Documentos discutidos en el Congreso hechos públicos recientemente
muestran lo que los gobernantes definen como “socialismo próspero y sostenible”
Una mujer cuelga en su ventana un letrero qu dice
‘Hay bocadito’, en La Havana, Cuba, el 24 de mayo del 2016
Por Nora Gámez Torrez - El Nuevo HeraldEl anuncio de la supuesta legalización de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) “en un futuro próximo” puede haber llenado de optimismo a quienes apuestan al desarrollo del sector privado en Cuba, excepto que la medida se encuentra en un documento que recoge un ejercicio de proyección del gobierno cubano... para el 2030.
En efecto, la legalización de las llamadas PYMES como forma de propiedad privada es parte de un proyecto de “conceptualización” elaborado por el Partido Comunista de Cuba que recoge “ las bases teóricas... del modelo económico y social al que aspiramos como resultado del proceso de actualización”, hecho público junto a un “Proyecto de Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030... cuyo cumplimiento contribuirá a alcanzar, en el largo plazo, dicho modelo”.
De modo que quienes esperaban un anuncio inmediato sobre la ampliación del sector privado tendrán que acostumbrarse al lento ritmo de los cambios promovidos desde el Estado.
Ambos documentos, discutidos durante el reciente VII Congreso del PCC celebrado en abril, son reveladores tanto por recoger metas que el gobierno no ha podido materializar durante más de cinco décadas como por detallar premisas ideológicas y políticas económicas que, a la larga, han obstaculizado alcanzarlas.
En los textos —que deberán ser ratificados por la Asamblea Nacional luego de un debate entre militantes y miembros de otras organizaciones “de masas”— se recoge la aspiración de aumentar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), la productividad, las inversiones en infraestructura, la conectividad y el desarrollo tecnológico, así como la integración económica del país al mundo.
Entre los sectores estratégicos de desarrollo identificados en el Plan hasta el 2030 se mencionan, en ese orden: la construcción y el sector electroenergético; telecomunicaciones y conectividad; transporte y almacenamiento para actividades comerciales; redes e instalaciones hidráulicas; turismo y sectores asociados (por ejemplo, marinas, golf e inmobiliario); servicios profesionales, en especial médicos; agroindustria no azucarera e industria alimentaria; producción de fármacos y biotecnología; agroindustria azucarera e industria ligera para el mercado interno.
Asimismo, se reconoce la necesidad de hacer valer los ingresos por el trabajo, mantener la asistencia social, evitar “terapias de choque”, elevar el nivel de vida de la población así como la calidad de servicios clave como la salud y la educación.
En los documentos no se menciona ni una vez la emigración masiva de cubanos, sobre todo jóvenes, un fenómeno que ha aumentado considerablemente en los últimos años, y que junto a la baja tasa de natalidad, ha impactado en la demografía del país. Al respecto, sólo hay una referencia a mecanismos para estimular la natalidad y un reconocimiento general de la importancia de “la estabilidad económica y social, sin inseguridades e incertidumbres sobre el futuro personal y familiar de los ciudadanos, lo que constituye una conquista esencial a consolidar”.
Al mismo tiempo, en “la sociedad futura a que aspiramos”, indican los textos, las relaciones de producción socialistas ocupan “un lugar primordial” junto a la planificación. Ello implica que “la existencia de las formas no estatales está condicionada por los objetivos del desarrollo socialista” y que no se permita “la concentración de la propiedad y la riqueza en personas naturales o jurídicas no estatales”.
En el modelo que tienen en mente los dirigentes cubanos, el mercado será reconocido pero estará bajo regulación directa del Estado y estará integrado al sistema planificado de la economía, que hasta ahora ha arrojado magros resultados.
En este espacio bien acotado se permitirá la inversión extranjera directa y “se reconoce la propiedad privada que cumple una función social, cuyos titulares son personas naturales o jurídicas —tanto cubanas como totalmente extranjeras—, en determinadas actividades”.
El Estado continuará decidiendo las actividades, los sectores en los que se podrá invertir y la escala de los negocios.
Las empresas de propiedad enteramente extranjera serán autorizadas “caso a caso”. mientras que las personas naturales cubanas podrán constituir “pequeños negocios realizados en lo fundamental por el trabajador y su familia” y “empresas privadas de mediana, pequeña y micro escalas, según el volumen de la actividad y cantidad de trabajadores, reconocidas como personas jurídicas”.
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