EDITORIAL:
‘Bad Dude’? No, but Deported Anyway
¿Un ‘bad hombre’? No, y aun así fue deportada
EE.UU. deporta a una madre mexicana tras vivir más de 21 años en el país (Jun Cen)
El Comité Editorial The New York TimesBajo ningún estándar del sentido común o la decencia Guadalupe García de Rayos debía ser una prioridad en el sistema de deportaciones. García de Rayos, de 35 años y madre de dos adolescentes, fue arrestada el miércoles por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Phoenix. El jueves fue deportada a México, un país del que salió hace 21 años. Su familia, incluidos sus hijos que tienen ciudadanía estadounidense, siguen en Arizona.
El presidente Trump se ha atrincherado en el reclamo —absurdo— de que Estados Unidos será seguro y grandioso de nuevo solo después de combatir a los presuntos millones de bad hombres y “extranjeros criminales”, a quienes ha prometido arrestar y expulsar.
La señora Guadalupe García de Rayos no cumple con ninguna de esas definiciones ni era amenaza alguna, por más que hubiera vivido en Estados Unidos de manera ilegal desde sus 14 años. Las autoridades estaban al tanto de su existencia desde que fue registrada tras una redada en Phoenix en 2008. En los años posteriores, ella acudía regularmente con agentes migratorios para reportarse y estos elegían no deportarla al tener cosas más importantes que hacer.
Trump hizo campaña con la promesa de eliminar esa discreción de los agentes y remplazarla con una aplicación de la ley sin sentido y que no presta oídos. La candidatura de Trump amplificó las pasiones nativistas de sus partidarios y asesores de línea dura, como el hombre que ahora es su mano derecha en el Departamento de Justicia, el fiscal general Jeff Sessions.
Durante la campaña lo más alarmante de las posturas migratorias de Trump no fue el muro, que nunca será construido como él propone. En cambio, siempre fue la posibilidad de una ejecución fortalecida que promete aumentar la miseria en ambos lados de la frontera. Criminaliza a migrantes que obedecen la ley y han vivido en Estados Unidos durante años, así como a los centroamericanos que llegan desesperados por conseguir refugio. Hogares desgarrados, trabajos perdidos, una idiotez tan brutal de todo este asunto.
Trump, o los ideólogos que le susurran al oído y guían sus plumazos, idearon órdenes ejecutivas durante la primera semana de su presidencia que expandieron ampliamente el universo de los posibles blancos de deportación, al incluir a cualquiera culpable de cualquier delito, sin importar con qué antigüedad o si era menor, y a la gente que fue acusada de crímenes sin haber sido condenada. Las órdenes eliminan las prioridades establecidas por el presidente Barack Obama y su secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, bajo las cuales los agentes debían enfocarse estrictamente en los riesgos a la seguridad pública.
La fuerza federal de Trump, especialmente si reincorpora a las agencias policiales estatales y locales a una red de captura migratoria, amenaza con llevar a Estados Unidos de regreso a una época deshonrosa de redadas laborales, rastreos indiscriminados y arrestos masivos. Esto no solucionará nada excepto, quizá, las ganancias de la industria de cárceles privadas.
Es momento de revisar cuidadosamente lo que dice Trump y lo que su gobierno hace. Hay que vigilar a Sessions, al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) y a la Patrulla Fronteriza, una agencia con funcionarios que han abusado de migrantes y que han violado la ley, además de observar a las policías locales, como la de Phoenix, cuyos oficiales ayudaron al ICE a refrenar a los manifestantes que intentaron detener la expulsión de Rayos.
¿En dónde sí hay esperanza? Quizás en los tribunales, donde los jueces se han resistido contra políticas antimigratorias inconstitucionales (el jueves fue bloqueada en una corte de apelaciones la restitución del veto al ingreso de personas de países en su mayoría musulmanas). La esperanza, ciertamente, también está sobre el terreno: Arizona tiene un cuerpo de activistas y abogados migratorios con experiencia, con muchas cicatrices pero también ferozmente decididos, que ya han vivido estas batallas con el maltratador de migrantes del Condado de Maricopa, el exalguacil Joe Arpaio. El estado tiene periodistas que ya han dado cobertura a las mentiras y a los abusos de poder de demagogos antimigratorios.
Trump enfrenta otros obstáculos: ha causado preocupación entre la industria agrícola, que depende en buena medida de trabajadores que Trump llama criminales. Las cortes migratorias estaban abrumadas desde antes de que llegaran los casos impulsados por Trump. Y una constelación de ciudades, pueblos y estados santuario han prometido no cooperar con la mano dura del presidente. La resistencia será formidable.
Pero para incontables familias migrantes inocentes, la pregunta difícil es qué hacer ahora. Había activistas que estaban movilizándose desde el jueves en la noche tras reportes de decenas de arrestos migratorios en todo el país, desde el sur de California hasta Texas. El abogado de García de Rayos, al hablar con reporteros el jueves, dijo que los migrantes deben darse cuenta de que lo que le sucedió a ella fácilmente puede pasarle a los demás. Sugirió que sean más precavidos al lidiar con el ICE y consideren la posibilidad de buscar santuario en iglesias.
EDIT0RIAL EN INGLES
‘Bad Dude’? No, but Deported Anyway
By no standard of common sense or decency should Guadalupe García de Rayos have been a priority for deportation. Ms. Rayos, a 35-year-old mother of two, was arrested on Wednesday by Immigration and Customs Enforcement agents in Phoenix. On Thursday she was deported to Mexico, a country she left 21 years ago. Her devastated family, including her American-born children, remains in the United States.
President Trump persists in the absurd claim that America will be safe and great again only after an assault on “bad dudes” and “criminal aliens,” whom he has promised to arrest and remove by the millions.
But Ms. Rayos fits no such definition and was no threat, though she had been living in the United States illegally since she was 14. She had been known to the authorities since she was caught in a workplace raid in Phoenix in 2008. In the years since, she would check in regularly with immigration officials, who chose not to deport her, having more important things to do.
Mr. Trump ran for office promising to eliminate such discretion and replace it with heedless and pointless enforcement. His campaign amplified the nativist passions of his supporters and hard-line advisers, including the man who is now his right hand in the Justice Department, Attorney General Jeff Sessions.
What was always most alarming about Mr. Trump’s posturing on immigration wasn’t the wall, which will never be built in the way he describes it. It is instead the prospect of ramped-up enforcement that promises to increase misery on both sides of the border. The criminalizing of law-abiding immigrants who have lived in the United States for years, and of the migrants from Central America who arrive desperate for refuge. The households sundered, the jobs lost, the brutal idiocy of it all.
Mr. Trump, or the ideologues who speak into his ear and guide his pen, came up with executive orders the first week of his presidency that vastly expanded the universe of potential deportation targets to include anyone found guilty of any offense, no matter how old or minor, and people accused of crimes but not convicted. The orders sweep away the priorities set by President Barack Obama and his homeland security secretary, Jeh Johnson, under which agents were told to focus strictly on public-safety risks.
Mr. Trump’s federal force, especially if it re-enlists state and local law enforcement agencies in a widening immigration dragnet, threatens to return America to a disgraceful era of workplace raids, indiscriminate sweeps and mass arrests. This will fix nothing, except perhaps the bottom lines in the private prison industry.
It is time to watch closely what Mr. Trump says, and what he and his administration do. Watch Mr. Sessions, Immigration and Customs Enforcement and the Border Patrol, agencies with rogue officers who have abused immigrants and broken the law, and local law enforcement, like the Phoenix police, whose officers abetted ICE in subduing protesters who tried to block Ms. Rayos’s removal.
Where does hope lie? Perhaps in the courts, where judges have resisted unconstitutional anti-immigrant policies. (Reinstatement of Mr. Trump’s travel ban from certain predominantly Muslim countries was blocked by a federal appeals court on Thursday.) Certainly, hope lies on the ground: Arizona has a seasoned, scarred but ferociously determined corps of immigrant-rights advocates and lawyers who have seen these battles before, under the recently ousted immigrant brutalizer of Maricopa County, Sheriff Joe Arpaio. The state has journalists who have covered the lies, the boasting, the abuses of power by anti-immigrant demagogues.
Mr. Trump faces other serious obstacles. He is worrying the agriculture industry, which is heavily dependent on workers Mr. Trump calls criminals. The immigration courts are already vastly overburdened, even before a Trump-led onslaught of cases. And a growing constellation of so-called sanctuary cities, towns and states is pledging not to cooperate in the president’s crackdown. Their resistance will be formidable.
But for countless innocent immigrant families, the hard question is what to do now. Advocates were mobilizing on Thursday night after reports of scores of immigration arrests across the country, from Southern California to Texas. Ms. Rayos’s lawyer, speaking to reporters on Thursday, said immigrants should realize that what happened to her could easily happen to them. He suggested they use great caution in dealing with ICE, and consider the possibility of seeking sanctuary in a church.
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