‘Panecillos dulces’, sexo ilícito y encubrimientos
Los oscuros secretos del sistema de justicia juvenil de Florida
Por Carol Marbin Miller y Audra D.S. Burch
La muerte de un joven detenido ... Los jóvenes acababan de regresar al Módulo 9 del centro de detención de menores de Miami desde el comedor cuando uno de ellos golpeó con fuerza a Elord Revolte. Entonces otros jóvenes se sumaron a la golpiza contra el muchacho de 135 libras de peso.
Uno de ellos dijo que fue un “pisoteo”, y les hizo una demostración a los detectives saltando con ambos pies sobre el suelo.
Elord, de 17 años, se defendió como gato boca arriba. “Le lancé un golpe”, dijo el joven que le pegó primero. “Logré pegarle. Entonces él lanzó dos golpes y me pegó. Volví a lanzarle un golpe y entonces lo agarré por la camisa y le pegué de nuevo. Entonces lo levanté y le estrellé la cabeza contra el suelo y lo volví a golpear. ... Todos mis amigos empezaron a saltar por encima de las butacas, mientras Elord estaba en el suelo, y saltaron con los pies sobre él”.
Las cámaras de vigilancia del Centro Regional de Detención Juvenil de Miami-Dade muestran la muerte de Elord Revolte, de 17 años, desde dos ángulos. El joven terminó en el suelo después que más de una docena de chicos lo golpearan y patearan por más de un minuto. La Fiscalía del Estado dijo que la mala calidad del video obstaculizaba su capacidad para responsabilizar a alguien.
Cuando Elord logró levantarse de la golpiza, que duró 68 segundos —cada golpe y patada quedaron grabados en una cámara de vigilancia— estaba demasiados furioso como para saber que estaba lesionado. Dijo que lo único que quería hacer era matar a los que lo habían golpeado tan salvajemente.
Treinta horas después, Elord estaba muerto, víctima de una hemorragia interna debido a la golpiza, que dos de los jóvenes dijeron fue instigada por un agente de detenciones.
La muerte de Elord Revolte hace recordar muchos de los oscuros secretos del problemático sistema de justicia juvenil de la Florida, como la incompetencia en la supervisión, servicios médicos cuestionables, investigaciones internas que intencionalmente no tocaron ciertos hechos y casos de violencia inducida por el personal, a veces comprada por el precio de un pastelillo.
Treinta horas después, Elord estaba muerto, víctima de una hemorragia interna debido a la golpiza, que dos de los jóvenes dijeron fue instigada por un agente de detenciones.
La muerte de Elord Revolte hace recordar muchos de los oscuros secretos del problemático sistema de justicia juvenil de la Florida, como la incompetencia en la supervisión, servicios médicos cuestionables, investigaciones internas que intencionalmente no tocaron ciertos hechos y casos de violencia inducida por el personal, a veces comprada por el precio de un pastelillo.
La falta de rendición de cuentas ha dejado a menores en peligro, a empleados incompetentes a cargo de los muchachos y a padres frustrados y temerosos, que en algunos casos han tenido que llorar la muerte de sus seres queridos.
“Trataron a mi hijo peor que a un perro”, dijo Enoch Revolte, el padre de Elord. “Mi hijo no era un perro. Mi hijo merece justicia”.
Pero su hijo no tuvo justicia porque nadie fue acusado de su muerte.
Ni siquiera los más de 12 jóvenes que lo emboscaron.
Tampoco el oficial del centro de detención, identificado por un detenido como la persona que ordenó el ataque porque Elord había hablado de más unos minutos antes.
Ni las enfermeras que esperaron un día para llevar a Elord al hospital mientras sangraba internamente.
Ni los administradores, quienes incluso después de repetidas advertencias, no entregaron equipos de vigilancia modernos a los centros de detención juveniles.
A raíz de la muerte de Elord Revolte el 31 de agosto del 2015, que es al menos el duodécimo joven que fallece tras las rejas desde el 2000, el Miami Herald comenzó una amplia investigación del sistema de justicia juvenil en la Florida.
Los reporteros estudiaron tanto los dos centros estatales de detención de menores, donde están encerrados muchachos de entre 13 y 18 años acusadas de delitos, así como los “programas” estatales de residencias, instituciones parecidas a las prisiones adonde los jueces envían a los menores a cumplir sentencias y recibir tratamiento. Estas residencias son operadas por empresas privadas pero financiadas y supervisadas por el estado.
Los periodistas del Herald estudiaron 10 años de informes de incidentes del Departamento de Justicia Juvenil, investigaciones del inspector general y revisiones administrativas, así como informes de uso de fuerza, archivos policiales y casos judiciales, inspecciones estatales, registros de bienestar infantil y de prisiones, correos electrónicos, archivos de personal, videos de vigilancia y declaraciones escritas de testigos y víctimas. También realizaron numerosas entrevistas con administradores, defensores públicos, fiscales, jueces, defensores de menores, asesores, padres y jóvenes en toda la Florida. Asimismo, recorrieron media docena de programas en dos estados y observaron casos juveniles en los tribunales.
La investigación concluyó que durante años —mucho antes de la muerte de Elord— los jóvenes se quejaban de que los empleados de los centros de detención los convertían en mercenarios, ofreciéndoles panecillos dulces (Honey Buns) y otras recompensas por maltratar a otros detenidos. Es una forma en que los empleados ejercen control sobre los detenidos sin tener que arriesgar su empleo recurriendo personalmente a la violencia. Es muy raro que en estos casos se presenten cargos penales.
De las 12 muertes cuestionables desde el año 2000, que incluyeron asfixia, golpes por parte del personal, un ahorcamiento, una golpiza de un detenido a otro, así como enfermedades y lesiones no tratadas, ningún empleado ha pasado un día en prisión.
Christina K. Daly, secretaria del Departamento de Justicia Juvenil, dijo que la agencia no tolera el maltrato a los jóvenes detenidos. “El Departamento de Justicia Juvenil está comprometido con la reforma del sistema en la Florida. Durante los últimos seis años hemos trabajado para asegurar que los jóvenes reciban los servicios que necesitan en el lugar adecuado, y que nuestras instalaciones y programas son educativos y seguros para los jóvenes en nuestra custodia”, dijo.
La cultura de castigos violentos en el centro de detención de menores de Miami-Dade pudiera salir a la luz en un tribunal abierto cuando un adolescente enfrente juicio por un asesinato cometido en una esquina de Liberty City. La madre de la víctima dice que el personal del centro de detención lo animó a golpear a otros. El supuesto agresor fue víctima de una golpiza un poco más de un año antes.
Después de la muerte de Elord, fiscales de Miami-Dade y la unidad anticorrupción de Miami-Dade comenzaron a investigar en respuesta a un reportaje investigativo del Miami Herald sobre el incidente. En el artículo, la principal asistente del defensor público para la división juvenil, Marie Osborne, dijo que el escaso personal hace que algunos detenidos hagan cumplir las reglas y que “aquí, un panecillo dulce es como un millón de dólares”.
Aunque no presentaron cargos penales, los fiscales concluyeron que los agentes de detención “probablemente se involucraron en la práctica de ofrecer panecillos dulces u otros alimentos a los detenidos para que realizaran agresiones físicas como medio de castigo por comportamiento desordenado u ofensivo”. Sin embargo, los fiscales concluyeron que la alegación de que un agente de detenciones instigó la golpiza que mató a Elord Revolte “no se corroboró con las pruebas descubiertas en esta investigación”.
El Departamento de Justicia Juvenil realizó su propia investigación sobre el uso de los “panecillos dulces” después del reporte del Herald. A pesar de que varios testigos dijeron a los investigadores que el personal del centro de detención instigaba peleas mediante el ofrecimiento de recompensas, el inspector general concluyó que no había pruebas suficientes para probar o refutar la alegación.
Si este tipo de brutalidad es un síntoma de lo que abruma al sistema de justicia juvenil de la Florida, éstas son algunas de las causas:
▪ Personal inexperto y mal pagado: el estado ofrece a los agentes de detención un salario inicial de $12.25 la hora para proteger y supervisar a jóvenes que muchas veces tienen enfermedades mentales, adicciones a las drogas, discapacidades y efectos de traumas. Eso significa $25,479.22 al año para un nuevo agente. La Legislatura no ha considerado necesario aumentar la paga inicial desde el 2006, aunque el 1 de octubre aprobó un aumento de $1,400 a los actuales empleados.
El salario inicial se mantuvo sin cambios.
Cuando el estado entregó sus programas de residencia a contratistas privados, renunció a tener algo qué decir voz sobre la paga de estos empleados, a menos que se estipule en el contrato. La compañía TrueCore Behavioral Solutions —que opera 20 programas en la Florida, más que cualquier otra— paga a los recién contratados $19,760 al año.
Algunos estados insisten en que los candidatos a estas plazas tengan un título universitario. La Florida no. Entre los empleados de detención despedidos por acciones indebidas en años recientes hubo un albañil, un procesador de correspondencia, un representante de ventas, un maquinista y un boxeador.
Muchos de ellos compartían una característica común: un físico impresionante.
▪ Verificación inadecuada de personal y normas: Tener un pasado de violencia o abuso sexual no ha impedido conseguir empleo en el Departamento de Justicia Juvenil y las agencias privadas que operan las instalaciones residenciales para menores en la Florida. Al menos hasta hace poco, cuando el Herald comenzó a solicitar archivos de personal y el departamento emitió un memorando interno con directrices más estrictas.
Han contratado a cientos de antiguos guardias de prisiones, entre ellos algunos que perdieron su empleo anteriormente por trato sexual abusivo de colegas, “relaciones indebidas” con reos, contrabando de artículos prohibidos y por dormir en horas de trabajo.
Así las cosas, los resultados son predecibles. Una persona se declaró culpable de derribar a un discapacitado en una residencia, fue condenado y todavía estaba en probatoria cuando empezó a trabajar en un programa juvenil en Jacksonville. Cinco meses más tarde, golpeó violentamente a un joven de 15 años con una linterna.
Una empleada que trabajaba en un hospital psiquiátrico de una prisión, despedida debido a una “relación indebida” con un reo, comenzó a trabajar en un programa juvenil, y a los pocos meses fue acusada de tener relaciones con un detenido en el baño.
Los registros del Departamento de Justicia Juvenil tienen numerosas alegaciones de que empleados tuvieron relaciones sexuales con detenidos. Una consejera de un programa en Fort Lauderdale —era conocida como “la asaltacunas”, escribió un defensor público— tuvo un hijo con un detenido. Seis meses después, el programa le dio una recomendación excelente por su trabajo con menores.
▪ Tolerancia con los encubrimientos: Durante los últimos 10 años, el Departamento de Justicia Juvenil ha investigado 1,455 alegaciones de agentes de detención de menores y otro tipo de personal que no han reportado el trato abusivo de detenidos, o si reportaron un incidente, de mentir sobre las circunstancias. Eso significa casi tres alegaciones a la semana.
En agosto, la Policía del Condado Polk acusó a tres antiguos administradores de la Highlands Youth Academy de alteración de pruebas. El jefe policial Grady Judd dijo que los administradores encubrieron conductas sexuales indebidas destruyendo declaraciones escritas, y ocultaron la agresión a un detenido escondiendo un video incriminatorio.
Judd dijo que los directivos de la academia “no reportaban al Departamento de Justicia Juvenil lo que ocurría y el Departamento ignoraba lo obvio. Lo ignoraron todo”.
▪ Cámaras de seguridad defectuosas: Desde hace por lo menos 15 años, se ha dicho enfáticamente a los administradores que las cámaras de video viejas y defectuosas socavan la capacidad del estado para investigar hechos indebidos. Y que los sistemas son fáciles de eludir.
Una investigación en el 2015 sobre alegaciones de que un adolescente fue golpeado en la ducha después que un empleado “preparó la agresión” fue obstaculizada cuando la agencia descubrió que segmentos de video por un total de 135 segundos de dos cámaras habían desaparecido. Un video en otro caso muestra a un detenido de pie sobre una silla moviendo el lente de la cámara hacia un lado como preparación para una golpiza supuestamente alentada por un miembro del personal. El caso de Elord Revolte fue sencillamente el más reciente en el que las cámaras de seguridad tuvieron un papel crítico.
Impunidad jurídica de personal abusivo: Después que un adolescente falleció a causa de una lesión en la cabeza cuando un empleado de West Palm Beach lo estrelló contra el suelo, los legisladores aprobaron en el 2014 una ley que facilitó penalizar al personal que abusara o no se ocupara debidamente de los jóvenes. La Policía Estatal de la Florida no pudo citar ningún ejemplo en que se invocara dicha ley hasta agosto pasado, cuando los tres ex administradores fueron acusados en Highlands.
Si el trato duro tiene por fin impedir que los jóvenes no vuelvan a delinquir, no parece esté funcionando. El estado informa que 45 por ciento de todos los detenidos terminan regresando al sistema de justicia en un período de un año, muchas veces como delincuentes adultos. Aunque no se pudo encontrar información precisa, queda claro que los programas de justicia juvenil de la Florida se han convertido en una vía de acceso al sistema de prisiones para adultos.
Mark Steward, quien fue director de la División de Servicios a Jóvenes del estado de Missouri durante más de 17 años y se le acredita haberlo convertido en un modelo nacional, dijo: “Todo el mundo debe sentirse avergonzado por permitir que esto suceda. Todos, los legisladores, el gobernador, los que dirigen estos programas”.
Durante años, los “abusos a cambio de recompensas” y de otro tipo han sido tan comunes en el sistema como las cercas de alambre de púas y los vegetales en las comidas.
Gordon Weekes, principal defensor público de casos juveniles en el Condado Broward, dijo que su oficina se ha quejado repetidamente de casos de jóvenes malnutridos a quienes el personal manipula. El Departamento de Justicia Juvenil pudiera aliviar el problema, dijo, eliminando las máquinas de vender golosinas de las salas de descanso de los empleados y hacer cumplir estrictamente la prohibición de traer comida de afuera.
“Ellos tienen pruebas. Tienen las quejas. Tienen un patrón de incidentes en toda la Florida”, dijo Weekes. “Es una barbaridad”,
Miles de agentes y empleados de justicia juvenil supervisan a adolescentes rebeldes y a veces violentos en toda la Florida. La mayoría sigue las reglas, trata a los detenidos con decencia y ofrecen la guía y las enseñanzas necesarias. Sus empleos, además de pagar mal, tienen riesgos significativos. Pero cuando los agentes no cumplen su deber, las consecuencias para los detenidos pueden ser de largo alcance.
“Podemos tener las mejores normas, procedimientos, prácticas, todo. Pero siempre hay alguien que toma una mala decisión”, dijo Daly, del Departamento de Justicia Juvenil. “Es muy difícil evitar que eso ocurra, pero mis expectativas personales y las de esta agencia son que hacer todo lo posible por asegurar que tengamos las prácticas, normas y procedimientos adecuados para evitar que esas cosas sucedan”.
“Tenemos miles de empleados dedicados y, desafortunadamente, ha habido algunos que han provocado mucho pesar y frustración en nuestro sistema”, dijo Daly. “Siempre depende del juicio de una persona”.
EL CONSEJO DE UN ADULTO Y UN PUÑETAZO EN LA NARIZ
El video se ve borroso, como si administradores del sistema de justicia juvenil hubieran emborronado las imágenes para ocultar identidades antes de entregar el video en respuesta a una solicitud de registros públicos.
En el video se ve a Andrew Ostrovsky entrar al centro de la imagen. Un agente de detenciones vestido de negro avanza y agarra a Andrew, de 14 años, por la camisa y lo estrella contra una pared en la cafetería del Centro Regional de Detención Juvenil de Broward. Andrew queda presionado contra la pared durante 7 segundos por el agente Darell Bryant.
De repente, Bryant le agarra un brazo al joven y lo lanza al piso. Mientras Andrew está en el suelo boca arriba, Bryant lo golpea en la cara y le fractura la nariz en dos partes. “Ay, ay, ay...”
El padre de Andrew, Uri Ostrovsky, no puede creer lo que ve cuando le muestran el video por primera vez. “A ese hombre hay que meterlo preso”. “Qué hijo de perra”, dice Ostrovsky sin levantar la voz, al tiempo que pide ver otra vez el video del 12 de febrero del 2017.
Como muchos jóvenes detenidos, Andrew ha tenido una vida difícil. Ostrovsky lo adoptó en Maine cuando el menor estaba en un hogar de paso. Las autoridades le retiraron la custodia de Andrew a su madre cuando apenas tenía 18 meses, fue adoptado por otra familia a los 3 años y lo devolvieron a la custodia del gobierno a los 6 años. Lo dejaron abandonado, dijo Ostrovsky. “Le dijeron: ‘Ya no te queremos’ ”.
“Ha sufrido mucho en su vida”, dijo Ostrovsky. “No confía”. Sin embargo, dijo el padre, Andrew nunca descargó su dolor en otros menores. “No es un muchacho fuerte, y no es agresivo. Nunca le ha dado una golpiza a nadie”.
Andrew estaba en el centro de detención por llevarse sin permiso la furgoneta Dodge de su padre. El informe del Departamento de Justicia Juvenil dice que Andrew se quejó a un empleado que le costaba trabajo llevarse con otro joven. Andrew dijo que el empleado le contestó que lo golpeara.
“El guardia le dijo a mi hijo que golpeara a otro jovencito”, dijo Ostrovsky.
“Ahí fue cuando el guardia le fracturó la nariz”, contó Ostrovsky. Después del puñetazo, indica el informe, Andrew estaba “hiperventilando y se veían grandes manchas de sangre desde el comedor”.
Después de visitar a su hijo en el hospital, Ostrovsky dijo que confrontó al superintendente del centro de detención, quien le dijo que a los agentes “no les pagan ben y nadie quiere el empleo”.
La investigación del Departamento de Justicia Juvenil atribuye a Andrew haber dicho que el otro joven había estado “hablando basura de él” y le pidió consejo a Bryant. “Bryant le dijo que golpeara [al otro] joven cuando nadie mirara en el comedor”. El informe implica, y el video parece mostrar, que Andrew hizo exactamente eso —lanzando un golpe sin mucha fuerza— y el agente intervino violentamente para separarlos. En el momento que el agente lanza a Andrew al suelo, está en franca retirada.
Vale la pena señalar que el informe de 10 páginas no ofrece respuesta a la alegación de Andrew de que un agente le indicó que golpeara a otro joven.
Bryant “renunció para que no lo despidieran”, dijo una portavoz del Departamento de Justicia Juvenil. Detectives de la Policía de Fort Lauderdale entregaron sus conclusiones a la Fiscalía Estatal de Broward y el caso sigue abierto, dijo un portavoz. El Herald no ha logrado comunicarse con Bryant.
Ostrovsky piensa en el tema del crimen y el castigo, los menores y los adultos: su hijo de 14 años fue encarcelado por un hecho no violento, pero entonces lo golpearon salvajemente. El agresor, un adulto, sigue libre. Andrew, dijo su padre, “hizo cosas malas. Pero pagó por lo que hizo. Eso no significa que hay que destruirlo”.
EL PURGATORIO DEL PANHANDLE
El sistema de prisiones para menores de la Florida ha sido fuente de vergüenza y escándalo desde sus comienzos. La Escuela Arthur G. Dozier para Niños, la primera escuela reformatorio del estado, se inauguró en el extremo noroeste de del estado, conocido como el Panhandle, en 1900, una especie de experimento en materia de “capacitación intelectual y moral”. Tres años más tarde, en el lugar encontraron a jovencitos con grilletes.
El estado ha sido objeto de informes críticos de jurados de investigación, ha tenido que defenderse de incontables demandas, ha tenido más y menos dinero a lo largo de los años, y diseñado y modificado programas. Y los abusos siguieron ocurriendo.
A pesar de la periódica indignación, los menores en el sistema de justicia juvenil nunca han recibido la misma atención que los menores víctimas de abuso y negligencia, aunque en muchos casos son los mismos menores que han crecido y han tenido problemas.
El contratista privado TrueCore ha investigado a su población de detenidos y afirma que las niñas tienen cuatro veces más probabilidades que las menores que no han delinquido —en el caso de los varones son tres veces y media— de haber experimentado traumas como abuso y negligencia.
Durante generaciones, los programas de justicia juvenil de la Florida estuvieron estrechamente ligados con el sistema de bienestar infantil en una enorme agencia llamada Servicios de Salud y Rehabilitación. La agencia operaba sobre la base de un modelo de servicios sociales, y los programas de bienestar infantil y atención a delincuentes juveniles se basan en el mejor interés de los menores. Esa filosofía se ha mantenido incluso después que los programas de atención a delincuentes juveniles se separaron en 1994.
Pero en el 2000, la agencia se inclinó por el castigo cuando la Legislatura aprobó una modificación completa del sistema, que se dio en llamar “Amor con mano dura” (tough love). En momentos que la Florida hacía frente a un aumento significativo de delitos por parte de menores de edad, una ola que ponía en peligro la importantísima industria turística del estado, el énfasis estaba en la “mano dura”.
“Dejamos de ver a los menores como los hijos de alguien y más como depredadores a quienes temer. Y la forma en que se enfrenta a un depredador es lo contrario de como se trata a un menor que ha tomado una mala decisión”, dijo Jim DeBeaugrine, analista legislativo del Departamento de Salud y Recursos Humanos entre 1988 y 1997, y después jefe de personal de la Comisión de Asignación de Fondos para la Justicia hasta el 2007.
En la década pasada hubo dos cambios importantes: desde el 2008 hasta este año, la cantidad de jóvenes a cargo del sistema se desplomó de 41,002 a 19,491. Esa baja coincidió con una baja nacional en el índice de delitos cometidos por menores de edad, junto con una ley aprobada en la Florida en el 2011 —defendida por el Departamento de Justicia Juvenil— que alentaba a la policía a imponer penalidades civiles a algunos menores no violentos, en vez de arrestarlos.
Al mismo tiempo, la Legislatura privatizó todos los programas de residencia de justicia juvenil, las instalaciones donde los jóvenes cumplían las sentencias. Daly, la secretaria del Departamento de Justicia Juvenil, dice que esta tercerización ha llevado a una mayor eficiencia y rendición de cuentas, y a condiciones más humanas.
El informe de un jurado investigador del 2015 en el Condado Polk después de un motín en la Highlands Youth Academy —llamada Avon Park en ese momento— ofreció una visión diferente.
El motín comenzó por una apuesta en un partido de baloncesto. La apuesta fue un paquete de sopa Lipton Cup-a-Soup. Los perdedores se negaron a pagar. Las autoridades desplegaron unos 150 policías, incluido un equipo SWAT. Hubo 61 jóvenes arrestados.
Después de estudiar el motín en el programa para jóvenes con enfermedades mentales o drogadicción, el jurado investigador calificó lo sucedido de “vergonzoso”.
“Los edificios están en mal estado y tienen mala seguridad, los delincuentes juveniles no tienen la supervisión adecuada y no reciben una educación que les permita no reincidir, el personal está muy mal capacitado y no puede manejar los jóvenes a su cargo, y la seguridad del público está en riesgo”, indicó el informe.
El jurado investigador señaló los jóvenes estaban descontrolados, que vivían en edificios con goteras en el techo —uno tenía una lona azul— porque no se hicieron las reparaciones necesarias tras el paso del huracán Wilma una década antes. El informe indicó que a la compañía británica G4S, que dirigía el programa, le habían pagado $40 millones a lo largo de cinco años, incluido un margen de ganancias de 9 por ciento, o unos $800,000 en ganancias ese año, para operar el campamento.
“Mientras literalmente se estafaba a los contribuyentes”, indicó el informe, “a los jóvenes no se les prestan los servicios adecuados”.
El Herald envió a G4S información detallada sobre lo que estaba preparado para publicar en este reportaje. La compañía, que ha vendido sus contratos relacionados con los programas juveniles a TrueCore, una compañía dirigida por antiguos empleados, no respondió.
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