton. Una norma, por cierto, que jugó un papel clave en la polémica sentencia del Tribunal Supremo que por 5 votos a 4 dio el pasado año la razón a Hobby Lobby, una cadena de tiendas propiedad de un multimillonario evangélico que reclamaba su derecho a no costear una serie de tratamientos anticonceptivos como parte del seguro médico de sus trabajadoras, como obligaba la reforma sanitaria de Obama. El Supremo falló a favor de Hobby Lobby, considerando que dicha obligación violaba la libertad religiosa de sus propietarios y que el Gobierno federal estaba obligado a buscar otra solución para que las empleadas de la empresa pudieran acceder a contraceptivos.
La de Indiana, sin embargo, es la primera de estas leyes que podemos considerar producto directo de la reacción contra el impulso judicial al matrimonio igualitario en Estados Unidos, que de aquí a junio libra su batalla final ante el Tribunal Supremo. Indiana es, de hecho, uno de esos estados a los que el matrimonio igualitario ya ha llegado como consecuencia de una decisión judicial. En septiembre de 2014, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 7º Circuito, con sede en Chicago, fallaba por unanimidad que la prohibición del matrimonio igualitario en los estados de Indiana y Wisconsin violaba el derecho al debido proceso y a la igual protección garantizados por la 14ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Lo hacía además con una sentencia en la que uno de los juristas más prestigiosos del país, Richard Posner, ridiculizaba los argumentos contrarios a que las parejas del mismo sexo puedan casarse. Pocas semanas después, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos rechazaba las apelaciones de los contrarios al matrimonio igualitario en Indiana (y en otros cuatro estados), dando de esa forma validez a lo que la justicia federal había dictaminado en el nivel inferior.
La reacción homófoba no se hizo esperar, cristalizando en el proyecto de ley ahora aprobado, que no busca otra cosa que reforzar legalmente a todas aquellas personas e instituciones que se niegan a aceptar las relaciones entre personas de su mismo sexo, permitiéndoles discriminarlas alegando motivos religiosos. Una pareja del mismo sexo, por ejemplo, podría no ser atendida por el propietario de un negocio si este alega que ello entra en contradicción con sus creencias religiosas, sin que ninguna norma local o estatal contra la discriminación se lo pueda ya impedir. Algo que niegan los promotores de la ley (que en ningún momento se refiere expresamente a la las personas LGTB o a la homosexualidad) pero que a ningún observador se escapa.
El proyecto, pese a la polémica generada, fue finalmente aprobado por el Senado de Indiana por 40 votos a favor (todos republicanos) y 10 en contra (todos demócratas) y por la Cámara de Representantes por 63 votos contra 31 (todos los votos favorables fueron republicanos. De los votos contrarios, 26 fueron demócratas y 6 republicanos). El gobernador republicano, Mike Pence, firmó de forma casi inmediata la ley rodeado de religiosos, una imagen que simboliza de una forma perfecta lo sucedido:
¿Boicot al estado de Indiana?
El ayuntamiento de la ciudad estadounidense de San Francisco se unió al boicot que organizaciones de defensa de los derechos de los colectivos LGBT han organizado en contra del estado de Indiana después de que su gobernador firmara una ley que, según aseguran activistas, permite que se discrimine a gays y lesbianas por motivos religiosos.
Los que apoyan la normativa -conocida como “Ley de restauración de la libertad religiosa” y que permite utilizar las creencias religiosas como defensa- aseguran que evita que los dueños de negocios se vean obligados a prestar servicios en contra de su religión.
Después de que el gobernador de Indiana, el republicano Mike Pence, firmara la controvertida ley, ejecutivos de empresas importantes como Jeremy Stoppelman, de Yelp, o Tim Cook, de Apple, mostraron su decepción.
El gobernador Pence tras firmar la legislación en presencia de líderes religiosos de Indiana.
Stoppleman y Cook pidieron a otros estados que están discutiendo leyes similares que no sigan el camino de Indiana.
Mientras, el hashtag #BoycottIndiana lleva más de un día como trending topic en Twitter y prominentes figuras públicas como la exsecretaria de Estado de EE.UU. Hillary Clinton o el actor Ashton Kucner publicaron en la red social mensajes de condena de la ley.
Según destaca desde California el periodista de BBC Mundo Jaime González, en el caso de la ciudad de San Francisco, el alcalde anunció que ningún funcionario viajará a Indiana a cargo de erario público debido a la legislación “discriminatoria” contra gays, lesbianas y transexuales.
Los defensores de la ley dicen que esta está inspirada en una normativa federal sobre libertad religiosa de 1993 y aseguran que otros 19 estados tienen legislaciones similares.
Rechazo a la ley de Indiana acusada de discriminar a homosexuales
Una ley de libertad religiosa aprobada por el Estado de Indiana que facilita el rechazo contra gays y lesbianas por parte de empresarios que aleguen que, en el caso de proporcionarles sus servicios, estarían atentando contra sus creencias, se ha convertido en el último punto de enfrentamiento en la lucha por el avance de los derechos de los homosexuales en Estados Unidos.
El Tribunal Supremo estudiará dentro de cuatro semanas un caso que puede desembocar en el reconocimiento del derecho al matrimonio de los homosexuales. La sentencia llegará unos meses después, pero ya ha sido anticipada como el cruce definitivo de la última frontera en la batalla por los derechos civiles, y los conservadores están agotando sus últimos recursos para impedirlo.
Es el caso del gobernador Mike Pence, de Indiana, un político republicano que está considerando su candidatura a las presidenciales de 2016, por lo que puede convertir este asunto en una de las espinas de la campaña. Esta semana, Pence firmó en su despacho una ley que protege “las libertades religiosas que muchos sienten están siendo atacadas por el Gobierno”.
La ley ha sido rechazada por un gran número de organizaciones y personalidades por su parecido a las leyes que permitieron hace décadas negar acceso y servicios por motivos raciales. El gobernador ha defendido sin embargo que la ley no es discriminatoria. “Si supiera que iba a legalizar la discriminación, la hubiera vetado”, aseguró Pence.
La normativa establece que desde el próximo 1 de julio, los dueños de restaurantes de Indiana puedan negarse a servir banquetes de boda a parejas del mismo sexo, por ejemplo. Floristas, cocineros o fotógrafos también podrán negar sus servicios a clientes gais si consideran que esto atenta contra su libertad religiosa y serán defendidos por el Estado si son acusados de discriminación, tal y como asegura el grupo Advance America, que ha promocionado la legislación.
El caso es un ejemplo del constante tira y afloja de la sociedad estadounidense entre los derechos de los ciudadanos, frente a las regulaciones federales que, según consideran en este caso los conservadores, interfieren en las libertades de otros. La ley de Indiana puede ser rechazada en las cortes, sin embargo, los jueces deberán demostrar que una persona está obligada a actuar en contra de la religión cuando exista un “interés apremiante” en impedir la discriminación.
El difícil equilibrio de ese interés es el que llevó al Supremo a dar la razón el año pasado a un grupo de empresarios religiosos que se negaban a proporcionar determinados seguros médicos a sus empleadas porque cubrían el gasto de anticonceptivos. Aquel fue el caso conocido como Hooby Lobby y el hecho de que la Corte reconociera que la libertad religiosa de los empresarios estaba por encima del derecho de las trabajadoras a ese seguro médico, inspiró esta nueva estrategia de Indiana.
La exsecretaria de Estado Hillary Clinton y posible candidata a la presidencia en 2016 rechazó en Twitter el paso dado por el gobernador Pence y lamentó que esta ley “pueda aprobarse hoy en América”. Otra de las voces en contra de la legislación fue Tim Cook, presidente de Apple, quien la calificó de “decepcionante”. Y el alcalde de San Francisco ha anunciado el primer boicot a la ley: la ciudad no pagará con dinero público ningún viaje de sus funcionarios a Indiana.
La firma de esta ley coincide además con la llegada de la final de la liga universitaria de baloncesto a Indiana, cuyo impacto económico puede verse reducido si siguen adelante las protestas. El exjugador Jason Collins, el primer baloncestista que reveló su homosexualidad durante su etapa profesional en 2013, preguntó desde su cuenta de Twitter al gobernador si estaba “legalizando la discriminación” contra él cuando viaje a la final.
La controvertida ley de Indiana coincide además con lo que ya advirtió la juez del Supremo Ruth Ginsburg tras la sentencia del caso Hobby Lobby, al asegurar que a pesar de que ese caso solo abordaba una pregunta sobre cobertura de anticonceptivos, la sentencia “invitaba a las empresas privadas a buscar excusas” para incumplir normas basándose en cuestiones religiosas. “¿Qué pasa si un empresario se siente ofendido por las obligaciones de vacunación o porque no cree en que deba pagar lo mismo a un hombre que a una mujer?”. Según la juez, el Supremo acababa de adentrarse “en un campo de minas”.
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