La Asamblea venezolana busca vías para lograr un cambio de Gobierno
Un parlamento conformado por una mayoría opositora al chavismo se da seis meses de plazo para "cambiar al Gobierno"
Oficialistas y opositores discuten en la asamblea / EFE
Por Ewald Scharfenberg /Caracas / El País / ABC.es
Las casas de los venezolanos han amanecido este martes con la bandera tricolor izada en alto como si fuera un día de fiesta nacional. Esto es por la consigna que lanzó la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) la pasada semana para apoyar la instalación de la Asamblea Nacional, integrada por la mayoría cualificada de los dos tercios de 112 diputados de la oposición contra los 55 del chavismo.
La cita de la multitudinaria manifestación opositora para apoyar a sus diputados ha sido a las 10 de la mañana en la estación del Metro La Hoyada, situada a unos 400 metros de la entrada del palacio legislativo en el centro de Caracas. Ha transcurrido pacíficamente y no ha habido focos de violencia.
La concentración secundada por el movimiento estudiantil y los 28 partidos y movimientos que integran la MUD fue multitudinaria, aunque en algunos puntos estratégicos alrededor del perímetro de la sede del legislativo se presentaron motoristas encapuchados en actitud provocadora.
Entre los invitados internacionales que acudieron a la cita está el ex presidente de Colombia, Andrés Pastrana, quien no se perdió ni un minuto del histórico acto.
En cambio los «colectivos» chavistas que fueron convocados a marchar desde el barrio «23 de Enero» hasta Miraflores, sede del palacio de gobierno, que también queda a 400 metros del Legislativo, fue bastante escasa y poco entusiasta. La cita fue en la plaza «Lina Ron». «Aquí está el pueblo de Chávez, marchamos pacíficamente y acompañamos a los 55 diputados chavistas», dijo Yasir Muñoz, uno de los seguidores en camisa roja.
Antes de juramentarse, lo primero que hicieron los nuevos parlamentarios opositores fue sacar la fotografía del difunto Chávez de la galería del parlamento, y abrir las puertas del hemiciclo a toda la prensa para la cobertura y transmisión de la instalación, algo que hasta ahora fue exclusividad del canal ANTV, que por cierto fue desmantelado a última hora por el parlamento saliente.
Poco antes de la una y media de la tarde de este martes en Caracas,Henry Ramos Allup, dirigente del partido Acción Democrática (AD), se juramentó a sí mismo –luego de ser elegido con los votos de la mayoría opositora- como nuevo presidente de la Asamblea Nacional para el periodo legislativo 2016-2021. Así daba inicio a una nueva era política en Venezuela, una dimensión desconocida en la que un parlamento con mayoría de dos tercios de la oposición se prepara a desafiar con sus facultades constitucionales al debilitado Gobierno de Nicolás Maduro.
El expresidente de la Asamblea Nacional y diputado electo por Monagas, Diosdado Cabello, y la primera dama, Cilia Flores, diputada por el estado Cojedes, acudieron a la instalación, pero también Lilian Tintori y la gente de Voluntad Popular, reclamando con pancarta en mano «Amnistía Ya», alusiva a la ley de amnistía para liberar a los presos políticos, entre ellos, su esposo Leopoldo López.
Pedro Carreño, de la bancada chavista, reclamó que de los 167 asientos del Parlamento sólo se habían admitido 163, restando a los 4 diputados del estado Amazonas (3 de la oposición y 1 del chavismo) que fueron suspendidos por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.
La intervención de Carreño fue abucheada por improcedente. Previamente la rectora del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas, declaró a la prensa que los 167 diputados electos ya fueron proclamados oficialmente por el CNE. Pidió respetar la actuación de la autoridad electoral y no venir a cambiar las reglas de juego a última hora por el poder judicial.
Apenas minutos más tarde se vio la primera muestra del encono que, se espera, dominará las sesiones del legislativo de ahora en adelante. El resto de la directiva, que incluye al democristiano Enrique Márquez como primer vicepresidente y a Simón Calzadilla, del centroizquierdista Movimiento Progesista, prestó juramento entre abucheos y rechiflas de la bancada revolucionaria y sus barras bravas. El jefe de ese bloque, el ex ministro de Educación y diputado, Héctor Rodríguez, presentaba constantes mociones de orden ante Ramos Allup. A la postre, los representantes chavistas abandonaron el hemiciclo como protesta ante lo que consideraron violaciones al reglamento interno de la asamblea.
Lo que colmó la paciencia de los diputados oficialistas fue la intervención del jefe de la bancada opositora, Julio Borges, del partido Primero Justicia (PJ), en la que mencionó como primer cometido de la agenda parlamentaria la aprobación de una Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional para beneficiar al casi centenar de presos políticos. De acuerdo al bando progubernamental, una intervención de ese tipo no tenía cabida en una sesión inaugural.
Ramos Allup, que lamentó la deserción de sus colegas chavistas, mencionó además en la jornada la que parece la mayor y más explícita amenaza prodigada al régimen: ofreció que desde la asamblea se implementará en seis meses un mecanismo “para cambiar de gobierno”.
El dirigente socialdemócrata llegó a la presidencia parlamentaria, según se hizo constar, con 109 votos a favor del bloque opositor, y no de los 112 oficiales que constituyen la mayoría de dos tercios de los escaños sobre un total de 167. De ese modo se notaron los efectos de la medida cautelar emitida hace una semana por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para suspender la proclamación de los diputados electos en el estado de Amazonas-tres de oposición y uno del oficialismo-, en respuesta a recursos de impugnación introducidos por el progubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) contra los resultados de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre en tres circunscripciones regionales.
El Tribunal Supremo estudia todavía el fondo del asunto. De fallar a favor de las impugnaciones introducidas por el chavismo, podría ordenar la repetición de las votaciones en los circuitos electorales objetados, donde la oposición cosechó nueve diputaciones el 6 de diciembre contra una sola del oficialismo.
En medio de las tensiones, sin embargo, se logró la conformación del parlamento, un trámite que parecía en vilo hasta la víspera por las amenazas de choques y violencia callejera.
Tanto oficialismo como oposición habían convocado a sus militantes a apersonarse en las calles del centro de Caracas para apoyar a sus respectivas bancadas. Los llamados simultáneos prometían crear el caldo de cultivo para una batalla campal.
No obstante, horas antes el presidente Nicolás Maduro pidió a sus seguidores que permitieran instalar “tranquila y en paz” a la Asamblea Nacional, y a las Fuerzas Armadas garantizar el orden durante el acto de constitución del parlamento. El pedido explícito de Maduro en la víspera del compromiso, transmitido por cadenas nacional de radio y televisión, desactivó el potencial conflicto.
El mandatario anunció que con las autoridades militares se había acordado confinar la movilización de los simpatizantes del chavismo en un sector al oeste del palacio presidencial de Miraflores, mientras se reservó a la oposición un área al este de la Asamblea Nacional. “Si se quieren movilizar lo pueden hacer en paz”, dijo a los manifestantes de oposición, a quienes, por vía de los hechos, desde febrero de 2014 se había prohibido marchar por el municipio Libertador del área metropolitana, correspondiente al centro-oeste de la capital. “Si quieren salir lo pueden hacer en un perímetro estudiado, con suficiente espacio para que el paso a la Asamblea no quede obstruido, siempre que sea en paz”.
Las calles del centro de Caracas amanecieron tomadas por efectivos militares y piquetes antidisturbios. Seis estaciones del metro permanecieron cerradas. Los cuerpos de seguridad organizaron hasta tres barreras que franquear para tener acceso al Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea.
Las previsiones no impidieron algunos brotes de violencia en los alrededores. Reporteros de los websites informativos El Pitazo y La Patilla resultaron agredidos. En el sector de La Hoyada, integrantes de los colectivos chavistas prendieron fuego a banderas de Primero Justicia.
 Maduro arrebata poderes al Parlamento sobre el Banco Central
A partir de ahora será el presidente de Venezuela quien designe al director de la instituciónSolo un día antes de que tomara posesión la nueva Asamblea Nacional, en la que la oposición venezolana goza de mayoría abrumadora, el presidente, Nicolás Maduro, apuró los poderes que le había facilitado el anterior Parlamento chavista para reformar la Ley del Banco Central. Según la medida adoptada por el mandatario, la institución perderá la poca independencia con la que contaba y pasará a depender directamente del Gobierno y no de la Cámara, como hasta ahora.
Quizás el cambio con mayor trascendencia es la posibilidad que tendrá el Banco Central a partir de ahora de obtener, otorgar o financiar créditos al Estado en caso de que “exista amenaza interna o externa a la seguridad u otro perjuicio al interés público”. Eso supone que la autoridad monetaria podría financiar sin límites al Ejecutivo y sin supervisión parlamentaria y que el organismo, según detalla el portal Prodavinci, podrá suspender las operaciones que mantiene con las instituciones si no facilitan la información que solicite el propio Banco.
Las modificaciones dejan sin efecto la prohibición de que el ministro “que tenga bajo su competencia las finanzas públicas” forme parte del directorio. Los cambios establecen precisamente lo contrario: ahora este funcionario debe formar parte de la directiva.
Una de las principales críticas de la oposición al régimen de Maduro, que se había comprometido a cambiar una vez tomasen posesión los 112 diputados electos, es la opacidad del Banco Central en el último año. La institución no ha facilitado información sobre el Producto Interior Bruto, la escasez o la evolución de la inflación, que algunos organismos sitúan en más del 200%.
Tras la medida adoptada por Maduro —aprobada el pasado día 30 pero publicada este lunes— no habrá cambios en este sentido. Según la ley promulgada, el Banco Central de Venezuela “podrá clasificar determinada información como secreta o confidencial, cuando la divulgación o el conocimiento público anticipado de las actuaciones pudieran derivarse perjuicios para los intereses generales”.
Más aún, la nueva regulación de la actividad del Banco Central permite al organismo acordar con el Ejecutivo “el esquema de suministro de información durante circunstancias internas o externas que amenacen la Seguridad Nacional y la estabilidad económica de la Nación”, un paraguas que permite albergar muchos supuestos.
La reforma adoptada in extremis por el Gobierno chavista también ha arrebatado a la nueva Asamblea Nacional la facultad de elegir al presidente o al directorio de la institución. Ahora, será el presidente del país quien designe, para un periodo de siete años, al responsable del Banco Central.
La nueva Asamblea que ayer tomó posesión podría revertir esta nueva norma sobre el Banco Central. Para ello, al tratarse de una ley orgánica, necesitaría los dos tercios del Parlamento, es decir, conservar la unanimidad de los 112 diputados que obtuvo en los comicios de diciembre. El chavismo ha promovido en los últimos días varios recursos para impugnar los resultados ante el Tribunal Supremo de Justicia. Este, dominado por el oficialismo, los aceptó y emitió una medida cautelar para suspender la investidura de cuatro diputados, tres de la oposición y uno del Gobierno.
Maduro ha aprovechado los poderes para legislar que le facilitó el anterior Parlamento, de mayoría chavista, para adoptar una serie de medidas después de la estrepitosa derrota electoral del pasado 6 de diciembre. Poco después de anunciar las modificaciones de la ley, el presidente venezolano aseguró que está evaluando la posibilidad de emitir un decreto “de emergencia nacional constitucional” para hacer frente a la “guerra económica”, una de las prioridades enarboladas por la oposición que ahora controla la Asamblea.
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