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El tratamiento que Donald Trump y los republicanos dan a Puerto Rico es extremadamente bochornoso. Desde el principio, Donald Trump —que literalmente parece creerse digno de elogio por arrojarle unos cuantos rollos de papel de cocina a una multitud— ha dado a entender que Puerto Rico es responsable de su propio desastre, y ha menospreciado sistemáticamente los esfuerzos de sus ciudadanos por ayudarse unos a otros.
Donald Trump Guaynabo (Puerto Rico)
  QUE COMAN PAPEL DE COCINA PAUL KRUGMAN - EL PAÍS
La situación en Iowa sigue siendo espeluznante. Más de la tercera parte de la población carece de agua potable desde hace tres semanas, y las enfermedades transmitidas por el agua contaminada parecen estar propagándose. Solo la sexta parte de la población dispone de electricidad. El sistema sanitario está en ruinas, y el hambre pura y dura podría ser un problema en algunas zonas aisladas.
Por fortuna, las autoridades federales hacen todo lo posible por ayudar a estos ciudadanos afligidos. El presidente ha dado máxima prioridad a la ayuda humanitaria, elogiando al mismo tiempo los heroicos esfuerzos de los residentes de Iowa para ayudarse unos a otros. Y la generosa ayuda, promete, se mantendrá mientras sea necesario.
Vale, he mentido. La terrible situación que acabo de describir se está dando en Puerto Rico, no en Iowa (que tiene aproximadamente el mismo número de habitantes). Y mi optimista retrato de la respuesta federal —que podría haber sido así si esta pesadilla estuviese teniendo lugar efectivamente en Iowa— es lo opuesto a la verdad. Lo que estamos viendo en realidad es traicionar y abandonar a tres millones y medio de nuestros compatriotas.
Es difícil evaluar con exactitud la respuesta de emergencia inicial al huracán María, aunque hay varios indicios de que fue tristemente insuficiente, muy por debajo de la respuesta dada a desastres naturales en otras partes de Estados Unidos. Lo que está claro, sin embargo, es que la recuperación ha sido dolorosamente lenta, y que la vida de muchos residentes empeora de hecho a medida que los efectos de la escasez de energía eléctrica, de agua y de alimentos empiezan a pasar factura.
Y parece que el Gobierno de Trump trata cada vez más esta tragedia como una cuestión de relaciones públicas, algo de lo que hay que sacar partido político —culpando en parte a las víctimas— y no como un problema urgente que hay que resolver.
Desde el principio, Donald Trump —que literalmente parece creerse digno de elogio por arrojarle unos cuantos rollos de papel de cocina a una multitud— ha dado a entender que Puerto Rico es responsable de su propio desastre, y ha menospreciado sistemáticamente los esfuerzos de sus ciudadanos por ayudarse unos a otros.
A comienzos de semana, por ejemplo, tuiteó un video que daba una imagen positiva de los esfuerzos de recuperación, muy distinta a la que ofrecía la mayor parte de las informaciones independientes, y en el que aparecían muy pocos puertorriqueños. Y como señalaba The Washington Post, la edición del vídeo es de lo más reveladora: un segmento mostraba a trabajadores del Servicio Forestal de Estados Unidos limpiando una carretera, pero la cinta se interrumpía justo antes de que el agente entrevistado elogiase los esfuerzos de los residentes: “Los ciudadanos de Puerto Rico han realizado un trabajo extraordinario a la hora de limpiar las carreteras para que pudiese llegar la ayuda necesaria”.
Por lo visto, el que los puertorriqueños se porten como es debido no encaja con la narrativa oficial. Por otro lado, desde que sucedió el desastre, Trump tardó casi tres semanas en pedir ayuda económica al Congreso, y lo que solicitó fueron préstamos, no subvenciones, algo que, teniendo en cuenta que el territorio está de hecho en quiebra, provoca estupor.
Y está también lo del jueves por la mañana, cuando Trump volvió a culpar a Puerto Rico de su propio desastre y pareció amenazar con cortar la colaboración de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias y del Ejército.
Para que quede claro: Puerto Rico atravesaba graves dificultades financieras y económicas antes incluso del huracán, y parte de esas dificultades reflejaba una mala gestión. Pero la mayor parte era también reflejo de los cambios en la economía mundial —por ejemplo, la creciente competencia de los países latinoamericanos— reforzada por las políticas impuestas por Washington, como el fin de una exención fiscal fundamental y la aplicación forzosa de la Ley Jones, que obliga a depender exclusivamente de las caras empresas de transporte estadounidenses.
Y Puerto Rico no es ni mucho menos la única región de Estados Unidos que sufre dificultades debido al cambio económico mundial, y estas regiones cuentan normalmente con el apoyo federal para ayudar a paliar el problema. ¿Cómo creen que estaría Virginia Occidental si los sistemas de Medicare y Medicaid no atendiesen al 44% de la población? Aparte de los miles de personas que afrontarían la ruina económica o la muerte prematura, ¿qué ocurriría con los puestos de trabajo en la sanidad y la asistencia social, que emplean al 16% de la población activa del estado, muchos más que la minería del carbón?
En cualquier caso, todo esto debería ser irrelevante. El hecho simple es que millones de compatriotas están soportando una catástrofe. ¿Cómo podemos abandonarlos en tiempos de necesidad?
Buena parte de la respuesta reside, sin duda, en la habitual palabra de cuatro letras: raza. Sin duda, los puertorriqueños recibirían mejor trato si fuesen, digamos, de ascendencia noruega.
Pero seamos justos: mientras usted lee esto, Trump trabaja también para destruir la atención sanitaria a millones de estadounidenses más, muchos de ellos blancos no hispanos de clase obrera, los mismos que lo votaron tan abrumadoramente. Yo no llegaría a llamarlo un monstruo de la igualdad de oportunidades —claramente tiene una animosidad especial contra las minorías— pero su egocentrismo y su completa falta de empatía se prodigan de manera muy general.
Sea cual sea la mezcla de motivos, lo que está ocurriendo en Puerto Rico es extremadamente bochornoso. Y todo aquel que permita el régimen que perpetúa esta vergüenza tiene parte de la culpa.
Paul Krugman es premio Nobel de Economía.
Traducción de News Clips.
The New York Times Company, 2017.
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Donald Trump ha dado un golpe casi mortal al Obamacare. El presidente cancela unas ayudas que permiten pagar menos a los más pobres, lo que puede disparar los precios de las pólizas.
Trump golpea a los más pobres al acabar con subsidios del Obamacare
Joan Faus — El PaísDonald Trump ha dado un golpe casi mortal al Obamacare, la ley sanitaria impulsada por Barack Obama y un anatema para muchos republicanos. El presidente estadounidense ha decidido acabar con unos subsidios que son clave para el funcionamiento de la ley. La Casa Blanca anunció a última hora del jueves que no tiene fondos para las ayudas que concede a las aseguradoras para que personas con bajos recursos paguen menos costes extras sanitarios, como copagos. Unas horas antes, Trump había firmado un decreto para fomentar que haya pólizas con menos requisitos.
Los republicanos habían llevado esas ayudas a los tribunales, que les habían dado parcialmente la razón pero el caso está pendiente de sentencia en una corte de apelaciones. “El rescate a las aseguradoras por medio de estos pagos ilegales es otro ejemplo de cómo la anterior Administración abusó los dólares de los contribuyentes y esquivó la ley para dar apoyo a un sistema roto”, señaló el Gobierno en un comunicado. “El Congreso tiene que derogar y reemplazar la desastrosa ley de Obamacare y proporcionar un alivio real al pueblo estadounidense”.
El mensaje de Trump es claro: ante la inacción del Congreso para aprobar una contrarreforma sanitaria, ha decidido actuar por su cuenta y si los legisladores quieren impedirlo deben ponerse manos a la obra. Es una estrategia similar a la que ha adoptado respecto al programa que impide la deportación de los dreamers, los inmigrantes indocumentados que llegaron de pequeños a EE UU. Si el Congreso —en que su partido, el republicano, ostenta la mayoría— no actúa, ese programa quedará cancelado.
Vicisitudes políticas al margen, la decisión sobre el Obamacare tendrá efectos devastadores, sobre todo para personas de bajos recursos: los expertos coinciden en que acabar con los subsidios disparará el coste mensual de las pólizas y puede llevar a las aseguradoras a salirse del mercado. Es decir, es probable que los mercados se suman en el caos cuando precisamente Trump alega que ya lo están y que quiere revertirlo. Y el anuncio llega en un momento delicadísimo, cuando faltan tres semanas para que abra el periodo ordinario para comprar seguros médicos para el próximo año.
“Cortar subsidios sanitarios significará que haya más personas sin seguro en mi distrito”, advirtió Ileana Ros-Lehtinen, congresista republicana por Florida, en un mensaje en Twitter. El presidente, agregó, “prometió más acceso y cobertura asequible. Esto hace lo contrario”. Sin embargo, el líder republicano de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, avaló la decisión de Trump al esgrimir que es el Congreso el que debe decidir sobre las ayudas económicas.
Obamacare, aprobada en 2010, es una ley complejísima. Nadie lo cuestiona y tampoco que no posea ineficiencias. Pero la conclusión varía entre partidos. Para los demócratas, lo importante es que la ley ha dado cobertura a 20 millones de personas que no la tenían y ha establecido requisitos que impiden abusos, como negar coberturas o cobrar más según los antecedentes médicos. Para los republicanos, Obamacare simboliza el intervencionismo y asistencialismo excesivo del Gobierno porque ha disparado los precios de algunos seguros y rebajado la oferta.
La clave de la ley es que crea un mercado regulado para la compra de seguros para las personas (21,8 millones, un 7% de la población) que no obtienen asistencia a través de sus empleos o el Gobierno (con sus programas públicos para personas muy pobres o jubiladas). Dentro de ese mercado, el Gobierno concede dos tipos de subsidios para gastar menos en sanidad. Por un lado, cuatro de cada cinco asegurados a través de Obamacare recibe algún tipo de ayuda que rebaja el coste mensual de su póliza. En paralelo, las personas con ingresos bajos —que ganan entre 12.000 y 30.000 dólares anuales— reciben otras ayudas para pagar menos costes extras al margen de su póliza, como copagos por acudir a un médico o reducir su nivel mínimo de gastos.
Estas últimas ayudas las paga el Gobierno a las compañías aseguradoras. El año pasado el coste ascendió a 7.000 millones de dólares. Los subsidios pueden llevar a una persona a ahorrarse 6.000 dólares al año, según cálculos de The Commonwealth Fund, una organización que analiza el mercado sanitario.
Pero los pagos son problemáticos. Los republicanos de la Cámara de Representantes recurrieron en 2014 las ayudas alegando que eran ilegales dado que el Congreso nunca las aprobó como parte del presupuesto anual del Gobierno. Un juez les dio la razón, pero el Gobierno Obama presentó un recurso y no hay una sentencia final. La Administración Trump había mantenido hasta ahora los pagos y muchos legisladores y expertos le habían pedido que los continuara hasta que se llegara a una solución definitiva. El presidente, sin embargo, ha decidido dar un puñetazo sobre la mesa y acabar con ellos. Cinco Estados, liderados por California, han anunciado que recurrirán la decisión.
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