NO HAY MARCHA ATRÁS, COSTA RICA CAMINA HACIA EL MATRIMONIO GAY
El matrimonio y la adopción son dos de los derechos que el Estado costarricense tiene que asegurar, a partir de esta semana, a las parejas del mismo sexo. Marvin Carvajal, director jurídico de Casa Presidencial, aseguró que no hay marcha atrás.
Esto ocurre luego que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) emitiera una opinión de acatamiento obligatorio, en la que establece que el país debe garantizar a las personas del mismo sexo los derechos de los que siempre han gozado los heterosexuales. El documento, notificado eL martes 9 de enero, “no es objeto de ningún recurso” que pretenda quitarle el efecto, según Carvajal.
“Deberíamos de empezar a casarnos ya, pero hay que esperar un poco sobre qué trámites o cómo van a resolver las diferentes instituciones que hasta hoy conocen la sentencia”, dijo Marco Castillo, activista LGTB desde hace 30 años.
Implementación será paulatina y lenta
Ana Helena Chacón, vicepresidenta de Costa Rica y líder de la consulta que el país hizo a la CIDH sobre este tema, explicó que la implementación del informe dentro del funcionamiento del país será paulatina. Reglamentos, reformas y decretos tienen que empezar a gestarse o reformarse dentro de lo que establece el informe.
“Cada caso tendrá que ser analizado. Algunos aspectos en particular son propios del ámbito del derecho de Familia y el Tribunal de familia tendrá que tomar decisiones lo importante es que la opinión emitida no hace diferencia entre los derechos patrimoniales y no patrimoniales”, dijo Carvajal.
Montserrat Solano, defensora de los habitantes, hizo un llamado para que se reclame una atención Estatal inmediata basada en este informe, que usted puede encontrar al final de este artículo.
“En un mundo ideal, en el que los funcionarios estén conscientes de sus obligaciones en derechos humanos, tendría que implementarse mañana mismo (hoy) (…) La realidad es que tenemos una cultura administrativa que va a tener que pasar por un proceso de adaptación”, comentó Solano.
Solano dijo que es posible que desde este mismo miércoles empiecen a llegar quejas a sus oficinas. De esta forma, la Defensoría tendría que pronunciarse, tomando como insumo este informe, que se sobrepone a la legislación nacional.
150 páginas y cuatro recomendaciones
aya Herndández, la primera candidata trans que aspira a una curul en la Asamblea Legislativa, celebró que este informe también establece que las personas trans pueden cambiar su nombre, género y fotografía en el registro, mediante un procedimiento administrativo y no por la vía judicial. Esta es solo una de las órdenes que la Corte da a Costa Rica, en un documento de 150 páginas.
“En el caso de la población trans, la mayor barrera es el reconocimiento del nombre, eso es lo que nos bloquea el respeto a las listas de estudio, en los títulos, a la hora de los contratos. Entonces resolver este nudo es botar la muralla china que tenía la población trans para acceder a todos los derechos“, dijo a este medio.
Este es un resumen de las recomendaciones que hace la CIDH al Estado costarricense en relación a este tema:
1- El Estado costarricense está en la obligación de reconocer, regular y establecer los procedimientos adecuados para que las personas puedan cambiar su nombre y adecuar los registros públicos para que estos sean de conformidad a la identidad de género autopercibida por el solicitante (en este caso la población LGTBI).
2- Quienes quieran rectificar la anotación de su género, nombre y foto de los documentos de identidad deben tener garantizado, por el Estado, que el tramite esté enfocado en una adecuación integral, basado únicamente en el consentimiento libre e informado del solicitante, sin que se soliciten certificaciones médicas y/o psicológicas “que puedan resultar irrazonables o patologizantes”. Se debe asegurar también que el proceso sea confidencial, expedito y gratuito. Además, los Estados pueden proveer una vía administrativa para este proceso.
3-Se debe proteger el vínculo familiar que derive de una relación de una pareja del mismo sexo.
4-El Estado (costarricense en este caso) debe asegurar a las parejas del mismo sexo los mismos derechos que las parejas heterosexuales, incluido el matrimonio.
Sin marcha atrás
Los primeros enemigos de este informe ya reaccionaron. Dos de ellos fueron los candidatos a la presidencia Mario Redondo, por el Partido Alianza Demócrata Cristiana y el socialcristiano, Rodolfo Piza.
“Respeto la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque no comparto la resolución porque creo que el matrimonio es entre hombre y mujer”, dijo Piza.
Redondo criticó a la CIDH por entrometerse en temas que, según él, le competen al país. Esto a pesar de que Costa Rica firmó la Convención Americana de Derechos Humanos desde 1969 y reconoce -así- la competencia contenciosa de la Corte.
“Considero que el fallo de la CIDH es una desproporcionada intromisión a la soberanía del país. Un grupo de personas, que no representa al pueblo costarricense, está tomando decisiones que le conciernen a nuestro Congreso o al país en general”, opinó Redondo. De manera muy similar se manifestó el también candidato presidecial Fabricio Alvarado, del Partido Restauración Nacional.
Pese a esto el director jurídico de Casa Presidencial indicó que quien resulte ganador en los comicios de febrero como presidente de Costa Rica, deberá respetar las órdenes ya emitidas por la Corte pues no hay marcha atrás.
Próximo presidente tendrá que acoger fallo sobre población LGTB
Aunque no esté a favor de las uniones del mismo sexo, el próximo Gobierno (2018-2022) deberá acatar el fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y el cambio de género, nombre y foto a la hora de inscribirse.
Marvin Carvajal, director jurídico de Casa Presidencial, aseguró que el fallo de la Corte emitido este martes “no es objeto de ningún tipo de recurso” que pretenda quitarle el efecto.
Debido a esto, la actual administración iniciará el análisis del documento de 89 páginas con el fin de empezar las reformas que permitan a las parejas del mismo sexo contar con los mismos derechos que las parejas heterosexuales.
“El estado costarricense debe garantizar todos aquellos derechos patrimoniales y no patrimoniales” a esta población, indicó Carvajal.
Al menos dos candidatos presidenciales se habían manifestado este mismo martes en contra del fallo. Se trata de Mario Redondo, del Partido Alianza Demócrata Cristiana y Rodolfo Piza, del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC).
Montserrat Solano, defensora de los habitantes, hizo un llamado para que la población LGTBI haga valer sus derechos, ahora sustentados por un informe de acatamiento obligatorio. Caso contrario, puso su institución al servicio para denunciar.
Gobierno de Costa Rica: la decisión sobre matrimonio gay es histórica para América
El Gobierno de Costa Rica calificó de “histórica” para el continente americano la opinión consultiva emitida hoy por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), en la que dice que es obligación de los Estados garantizar el matrimonio a las parejas del mismo sexo.
“Hoy es un día histórico, un día de luz. La Corte Interamericana reivindica los derechos de las personas LGBTI bajo la Convención Americana, y recuerda a todos los Estados de su responsabilidad y la deuda histórica hacia esta población”, manifestó en conferencia de prensa la vicepresidenta de Costa Rica, Ana Helena Chacón.
La funcionaria lideró el proceso en el que Costa Rica le solicitó a la CorteIDH la opinión acerca del matrimonio homosexual y otros derechos de la comunidad LGBTI.
“La Corte establece que las parejas del mismo sexo sí son iguales porque tienen los mismos derechos que el resto de la población, lo que significa que el Estado tiene la obligación de garantizar todos los derechos que se deriven de un vinculo familiar”, expresó Chacón.
La opinión consultiva de la CorteIDH indica que “el Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo”.
Otro punto resolutivo señala que “es necesario que los Estados garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio, para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación con respecto a las que están constituidas con parejas heterosexuales”.
La vicepresidenta Chacón destacó que Costa Rica “siempre ha sido respetuoso de los derechos humanos y los instrumentos internacionales que les dan contenido”, por lo que estudiará los mecanismos para implementar el criterio de la CorteIDH.
“Hoy es un día esperanzador para que hasta en los rincones más oscuros del Continente las generaciones crezcan sin miedo a la discriminación y desarrollen sus proyectos de vida”, expresó la vicepresidenta.
Chacón dedicó la opinión consultiva a la comunidad LGBTI, que ha tenido que soportar “odio” y que “ha resistido una sociedad que les ha tratado como personas sin derechos”.
En el salón de Casa Presidencial donde se pronunció Chacón estuvieron presentes representantes de la comunidad LGBTI que aplaudieron su discurso con pancartas y la bandera multicolor del movimiento gay.
En la conferencia también estuvo la defensora de los habitantes Montserrat Solano, quien aseguró que la opinión consultiva es “producto de muchas luchas” de la comunidad LGBTI.
“Esta opinión es una reivindicación a todo el dolor y la lucha de años. Es una resolución histórica que marca la pauta en América Latina y el mundo”, declaró Solano.
La Casa Presidencial informó que la opinión de la CorteIDH se origina por pedido de Costa Rica pero que su alcance es para todos los países americanos y que cada país debe decidir cómo la aplica.
En mayo pasado se llevó a cabo una audiencia en la que el Gobierno de Costa Rica solicitó a la Corte Interamericana la opinión consultiva, en la que también preguntó si los Estados deben reconocer y facilitar el cambio de nombre de acuerdo a la identidad de género.
Sobre lo segundo, la CorteIDH determinó que: “El cambio de nombre y en general la adecuación de los registros públicos y de los documentos de identidad para que estos sean conformes a la identidad de género autopercibida constituye un derecho protegido” EFE
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