Suspendido de su cargo el
Presidente de la Corte Suprema de Alabama,
Roy Moore, por sus dictámenes en contra del matrimonio igualitario
Roy Moore, presidente de la Corte Suprema de Alabama, suspendido en sus funciones
El presidente de la Corte Suprema de Alabama, el juez Roy Moore, ha sido suspendido en sus funciones tras ser denunciado por sus dictámenes contrarios al matrimonio igualitario, que desobedecían palpablemente tanto las decisiones de los tribunales federales como la del mismo Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El juez deberá hacer frente al Tribunal de la Magistratura, que, de considerar los cargos imputados por la Comisión de Investigación Judicial, podría fallar el cese definitivo en su cargo. Para el juez Moore, sin embargo, todo obedece a un contubernio de las organizaciones que apoyan la “agenda LGTB”.
La Comisión de Investigación Judicial acusa al juez Roy Moore de haber cesado en su obligación de actuar con imparcialidad, y de haberse negado a acatar la “clara disposición legal” del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que declaraba inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario. Por ello le acusa de hasta seis violaciones de la ética judicial, que deberán dilucidarse ante el Tribunal de la Magistratura de Alabama.
La denuncia partió de Southern Poverty Law Center (SPLC), una organización de defensa de los derechos civiles que trabaja en el ámbito de los estados del sur. SPLC actuó después de que el juez Moore, emitiera una orden administrativa el pasado 6 de enero, en la que ordenaba a los jueces de familia del estado que cesasen de proporcionar licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. El mandato se emitía seis meses después de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declarase que la prohibición del matrimonio igualitario era inconstitucional, y derogase, por tanto, todas las leyes estatales que la contemplaban. Aunque en realidad, tras recibir la oportuna asesoría legal, ningún juez de familia cumplió con la decisión del juez Moore, pues, como bien señalaron los fiscales federales de Alabama, el único dictamen que debían acatar era el del Tribunal Supremo. También debía hacerlo el juez Moore, pues estaba “obligado por la interpretación y aplicación de la Constitución realizada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos”.
No era la primera denuncia de SPLC contra el juez Moore, porque la orden del 6 de enero tampoco fue su primer acto de clara insumisión legal. Cuando la juez federal Callie V. S. Granade dictaminó en enero de 2015 que la prohibición del matrimonio igualitario en Alabama violaba la Constitución de los Estados Unidos, el magistrado ordenó a los jueces de familia que no acatasen el fallo de la juez federal y les prohibió que facilitasen licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo por contravenir la Constitución de Alabama, creando un auténtico galimatías legal que produjo indefensión tanto en las parejas del mismo sexo como en los propios funcionarios del estado.
Por todo ello, la Comisión reitera que la interpretación efectuada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se debe aplicar específicamente a las prohibiciones estatales del matrimonio entre personas del mismo sexo vigentes en todo el país. “Es evidente que los jueces de familia no estarían ejerciendo su deber ministerial si denegaban la expedición de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo, basándose únicamente en su carácter de ser del mismo sexo”, afirma en su denuncia contra el juez Moore, al que acusa de “ordenar a sabiendas” a los jueces de familia de Alabama “que cometieran violaciones de los Cánones de Ética Judicial”, además de “abandonar su papel como administrador jefe neutral e imparcial de justicia”.
Desde SPLC se ha emitido un comunicado que expresa su satisfacción por que la Comisión de Investigación Judicial haya aceptado presentar cargos contra el juez Moore. En él, acusan al magistrado de que “ha instado a las autoridades estatales y locales a que violen una orden judicial vinculante” y de que ha faltado a su juramento de respetar la Constitución de los Estados Unidos, pues “se ha demostrado en el pasado, y ahora una vez más, que está dispuesto a dejar de lado la ley cuando entra en conflicto con sus creencias religiosas personales. No se puede confiar en que sea un árbitro imparcial de la ley”.
El presidente de SPLC, Richard Cohen, criticaba agriamente al juez, al considerar “que ha dañado su cargo durante demasiado tiempo. Es un fanático religioso, un ególatra que piensa que no tiene que seguir los dictámenes de los tribunales federales con los que no está de acuerdo”. Por todo ello, espera que sea cesado definitivamente de su cargo, “por el bien del estado de Alabama”.
La culpa de todo la tiene la “agenda LGTB” El juez Moore, por su parte, ha argüido como defensa que la Comisión de Investigación Judicial no tiene competencias respecto a las órdenes judiciales dirigidas a funcionarios y jueces. Pero sobre todo, siguiendo con la tónica habitual en él, ha aprovechado para denigrar a las personas LGTB en sus declaraciones y culpar de la demanda a la que está expuesto a una supuesta “agenda LGTB”. Sus palabras son así de lamentables:
La Comisión de Investigación Judicial no tiene autoridad sobre las órdenes administrativas del presidente de la Corte Suprema de Alabama, o sobre el requerimiento legal de la Corte Suprema de Alabama de prohibir a los jueces la emisión de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. La Comisión de Investigación Judicial ha optado por escuchar a gente como Ambrosia Starling, un travesti profeso [en realidad, una activista drag queen], y otros gais, lesbianas y bisexuales, así como a las organizaciones que apoyan su agenda. Tenemos la intención de luchar vigorosamente contra esa agenda, esperando que nuestra postura prevalezca.
Un historial de fanatismo e intolerancia La carrera del juez Roy Moore ha estado salpicada de polémica por su afán de imponer sus creencias cristianas en el ejercicio de sus cargos. También es conocido por su implacable oposición a la igualdad de derechos de las personas LGTB. En 2003 tuvo que cesar en el cargo de presidente de la Corte Suprema, que retomó en 2012, por oponerse a que se retirara del edificio del alto tribunal un monumento dedicado a los Diez Mandamientos de la religión cristiana, que él mismo había ordenado instalar subrepticiamente una noche.
En 2014, declaraba en una conferencia ante un grupo antiabortista que la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege el derecho a la libertad religiosa y de expresión, solo debe aplicarse a los cristianos. En el mismo discurso afirmó que el matrimonio entre personas del mismo sexo ocasionará “la destrucción definitiva de nuestro país”.
La beligerancia del juez Moore contra los derechos LGTB ha sido aclamada por organizaciones fuertemente LGTBfobas como National Organization for Marriage (NOM), Focus On The Family o el Ku Klux Klan, que califican las acciones del magistrado de“alzamiento contra la tiranía judicial”.
Suspendido de su cargo el presidente de la Corte Suprema de Alabama,
Roy Moore, por sus dictámenes en contra del matrimonio igualitario
Roy Moore, presidente de la Corte Suprema de Alabama, suspendido en sus funciones
El presidente de la Corte Suprema de Alabama, el juez Roy Moore, ha sido suspendido en sus funciones tras ser denunciado por sus dictámenes contrarios al matrimonio igualitario, que desobedecían palpablemente tanto las decisiones de los tribunales federales como la del mismo Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El juez deberá hacer frente al Tribunal de la Magistratura, que, de considerar los cargos imputados por la Comisión de Investigación Judicial, podría fallar el cese definitivo en su cargo. Para el juez Moore, sin embargo, todo obedece a un contubernio de las organizaciones que apoyan la “agenda LGTB”.
La Comisión de Investigación Judicial acusa al juez Roy Moore de haber cesado en su obligación de actuar con imparcialidad, y de haberse negado a acatar la “clara disposición legal” del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que declaraba inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario. Por ello le acusa de hasta seis violaciones de la ética judicial, que deberán dilucidarse ante el Tribunal de la Magistratura de Alabama.
La denuncia partió de Southern Poverty Law Center (SPLC), una organización de defensa de los derechos civiles que trabaja en el ámbito de los estados del sur. SPLC actuó después de que el juez Moore, emitiera una orden administrativa el pasado 6 de enero, en la que ordenaba a los jueces de familia del estado que cesasen de proporcionar licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. El mandato se emitía seis meses después de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declarase que la prohibición del matrimonio igualitario era inconstitucional, y derogase, por tanto, todas las leyes estatales que la contemplaban. Aunque en realidad, tras recibir la oportuna asesoría legal, ningún juez de familia cumplió con la decisión del juez Moore, pues, como bien señalaron los fiscales federales de Alabama, el único dictamen que debían acatar era el del Tribunal Supremo. También debía hacerlo el juez Moore, pues estaba “obligado por la interpretación y aplicación de la Constitución realizada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos”.
No era la primera denuncia de SPLC contra el juez Moore, porque la orden del 6 de enero tampoco fue su primer acto de clara insumisión legal. Cuando la juez federal Callie V. S. Granade dictaminó en enero de 2015 que la prohibición del matrimonio igualitario en Alabama violaba la Constitución de los Estados Unidos, el magistrado ordenó a los jueces de familia que no acatasen el fallo de la juez federal y les prohibió que facilitasen licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo por contravenir la Constitución de Alabama, creando un auténtico galimatías legal que produjo indefensión tanto en las parejas del mismo sexo como en los propios funcionarios del estado.
Por todo ello, la Comisión reitera que la interpretación efectuada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se debe aplicar específicamente a las prohibiciones estatales del matrimonio entre personas del mismo sexo vigentes en todo el país. “Es evidente que los jueces de familia no estarían ejerciendo su deber ministerial si denegaban la expedición de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo, basándose únicamente en su carácter de ser del mismo sexo”, afirma en su denuncia contra el juez Moore, al que acusa de “ordenar a sabiendas” a los jueces de familia de Alabama “que cometieran violaciones de los Cánones de Ética Judicial”, además de “abandonar su papel como administrador jefe neutral e imparcial de justicia”.
Desde SPLC se ha emitido un comunicado que expresa su satisfacción por que la Comisión de Investigación Judicial haya aceptado presentar cargos contra el juez Moore. En él, acusan al magistrado de que “ha instado a las autoridades estatales y locales a que violen una orden judicial vinculante” y de que ha faltado a su juramento de respetar la Constitución de los Estados Unidos, pues “se ha demostrado en el pasado, y ahora una vez más, que está dispuesto a dejar de lado la ley cuando entra en conflicto con sus creencias religiosas personales. No se puede confiar en que sea un árbitro imparcial de la ley”.
El presidente de SPLC, Richard Cohen, criticaba agriamente al juez, al considerar “que ha dañado su cargo durante demasiado tiempo. Es un fanático religioso, un ególatra que piensa que no tiene que seguir los dictámenes de los tribunales federales con los que no está de acuerdo”. Por todo ello, espera que sea cesado definitivamente de su cargo, “por el bien del estado de Alabama”.
La culpa de todo la tiene la “agenda LGTB” El juez Moore, por su parte, ha argüido como defensa que la Comisión de Investigación Judicial no tiene competencias respecto a las órdenes judiciales dirigidas a funcionarios y jueces. Pero sobre todo, siguiendo con la tónica habitual en él, ha aprovechado para denigrar a las personas LGTB en sus declaraciones y culpar de la demanda a la que está expuesto a una supuesta “agenda LGTB”. Sus palabras son así de lamentables:
La Comisión de Investigación Judicial no tiene autoridad sobre las órdenes administrativas del presidente de la Corte Suprema de Alabama, o sobre el requerimiento legal de la Corte Suprema de Alabama de prohibir a los jueces la emisión de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. La Comisión de Investigación Judicial ha optado por escuchar a gente como Ambrosia Starling, un travesti profeso [en realidad, una activista drag queen], y otros gais, lesbianas y bisexuales, así como a las organizaciones que apoyan su agenda. Tenemos la intención de luchar vigorosamente contra esa agenda, esperando que nuestra postura prevalezca.
Un historial de fanatismo e intolerancia La carrera del juez Roy Moore ha estado salpicada de polémica por su afán de imponer sus creencias cristianas en el ejercicio de sus cargos. También es conocido por su implacable oposición a la igualdad de derechos de las personas LGTB. En 2003 tuvo que cesar en el cargo de presidente de la Corte Suprema, que retomó en 2012, por oponerse a que se retirara del edificio del alto tribunal un monumento dedicado a los Diez Mandamientos de la religión cristiana, que él mismo había ordenado instalar subrepticiamente una noche.
En 2014, declaraba en una conferencia ante un grupo antiabortista que la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege el derecho a la libertad religiosa y de expresión, solo debe aplicarse a los cristianos. En el mismo discurso afirmó que el matrimonio entre personas del mismo sexo ocasionará “la destrucción definitiva de nuestro país”.
La beligerancia del juez Moore contra los derechos LGTB ha sido aclamada por organizaciones fuertemente LGTBfobas como National Organization for Marriage (NOM), Focus On The Family o el Ku Klux Klan, que califican las acciones del magistrado de“alzamiento contra la tiranía judicial”.
|