Parecer se la última moda tras la reforma migratoria de Raúl Castro de enero del 2013. Ex altos funcionarios del régimen castrista que concluyen sus responsabilidades gubernamentales y partidistas, están optando por una visa estadounidense para venir a retirarse con su familia a Miami, bajo el amparo de la Ley de Ajuste Cubano.
Telemundo 51 acaba de presentar el reportaje “Ajuste sin memoria” sobre la entrada a Estados Unidos de un ex funcionario del castrismo, Reinaldo Peguero Pernas, a pesar de habérsele denegado la visa en la Sección de Intereses de Estados Unidos (SINA) en La Habana, a comienzos del 2015. Peguero Pernas, de 71 años, viajó entonces a México y cruzó la frontera hacia el norte para matar dos pájaros de un tiro: reunirse con sus hijas previamente avecindadas en Miami y acogerse a los beneficios especiales como inmigrante cubano, los cuales propician aquí mejor jubilación que en Cuba.
Peguero no es el simple cubano que vivió estos años en la isla con un compromiso más o menos evidente, incorporado pero sin protagonismo, como la mayoría de nuestros compatriotas. Se trata de un hombre que fue delegado provincial del Ministerio del Azúcar (MINAZ) en Pinar del Río, miembro del gobierno provincial (1989-1993) y del comité provincial del Partido Comunista (PCC). Es firmante de la propuesta de candidatura de Fidel Castro para el Premio Nobel de la Paz, en el 2005, y de la petición al Fiscal General de Estados Unidos para la liberación de los cinco espías de la Red Avispa.
También estuvo vinculado a operaciones comerciales del gobierno cubano en México, Colombia, Brasil, Panamá y Ecuador, entre 1998 y 2009.
Pero dejó atrás su pasado, engavetó la memoria del castrismo y decidió que su tiempo de jubilado podía pasarlo en Estados Unidos.
Fin de las ideologías
El caso Peguero confirma el fin de las ideologías en el problema cubano, que son los propios cubanos. Su inmensa mayoría emigra hoy a Estados Unidos con ánimo de mejor vida. Les importa un comino la lucha por la libertad y la democracia, porque saben que nada puede esperarse del movimiento opositor, incapaz de ganarse al pueblo y capaz de urdir un disparate tras otro sin avergonzarse, frente al aparato de represión política de la dictadura de partido único.
Peguero viene a demostrar, como antes el Coronel Crescencio Marino Rivero, que tampoco les importa “la gloria que se ha vivido” a quienes jugaban en el bando castrista, porque nada puede esperarse del gobierno desvergonzadamente empeñado en una economía basada en centralizar autoritariamente las decisiones y descentralizar anárquicamente la gestión.
El caso Peguero confirma también que no hay coordinación certera entre el Departamento de Estado y la Oficina de Control de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) para prevenir la entrada de cubanos al amparo del ajuste sin asomo de ser víctimas de la represión política. La mera condición de cubano sirve de punzón para abrir un agujero en la frontera estadounidense y colarse a buscar la residencia permanente que permitirá en breve regresar a Cuba sin contratiempos mayores, incluso después de haber acusado al gobierno de asesinato, como ilustra el caso de Rosa María Payá.
Frontera perforada
Solo en los últimos dos años han entrado por puntos fronterizos, mayormente por el borde mexicano, 67,437 cubanos. Se incluye en esta cifra los “cubañoles” y demás paisanos que llegan al Aeropuerto Internacional de Miami y piden refugio porque “huyen de la tiranía”, los cuales suman 14,708 en los períodos fiscales 2014 y 2015.
De ahí que el representante Paul Gosar (R-AZ) haya presentado, junto con ocho colegas, el proyecto de ley H.R. 3818 “para poner fin a los programas especiales de inmigración, basados en el origen nacional, para cubanos”. Esta novena de congresistas alega que, tras restablecerse las relaciones diplomáticas Cuba-EEUU, el tratamiento especial a los inmigrantes cubanos no puede justificarse ya por “razones humanitarias de urgencia [ni por] beneficio público significativo”.
En consecuencia, los cubanos deben tratarse conforme a las mismas reglas de inmigración que se aplican a los ciudadanos de los demás países con quienes Estados Unidos tiene relaciones diplomáticas.
El proyecto legislativo de Gosar et al. adolece de imperfección por solicitar la derogación de la Ley de Ajuste Cubano (Ley Pública 89-732 de 1966). Como se ha cansado de explicar el jurista Enrique García Morera, esta ley fue derogada ya por la Ley de Reforma de Inmigración Legal y Responsabilidad del Inmigrante (Ley Pública 104-208 de 1996), que incorporó el ajuste cubano al Título 8, Sección 606, del Código Federal.
Enfoque jurídico
Así y todo, el proyecto atina a coger el toro por los cuernos al solicitar la derogación de dicho estatuto federal, que para derogar el ajuste cubano exige al presidente de Estados Unidos certificar la llegada al poder en Cuba de un gobierno “electo democráticamente”, tal y como exige la Ley Helms-Burton (1996) para levantar el embargo (Sección 204).
Esa exigencia legal sólo puede eliminarse con otra ley que proceda a derogarla, ya que no cabe esperarse que el presidente de Estados Unidos certifique el advenimiento de un gobierno democrático en Cuba. Precisamente derogar aquella exigencia es lo que piden Gosar y demás promotores del proyecto H.R. 3818, que también se llevaría en la golilla el Programa de Reunificación Familiar (2007), la directiva política “pies secos-pies mojados” y demás programas y políticas que dan privilegios migratorios a los cubanos.
Este ademán en la bancada republicana de la Cámara de Representantes convalida el núcleo duro de la justificación de la Casa Blanca demócrata para normalizar relaciones con La Habana: toda tensión prolongada es falsa. La premisa de que los inmigrantes cubanos son perseguidos políticos no resistió la prueba del tiempo y el ajuste acabó por revirarse contra sí mismo, al ser utilizado por el castrismo para invadir a Estados Unidos con exiliados de la política, entre ellos fieles compañeros de ruta de Castro que, como Peguero, vienen a jubilarse al imperio.
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