Suprema Corte de México legaliza el matrimonio gay
Hiram González, en el centro, se casó con Severiano Chávez en el
estado de Chihuahua, donde el matrimonio gay es, en sentido estricto, ilegal.
Por Randal C. Archibold y Paulina Villegas - Ciudad de Mexico - The New York Times Su iglesia le dio la espalda, su familia lo desalentó de empezar una batalla pública y el gobierno del estado donde vive juró que nunca ocurriría.
Pero ocurrió. Hiram González se casó con su novio, Severiano Chávez, el año pasado en Chihuahua, al norte del país, que, al igual que muchos otros estados mexicanos, únicamente permite el matrimonio entre un hombre y una mujer
No obstante, González y docenas de parejas homosexuales han encontrado en los meses recientes a un poderoso aliado: la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sentencia tras sentencia, la Corte ha dictaminado que las leyes estatales que sólo permiten el matrimonio entre parejas heterosexuales son discriminatorias. Aunque las sentencias se han dictado sin bombos ni platillos, han resultado en la legalización del matrimonio homosexual en México sin consagrarlo en la ley. América
“Cuando escuché al juez decir que estábamos casados legalmente, rompí en llanto”, dijo González, de 41 años. Al igual que casi todas las parejas del mismo sexo que se casan en México, él y su pareja necesitaron una resolución judicial para poder intercambiar sus votos.
Víctor Manuel Aguirre, a la izquierda, y Víctor Fernando Urias,
al centro, conel alcalde de Mexicali, la ciudad en donde se casaron.
Mientras Estados Unidos está a la espera de que la Suprema Corte pronuncie una sentencia histórica sobre el matrimonio gay, las resoluciones del tribunal mexicano han sumado al país a la lista de naciones latinoamericanas que permiten las uniones entre parejas del mismo sexo.
Argentina, Uruguay y Brasil ya permiten el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Chile planea reconocer este matrimonio civil en este año; Ecuador aprobó las uniones civiles en abril y Colombia les otorga a las parejas homosexuales los mismos derechos que a las parejas heterosexuales unidas en matrimonio.
“Es un cambio enorme pensando en cómo eran las cosas hace 10 años”, comentó Jason Pierceson, catedrático de la Universidad de Illinois en Springfield, quien estudia las tendencias en el matrimonio homosexual en América Latina.
El cambio en México, el segundo país más grande de Latinoamérica después de Brasil, es resultado de una estrategia jurídica que usaron los defensores para circunvalar las legislaturas estatales, que se han mostrado renuentes, y a menudo hostiles, a legalizar el matrimonio gay.
En 2009, la Ciudad de México, un distrito federal y una enorme isla liberal en un país socialmente conservador, legalizó el matrimonio homosexual, convirtiéndose en la primera ciudad de Latinoamérica en tomar ese paso. Desde entonces ha habido 5297 matrimonios entre personas del mismo sexo, quienes algunas veces viajan a la ciudad provenientes de otros estados.
De los 31 estados de la nación mexicana, sólo uno, Coahuila, cerca de la frontera de Texas, ha legalizado el matrimonio homosexual. Un segundo estado, Quintana Roo, donde se encuentra Cancún, ha permitido las uniones entre parejas homosexuales desde el año 2012, cuando los defensores señalaron que su código civil no estipula, en lo que respecta al matrimonio, que las parejas deban estar compuestas por un hombre y una mujer.
En casi todo el resto del país el matrimonio se define legalmente como la unión entre un hombre y una mujer, leyes que pueden prevalecer en el papel a pesar de las sentencias de la corte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la ley de la Ciudad de México en 2010, añadiendo que otros estados tienen que reconocer las uniones que se efectúen en dicha ciudad.
Los defensores del matrimonio homosexual vieron en esto una oportunidad para usar las decisiones de la Corte para afirmar que las leyes matrimoniales en otros estados eran discriminatorias.
La Suprema Corte, teniendo en cuenta sentencias internacionales y tratados en contra de la discriminación suscritos por México, ha reiterado su posición, pronunciando órdenes judiciales en casos específicos que permiten que las parejas homosexuales se casen en estados donde las leyes lo prohíben.
Este mes se vivió un momento decisivo, cuando la corte se extendió en sus resoluciones para emitir un decreto que estipula que cualquier ley estatal que limite el matrimonio al matrimonio heterosexual es discriminatoria.
“Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como ‘entre un solo hombre y una sola mujer’”, establece la resolución y agrega, “Dicha enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión”.
La sentencia no elimina automáticamente las leyes matrimoniales estatales. Pero sí permite que las parejas homosexuales a las que se les niegan los derechos matrimoniales en sus estados soliciten resoluciones judiciales de jueces de distrito, quienes ahora están obligados a pronunciar dichas sentencias.
“Sin duda, el matrimonio gay es legal en todas partes”, declaró Estefanía Vela Barba, profesora asociada del CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. en la Ciudad de México. “Si llega una pareja del mismo sexo y el código dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y para fines reproductivos, la corte dice: ‘Ignórenlo, el matrimonio es para dos personas’”.
La Iglesia Católica Romana, con frecuencia una fuerza social y políticamente influyente en un país que es 83 por ciento católico, se opuso a la sentencia con el argumento de que la Corte había desacatado abiertamente dos milenios de convención.
“Reiteramos nuestra convicción, con base en razones científicas, antropológicas, filosóficas, sociales y religiosas, de que la familia, la célula de la sociedad, se funda en el matrimonio entre un hombre y una mujer”, expresó Monseñor Eugenio Lira Rugarcía, Secretario General de la Conferencia del Episcopado Mexicano, en un correo electrónico el domingo en respuesta a la decisión.
Y añadió que la postura de la iglesia “está declarada en siglos de tradición jurídica occidental, acumulada y profundizada a través de nuestra historia por legisladores y jueces de muy diferentes escuelas de pensamiento e ideologías”.
En el caso de González, la Suprema Corte ya había dictado que la ley en el estado de Chihuahua era inconstitucional, lo que le permitió a la pareja obtener una sentencia judicial que les permitía llevar a cabo su matrimonio.
Funcionarios estatales en Chihuahua juraron nunca legalizar el matrimonio entre parejas del mismo sexo, y González dijo que fue expulsado de su iglesia local por ser homosexual. Él y su cónyuge se negaron a ir a la Ciudad de México a casarse porque creían que debían tener ese derecho en el estado donde pagan sus impuestos.
El principio, dijo, era importante.
“No sólo se trata de una batalla jurídica, sino de lo que implica, la tremenda presión emocional y física del proceso”, dijo González, “Al final, es una lucha por nuestra dignidad”.
Alex Ali Méndez, abogado y activista por los derechos para los homosexuales en igualdad matrimonial en México, aceptó un caso que involucraba a tres parejas de Oaxaca en 2012, y utilizó los argumentos de la Suprema Corte para desafiar a las leyes en ese estado.
La Corte se pronunció a favor de las parejas; fue la primera decisión de ese tipo en un caso estatal. “Abrimos la puerta en Oaxaca y ahora la estamos abriendo en distintos estados”, dijo Méndez. Las trabas burocráticas permanencen, y algunas veces la hostilidad.
Las autoridades del registro civil aún pueden impedir el matrimonio a las parejas que quieran casarse, con apego a las leyes estatales.
Les corresponde a las parejas apelar en los tribunales, un proceso que puede costar $1000 dólares o más y tomar varios meses. Aunque los defensores de los derechos de los homosexuales están difundiendo la noticia, muchas parejas siguen sin tener conocimiento de que cuentan con sólidas bases jurídicas para unirse en matrimonio.
José Luis Caballero, académico constitucional que dirige la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, dijo que aunque los jueces ahora deben emitir sentencias a favor de las parejas homosexuales, aún falta alcanzar la igualdad plena.
“Lo que tiene que pasar es que se tienen que reformar las leyes estatales para que las parejas tengan los mismos derechos y no tengan que gastar tiempo ni dinero”, expresó y agregó: “Una pareja con recursos se puede casar. Una pareja sin recursos no puede”.
En enero, Víctor Manuel Aguirre, de 43 años, y Víctor Fernando Urias, de 38 años, se enfrentaron a manifestantes y controles burocráticos en Baja California, antes de convertirse en la primera pareja gay en casarse en dicho estado, gracias al poder de un mandato judicial.
Los manifestantes les impidieron entrar al edificio del registro civil.
“Los dos nos vestimos de blanco y volvimos a casa totalmente derrotados y humillados y lloramos hasta el cansacio”, dijo Aguirre.
Después de la cobertura mediática sobre su fracaso, el alcalde de Mexicali los llamó y les dijo que había habido un malentendido y que se podían casar.
“Con muchos contratiempos, después de todo, triunfó el amor”, exclamó Aguirre.
Méndez, el abogado que defiende estos casos, dijo que el próximo paso en el proceso jurídico era reunir suficientes mandatos judiciales en cada estado para alcanzar un margen conforme al cual el tribunal pueda formalmente ordenar a las legislaturas estatales que reformen sus leyes.
Pero los expertos opinan que México ya está en un momento decisivo. “Todo apunta a que habrá más igualdad matrimonial en México en un futuro cercano”, expresó el profesor Pierceson y añadió, “No sabemos si habrá algún contragolpe o protesta en contra para detenerla.”
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