El presidente electo Donald Trump dice que tomará acciones inmediatas para deportar o encarcelar a dos millones —quizá tres— inmigrantes sin documentos y criminales. “Lo que vamos a hacer es detener a los criminales y quienes tienen antecedentes penales, integrantes de pandillas, narcotraficantes”, dijo el domingo en 60 Minutes.
Como muchas de sus propuestas, esta parece dura y directa pero no tiene ningún sentido cuando se analiza… y eso es atemorizante.
Empecemos por el hecho de que la cifra objetivo es inventada: sencillamente no hay tantos inmigrantes que sean delincuentes como él imagina. De acuerdo con cálculos del Migration Policy Institute, de los 11 millones de migrantes sin autorización, unos 820.000 tienen antecedentes penales. Cerca de 300.000 de esos tienen condenas por delitos y son, supuestamente, las malas personas de las que habla Trump. Si los deporta a todos ellos y solo a ellos, sería una muestra de aplicación de la ley discrecional, ya que él ha dicho que hay muchas “personas fantásticas” entre aquellos que no tienen papeles y a quienes se les podría permitir que se queden en Estados Unidos “después de que la frontera esté asegurada y que todo lo demás esté en condiciones normales”.
Y aun así, él también dijo que de dos a tres millones se irían, una cantidad de personas similar a la de la población de Chicago. Trump tendría que arrastrar a muchas personas increíbles y aterrorizar a muchas más para lograr esa meta. Esto requeriría de una gran aplicación de la ley, estatal y local, en contra de personas que no representan amenaza alguna. También significaría un aumento en las redadas en hogares y lugares de trabajo, en investigaciones y en detenciones de tránsito.
Al gobierno de Obama le tomó ocho años deportar a 2,5 millones de inmigrantes. La amenaza de Trump de cumplir esa meta desde un inicio es la razón por la que las comunidades de migrantes están tan atemorizadas. Pero el daño no será inmediato: él simplemente no puede subir a dos millones de personas en autobuses, aviones y barcos para sacarlos de aquí; primero, tendrá que meterlos en el cuello de botella que son las cortes migratorias —donde hay muy pocos jueces y abogados con una gran carga de casos— y llenar centros de detención hasta reventar. Quizá Trump desconozca o niegue el debido proceso, pero este existe.
Mientras tanto, él estaría arrebatando a trabajadores de sus empleos, los mismos trabajadores que colaboran para mantener la economía estadounidense en movimiento. Entonces nos topamos con el problema del servicio policiaco: las redadas indiscriminadas en comunidades de migrantes provocan que las víctimas de crímenes teman y eviten a la policía y que la delincuencia se agrave.
Ya hemos estado en esta horrible situación antes. Arizona hizo esto durante años con el sheriff Joe Arpaio del condado de Maricopa, un aliado de Trump que actuó en la ilegalidad, no respetó los derechos civiles e ignoró otras funciones de la aplicación de la ley. Durante años, los protectores de los derechos humanos lucharon en las calles y las cortes, y finalmente los votantes decidieron no elegir a Arpaio en la elección del 8 de noviembre.
¿Cómo resistir a los intentos de Trump de aplicar el modelo de deportación masiva de Arizona en todo el país?
En gran parte, la respuesta tendrá que ser local. La lista de las ciudades cuyos líderes y policías han afirmado que no participarán en los intentos de Trump es larga y cada vez se suman más nombres. La migración es una responsabilidad federal, dicen, y ellos no desperdiciarán recursos como sus fuerzas policiales, su dinero ni su tiempo en un plan destructivo que no funcionará. “Ese no es nuestro trabajo, y tampoco haré que se convierta en nuestra responsabilidad”, dijo el jefe de la Policía de Los Ángeles, Charlie Beck. El alcalde de Nueva York Bill de Blasio atinó al afirmar que “No vamos a sacrificar a medio millón de personas que viven entre nosotros, que son parte de nuestras comunidades”.
Ese es el tipo de actitud que deberán tener los funcionarios. Si Trump comienza una purga sin sentido, todos los sectores de la sociedad —congregaciones religiosas, fábricas, granjas, escuelas y universidades, individuos— tendrán que levantar su voz y defender a los más vulnerables. Hay que proteger a los jornaleros, quienes son las víctimas más probables de este acoso y esta vigilancia callejera.
Trump y sus aliados republicanos en el congreso han amenazado con recortar el presupuesto federal para las “ciudades-santuario” que acogen a los migrantes, como San Francisco, Chicago y Nueva York. No está claro cuál es el daño monetario que pueden causar, pero solo podemos esperar que estos lugares se mantengan firmes en el preciso momento en el que los preciados ideales estadounidenses estén en riesgo.
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Por El Comité Editorial 
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