La justicia ya está a favor del matrimonio gay
Taiwán se convierte en el primer país de Asia en aprobar el matrimonio homosexual
El proceso de aprobación del matrimonio igualitario en Taiwán, del que puntualmente hemos venido informando, ha dado este miércoles un importante paso adelante. La Corte Constitucional de ese país ha considerado que las disposiciones de Código Civil que impiden a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio no se ajustan a la legalidad y ha dado un plazo de dos años al el parlamento taiwanés para que apruebe su reforma. En caso contrario, las parejas del mismo sexo podrán automáticamente comenzar a registrar sus matrimonios. El proceso que se abre ahora, sin embargo, no está exento de dificultades.
El máximo tribunal taiwanés declaró inconstitucional la parte de la ley matrimonial que afirma que
"personas del mismo sexo no pueden entrar en un matrimonio legal" y exigió su enmienda en el plazo de dos años
La Corte Suprema de Justicia de Taiwán ha declarado inconstitucional la restricción del matrimonio a uniones de personas de distinto sexo y ha exigido la legalización del matrimonio homosexual, lo que convierte a la isla en el primer lugar de Asia en permitirlo.
El máximo tribunal taiwanés declaró inconstitucional la parte de la ley matrimonial que afirma que "personas del mismo sexo no pueden entrar en un matrimonio legal" y se exigió su enmienda en el plazo de dos años, anunció el secretario de la corte, Lu Tai-lang, en rueda de prensa.
La declaración de los 14 jueces de la Corte Suprema responde a consultas sobre la constitucionalidad de la actual ley matrimonial presentadas por el veterano activista de los derechos de los homosexuales Chi Chia-wei y el gobierno municipal de Taipei.
"Se ha hecho realidad un sueño que llevo esperando más de 16 años", dijo Chi, tras conocer la decisión, en medio de la algarabía de numerosos grupos a favor del matrimonio homosexual que esperaban expectantes la sentencia.
En 1986, en un momento clave de la ley marcial de Taiwán, Chi hizo lo que para muchos era impensable en esa época, declarase públicamente como homosexual, lo que le costó 162 días de cárcel.
Hace 16 años, en un nuevo asalto a las convenciones sociales, Chi fue el primero en desafiar las leyes que impedían el matrimonio a personas del mismo sexo y pidió -sin éxito- el registro legal de su unión desde 1988 con su pareja.
En 2015, tras un nuevo intento fallido, elevó una consulta de interpretación al Supremo por considerar que la prohibición violaba los derechos de los artículos 7 y 22 de la Constitución, que establecen que todas las libertades y derechos del público que no perjudiquen el orden social o el bienestar público están garantizados.
Por el contrario, grupos religiosos y conservadores recibieron con protestas y consternación la decisión, que según ellos asesta un duro golpe a la tradición china de la isla, la familia tradicional y la moralidad social.
En el campo político, tanto la presidenta, Tsai Ing-wen, como la mayoría de los legisladores del gobernante Partido Demócrata Progresista se han manifestado a favor del matrimonio homosexual.
Ya a finales del 2016, cuando se introdujo un proyecto de enmienda de la ley matrimonial en el Parlamento, se registraron multitudinarias manifestaciones a favor y en contra, pues en la sociedad hay una fuerte división de opiniones.
Grupos religiosos y conservadores, como la Alianza de los Grupos Religiosos de Taiwán para la Protección de la Familia, han pedido que la cuestión se someta a referéndum y han advertido de los efectos nocivos de la legalización, que presenta un modelo sexual y familiar en conflicto con la tradición.
Desde hace ya tiempo lo venimos anunciando: tras las promesas nunca satisfechas de Nepal o de Vietnam, Taiwán (o la República de China, su nombre oficial) es el principal candidato a ser el primer país asiático que aprueba una ley de matrimonio igualitario. Por un lado, su sociedad es una de las más abiertas de Asia hacia la realidad LGTB: una encuesta llevada a cabo en 2014 mostraba ya entonces que el 68% de la población estaba a favor de que las parejas del mismo sexo pudieran casarse, cifra que ascendía al 71% en otra encuesta llevada a cabo un año después. Taipéi, de hecho, es considerada por muchos la ciudad más gay-friendly del continente asiático, celebra un Orgullo multitudinario y es un destino turístico LGTB en alza.
Por otro, existe un activismo organizado y concienciado. Sirva como ejemplo la lucha del activista Qi Jia-wei (o Chi Chia-wei) y su novio, que llevan años peleando en los tribunales para ver reconocido su derecho a contraer matrimonio. Una batalla jurídica que parecía perdida después de que Corte Administrativa de Taipéi desestimase su demanda en 2014, al considerar que la legislación vigente simplemente no lo permitía. O lo sucedido en septiembre de 2013, cuando 800 activistas celebraron con gran éxito un banquete nupcial frente a la sede presidencial para reclamar su derecho a casarse.
En tercer lugar, entre la clase política el matrimonio igualitario cuenta ya con un respaldo significativo. Tanto la capital y Kaohsiung, la segunda ciudad del país, cuentan con un registro de parejas del mismo sexo. Y en octubre de 2015, por primera vez, en las bodas masivas de Taipéi participaron 10 parejas del mismo sexo (cuya unión fue simbólica y sin validez legal), con el apoyo y la bendición de su alcalde, el independiente Ko Wen-je. Pero el hito político que marcó un antes y un después fue la elección, en enero de 2016, de una presidenta, Tsai Ing-wen, favorable al matrimonio igualitario. Su partido, el Partido Progresista Democrático (DPP) conseguía además la mayoría absoluta en el Yuan Legislativo. En octubre, de hecho, se anunciaba una iniciativa parlamentaria de modificación del Código Civil. Dos meses más tarde el proyecto superaba sus dos primeras lecturas, aunque aún le quedan dos lecturas más, cuya discusión estaba prevista que tuviese lugar a mediados de este año 2017.
Frenazo a la ley de matrimonio igualitario en los últimos meses
Lo que resta, ya lo decíamos entonces, es la fase más delicada: ninguno de los partidos representados en el Yuan Legislativo se ha comprometido oficialmente a que la medida sea finalmente aprobada. Una reticencia basada en las reservas de los diputados de los distritos más conservadores y en el temor a la reacción de los votantes cristianos, que suponen alrededor del 5% de la población de Taiwán pero cuyos sectores homófobos han empezado a movilizarse muy activamente. En noviembre, por ejemplo, tenía lugar una manifestación de diez mil personas en Taipéi convocadas por la Alianza de Grupos Religiosos de Taiwán para la Protección de la Familia, para mostrar su protesta tras la aprobación en primera lectura. No demasiadas, comparadas con las 82.000 que participaron en el último Orgullo, pero suficientes como para generar un importante ruido mediático.
Hace unas pocas semanas, de hecho, nos hacíamos eco de la inquietud que cundía en el activismo LGTB taiwanés ante la actitud de precaución que parecía haber adoptado Tsai Ing-wen al respecto. La presidenta, tras reunirse tanto con partidarios como con opositores al matrimonio igualitario, reconocía las dificultades políticas a las que se enfrentaba el proyecto y afirmaba incluso que se abría un camino “largo y díficil”.
Se abre un periodo de incertidumbre
Unos temores que el fallo de la Corte Constitucional de Taiwán (o “Consejo de los Grandes Jueces”, que es su nombre oficial) conocido ese miércoles debería en teoría aplacar. En su sentencia, La Corte ha dado respuesta a un doble requerimiento: el del activista Qi Jia-wei, ya mencionado, y el de la propia ciudad de Taipéi, cuyo gobierno municipal quiso también elevar el asunto al alto tribunal al recibir peticiones de boda que se veía obligado a rechazar. Y lo ha hecho dando un plazo de dos años al Parlamento para modificar el Código Civil. Si pasado ese tiempo no ha habido cambios, las parejas del mismo sexo podrán automáticamente registrar sus matrimonios.
Está por ver ahora qué sucede. Por un lado, el fallo de la Corte podría liberar de presión al Partido Progresista Democrático, que podría así continuar el proceso legislativo ya iniciado con el argumento de que lo obliga la justicia. Pero el DPP podría decidir también que, dado que en dos años el matrimonio será una realidad de facto, prefiere no embarrarse en la lucha política. Otra opción que Taiwan Sentinel recoge es que los legisladores decidan responder a la Corte con una ley de uniones civiles que garantice derechos equivalentes a los del matrimonio, pero que constituya una figura jurídica diferente. Una opción que leyendo la sentencia (que Taiwan Sentinel recoge en inglés) parece en cualquier caso poco probable de sostener.
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