El gabinete del primer ministro, Malcolm Turnbull, aprobó que se realice a los australianos la pregunta: «¿Debería cambiarse la ley para permitir que parejas del mismo sexo contraigan matrimonio?», indicó el fiscal general, George Brandis, en un comunicado.
El voto en el plebiscito será obligatorio y el resultado será determinado por mayoría simple, es decir el 50 por ciento más un voto, señaló Brandis.
La propuesta prevé destinar 7,5 millones de dólares locales (5,6 millones de dólares) para subvencionar la campaña por el «si» y la misma cantidad para la del «no», pese a que sectores de la coalición gobernante partidarios de la legalización consideran contraproducente esta financiación con dinero público.
El dinero, que será utilizado para publicidad e investigación, será gestionado por dos comités, cada uno de ellos formado por cinco miembros del Parlamento (dos del Gobierno, dos de la oposición y un independiente) y cinco representantes de la sociedad civil.
La convocatoria del plebiscito depende de una serie de leyes que requieren el apoyo en el Senado por parte de la oposición laborista, que aboga por legalizar estas uniones sin someterlas a una votación que creen que podría alentar la homofobia.
«La única persona que obstaculiza el camino para que los australianos voten en la materia, el 11 de febrero próximo, es Bill Shorten», dijo Brandis en referencia al líder laborista.
«Juegos políticos a costa de los homosexuales»
El fiscal general recriminó a Shorten que haga «juegos políticos a costa de las vidas de los homosexuales» y le exigió «que ponga primero los intereses de la causa en la que dice creer» y apoye el plebiscito.
En el debate parlamentario, la «número dos» laborista, Tanya Plibersek, defendió la oposición al plebiscito con una mención a Eddie, un niño de 13 años que se encontraba entre el público con sus dos madres.
Pliebersek dijo que el menor le preguntó por qué personas que no le conocen pueden hacer suposiciones sobre su familia y decidir cómo deben vivir.
Australia, que acepta la unión civil en varios de sus estados, ha recibido críticas de varias organizaciones por su lentitud en la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo.
En diciembre de 2013, el Tribunal Superior anuló una ley que permitía estas bodas en el Territorio de la Capital Australiana por considerar que contravenía la Ley Federal de Matrimonios de 1961.
También han fracasado propuestas legislativas similares en el estado de Tasmania y en Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sídney.
Antes de su ascenso como primer ministro, líder Malcolm Turnbull favoreció con firmeza el voto en el parlamento para cambiar las leyes en torno al matrimonio. Hace unas semanas, en el parlamento, les dijo a los legisladores que él y su esposa, Lucy, habían estado casados durante más de 36 años y ambos votarían para permitir que las parejas del mismo sexo pudieran casarse.
“Nuestra sociedad sería más fuerte si más gente estuviera casada y hubiera menos divorcios”, dijo. “Somos un gobierno comprometido con el matrimonio”.
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