Régimen pretende incapacitar a la recién electa Asamblea Nacional
Expertos advierten que Maduro está rompiendo con la Constitución
La estrategia del régimen es peligrosa y luce desesperada
Por Antonio Maria Delgado
Debilitado por el resultado electoral, el régimen de Nicolás Maduro redobla sus esfuerzos por desmantelar las instituciones democráticas de Venezuela, creando inconstitucionalmente un Congreso paralelo que suplantaría a la nueva Asamblea Nacional y esforzándose por mantener al Tribunal Supremo de Justicia reducido a una camarilla de incondicionales.
Los pasos adoptados por el régimen de Maduro --que buscan incapacitar a la recién electa Asamblea Nacional-- son vistos por analistas como la versión chavista de un autogolpe, con rasgos similares al ejecutado en Perú en 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori disolvió al Congreso.
“El objetivo es ése, minar a la nueva Asamblea Nacional, quitarle inclusive el espacio físico, tratar por todas las vías de que no funcione y eso es en realidad un golpe de Estado”, dijo el abogado constitucionalista Allan Brewer-Carias.
“Un golpe de Estado no es solo cuando se tumba a un presidente, sino cuando se tumba a la Constitución. Y eso es lo que pretenden hacer”, advirtió.
También es un golpe a la voluntad popular, que en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre votó de manera mayoritaria a favor de un cambio, señaló el ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Diego Arria.
Con ello el régimen no solo está desconociendo el voto opositor, sino también el voto de todos los venezolanos que participaron en los comicios, manifestó.
“Al montar un organismo paralelo, están negándole a casi el 70 por ciento de los venezolanos la voluntad manifestada en las urnas”, dijo el diplomático desde Nueva York.
El saliente presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, dejó al descubierto las pretensiones del régimen de desmantelar la institución que él actualmente encabeza, al instalar lo que bautizó como el Parlamento Comunal Nacional, cediéndole parte de las instalaciones del Poder Legislativo para que realice sus funciones.
La instauración del nuevo cuerpo legislativo, cuya figura no aparece en la Constitución, se enmarca dentro del proyecto de transformación del Estado en una república socialista de corte castrista que conlleva una nueva arquitectura del poder en Venezuela, contemplado en la Ley de las Comunas.
Esa ley, cuyo contenido fue rechazado por los venezolanos en un referendo revocatorio, fue posteriormente aprobada por el fallecido presidente Hugo Chávez a través de la ley habilitante que le fue otorgada por el saliente Congreso.
Aunque aún está por verse si el chavismo logrará imponer los preceptos de la ley por encima de los lineamientos de la Constitución, en lo que distorsionaría hasta un extremo las normas de jurisprudencia establecidas universalmente, analistas dijeron que el objetivo del chavismo es claro: “el desmantelamiento de la institucionalidad en Venezuela”.
“Están apostando a la ingobernabilidad y al caos, desinstitucionalizando al Estado”, dijo desde Londres Diego Moya-Ocampos, analista senior para América Latina de IHS Global Insight.
Lo aplicado por el chavismo es el equivalente político de la estrategia militar que “quemar la tierra” empleada por ejércitos en retirada para evitar que los adversarios puedan encontrar algo de utilidad en el terreno concedido.
Pero es una táctica desesperada, dijo Moya.
“Este gobierno, a sabiendas que el fin es inminente, y que la popularidad de Maduro y del grupo en el poder está en el piso, está tratando de evitar que la nueva Asamblea, haciendo uso de los instrumentos democráticos que existen, puedan gradualmente incrementar su influencia”, señaló.
Maduro, por su parte, ha dado señales que está dispuesto a echar más gasolina en un piso ya saturado de combustible, declarando abiertamente que resistirá a capa y espada todo intento por desmantelar a la Revolución Bolivariana aún cuando la población, desesperada por el caos económico creado por el propio chavismo, votó masivamente en su contra en los comicios del 6 de diciembre.
“Juro que mientras esté vivo, no voy a rendir la revolución bajo ninguna circunstancia. Preparémonos para la sangre y la masacre, y para defender nuestra patria y ganar, sin importar el costo”, manifestó el gobernante recientemente.
Por el momento, el grueso de la batalla recae en la conformación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde parte del previsible choque de fuerzas entre el chavismo y las fuerzas democráticas del país tendrá lugar, una vez que la nueva Asamblea Nacional sea juramentada el 5 de enero.
Liderada por Cabello, la saliente Asamblea Nacional convocó a cuatro sesiones extraordinarias esta semana -dos el martes y dos el miércoles- para tratar de aprobar aceleradamente la designación de 13 nuevos magistrados al TSJ para reemplazar a igual número de jueces de la máxima corte que pasaron a retiro.
Las pretensiones de la saliente Asamblea han despertado una ola de críticas.
“[El oficialismo se dispone] a atropellar la Constitución al pretender designar de forma violenta” a nuevos magistrados, expresó la ex magistrada Blanca Rosa Mármol de León en declaraciones publicadas por la prensa local.
El también ex magistrado Jorge Rosell coincidió: “Todo el proceso de postulaciones debe repetirse porque la independencia judicial es la base del sistema democrático y un TSJ seleccionado a discreción por la actual bancada oficialista solo buscaría bloquear las decisiones del nuevo Parlamento”
Parte de la preocupación se debe al tipo de personas que la saliente Asamblea piensa juramentar como magistrados esta semana, explicó Moya.
“Están tratando de colocar allí a puros incondicionales para de esa manera contar con un TSJ que obedezca fielmente sus órdenes y de esa manera tratar de neutralizar las dos terceras partes de la Asamblea Nacional en manos de la oposición”, dijo.
La oposición, por su parte, dijo que prevé exigir que los actuales candidatos a magistrados presentados por el chavismo, cuenten con los debidos requisitos estipulados en la Constitución, en términos de grado de experiencia y de preparación, y advirtió que quienes no cumplan con las normas estipuladas serán impugnados.
Ante los pasos dados por el chavismo para tratar de incapacitar a la recién electa Asamblea Nacional, Arria abogó a favor de la convocatoria de un “Gran Frente Nacional”, conformado por gremios, sindicatos, la iglesia, estudiantes y rectores universitarios, para hacerle frente a las pretensiones del régimen por terminar de desmantelar a las instituciones democráticas del país.
“Una sociedad como la nuestra bajo un régimen militarizado acompañado de grupos violentos no tiene armas para defenderse, pero si tiene la fuerza institucional que nos ha dado nuestra victoria electoral, pero eso obliga a pronunciarnos con firmeza”, expresó el diplomático.
La actual situación del país “obliga a convocar con extrema urgencia una mega rueda de prensa nacional e internacional para denunciar con toda claridad y precisión el golpe en marcha que no se ha detenido desde el intento” de golpe de Estado emprendido por Chávez el 4 de febrero de 1992, agregó.
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