Alertan del peligro que corre un activista gay en una cárcel venezolana
Las prisiones en Venezuela son famosas por su dureza y los abogados de Rosmit Mantilla temen que su integridad física pudiera estar en gran peligro, especialmente debido a que él es un reconocido activista a favor de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.
La vida del apresado activista opositor venezolano Rosmit Mantilla, elegido diputado suplente en las parlamentarias del pasado diciembre, correrá peligro si es trasladado a un penal de presos comunes, advirtió la oficina en Caracas de Amnistía Internacional (AI).
“El miembro de la oposición, activista por los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y trans, y prisionero de conciencia Rosmit Mantilla está en riesgo de ser transferido a una cárcel de delincuentes comunes donde su integridad física podría estar comprometida”, dijo AI en un comunicado.
El traslado fue pedido por la Fiscalía tras una protesta esta semana de Mantilla y otros tres “presos de conciencia” en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, donde habrían dañado cámaras internas de seguridad.
“Un juez debe ahora aceptar o denegar el traslado” solicitado por la Fiscalía tras “un incidente ocurrido en el Sebin donde actualmente Mantilla se encuentra privado de libertad”, relató AI.
Mantilla, miembro del partido de oposición Voluntad Popular, se encuentra detenido desde el dos de mayo de 2014 por cargos relacionados con las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar ese mismo año. "Él es un prisionero de conciencia que no ha formulado ningún llamado a la violencia ni ha hecho uso de la misma, y los cargos de los que se le acusan carecen de evidencia sólida", denuncian desde la ONG, que, añaden, "debe ser liberado inmediata e incondicionalmente".
 El diputado suplente y activista de los derechos de la comunidad sexo-género diversa continúa encarcelado. Su estatus legal resulta polémico, debido a la inmunidad parlamentaria de la que sus allegados y expertos aseguran debe gozar
El Tribunal 8vo de Control de Caracas fijó para el próximo 6 de enero la audiencia de Rosmit Mantilla, quien se encuentra detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en Caracas, señalado por el supuesto financiamiento de las protestas antigubernamentales que se registraron en Caracas desde el 12 de febrero de 2014 hasta mediados del mismo año.
El joven de 33 años, estudiante del séptimo semestre de Derecho y del tercero de Comunicación Social, y defensor de los derechos de la población homosexual, fue imputado como el autor intelectual de incendios de edificios públicos y privados, causar daños graves, obstrucción de vías públicas y asociación para delinquir.
Pero, además de lo anterior, Mantilla resultó electo el pasado 6 de diciembre como diputado suplente de Sergio Vergara, en el circuito 5 del estado Táchira, lo que de acuerdo con el artículo 200 de la Constitución Nacional le otorgaría la inmunidad parlamentaria.
La también diputada electa y abogada Tamara Adrián explicó aContrapunto que según ese artículo quienes resulten electos diputados a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad parlamentaria desde el momento de su proclamación.
Es decir, no podrán ser juzgados ni procesados por delitos, a menos que medie un procedimiento que implica un “antejuicio de mérito” por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y un “allanamiento” (o levantamiento) de la inmunidad por el Parlamento Nacional.
“Él ya debería gozar de su inmunidad parlamentaria, pero si no ocurre tendríamos que llamar a la comunidad internacional. En las situaciones actuales no podemos descartar nada, pero el Tribunal debe actuar en consecuencia y liberarlo”, expresó Adrián.
A la espera del Tribunal
Ingrid de Díaz, madre de Mantilla, informó que los abogados de su hijo entregaron el viernes pasado en el Tribunal 8vo de Control de Caracas el documento que lo acredita como diputado.
“Él debería estar ya en libertad. Sus abogados llevaron al Tribunal que lleva la causa de mi hijo los documentos y la proclamación y estamos esperando una respuesta. A más tardar el día lunes deberíamos tener ya una respuesta”, dijo.
El Nacional publicó este jueves que las diputadas electas a la Asamblea Nacional, Gaby Arellano, Dinorah Figuera y María Gabriela Hernández, acudieron a la sede del Sebin, ubicada en El Helicoide, para entregar al mayor general Gustavo González López, director de este organismo, el documento que acredita a Renzo Prieto, Rosmit Mantilla y Gilberto Sojo como diputados electos en las pasadas elecciones del 6 de diciembre para el Parlamento venezolano.
“Nosotros desde el 10 de diciembre a través de la jurisprudencia de los abogados defensores de Gilberto Sojo, diputado suplente de Dinorah Figuera, de Rosmit Mantilla, diputado suplente de Sergio Vergara y de Renzo Prieto, diputado suplente de quien les habla, hoy le venimos a dar oficialmente al director del Sebin, porque ya se le hizo a los Tribunales competentes y al Ministerio de Interior y Justicia, la credencial que adjudica a estos tres inocentes, hoy electos por la mayoría del pueblo de Aragua y Táchira, como diputados”, explicó Arellano ante los medios presentes.
“Preso de conciencia”
En días pasados, Amnistía Internacional catalogó a Mantilla como un preso de conciencia y consideró, a través de un comunicado, que el diputado debe ser liberado inmediatamente.
“Recordemos que Mantilla es también activista del Movimiento Proinclusión VP, un grupo que promueve los derechos de la comunidad LGBTI dentro de la tolda naranja. Su detención se produjo el 2 de mayo de 2014 y se encuentra detenido injustamente en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), ubicado en El Helicoide. Durante 1 año y 7 meses de su encarcelamiento no se ha presentado ningún tipo de prueba contundente para justificar su detención, por los delitos de instigación pública, intimidación, obstaculización de vías, incendio de edificios públicos y privados, daños violentos y asociación para delinquir durante los meses de protesta en 2014”, se lee en el texto de la referida organización.
Refiere Amnistía Internacional que la acusación del Ministerio Público se basa en un testimonio anónimo que lo acusó de haber recibido dinero para financiar las protestas en contra del gobierno y en las evidencias que el Servicio de Inteligencia indicó haber encontrado en su residencia, como panfletos llamando a las protestas y sobres de dinero.
“Amnistía Internacional considera que el Ministerio Público no ha presentado evidencias que vinculen a Rosmit Mantilla con los delitos que se le imputan. Por ejemplo, basan su acusación por los delitos de instigación, incendio de edificios públicos y privados y daños violentos, en el hecho de que tenía en su posesión panfletos llamando a las protestas en contra del gobierno”, se desprende del texto.
De acuerdo con Amnistía Internacional, el 30 de enero de 2015, el juez a cargo del caso dictaminó que había evidencia suficiente para enjuiciar a Mantilla y negó su libertad provisional.
En ese sentido, la madre de Mantilla precisó que la audiencia de su hijo ha sido diferida 20 veces.
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