TRUMPIANDO
El pasado jueves, la Delegación de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos (HHS en sus siglas en inglés) comunicaba que estaba en proyecto una nueva normativa de regulación de la libertad religiosa en el ámbito sanitario. La nueva disposición, que está pendiente de su aprobación por el presidente Trump, pretende impedir que se tomen represalias legales contra los miembros del personal sanitario que objeten la atención a las personas LGTB, entre otras, escudándose en sus creencias religiosas.
Las funciones de la Delegación de Derechos Civiles del HHS son precisamente las contrarias en la actualidad, según reglamentó la anterior administración bajo el gobierno de Barak Obama. Por ahora, su labor es velar por que las convicciones religiosas particulares y privadas del personal sanitario, tanto público como privado, no impidan la atención a los ciudadanos por razón de su sexo, raza, orientación sexual o identidad de género. La delegación fue creada para evitar casos como el de una mujer transexual que falleció porque unos paramédicos se negaron a proporcionarle los cuidados de urgencia y conducirla hasta el hospital, debido a su identidad de género. Lo pudieron hacer amparados por las disposiciones de la administración de George W. Bush, que el equipo de Obama finalmente reformó.
Según el proyecto presentado, tanto farmacéuticos como médicos, alegando sus creencias religiosas, podrán negarse a proporcionar tratamiento para el VIH o el sida si el paciente es miembro de la población LGTB. Endocrinólogos y cirujanos podrán rehusar la atención necesaria a las personas transexuales si el objetivo sanitario es la reasignación de género. El personal responsable de tratamientos de concepción podrá negarse a tratar a parejas de mujeres. También se les permitirá objetar, por ejemplo, a participar en un aborto voluntario o recetar medicamentos anticonceptivos. Además, se proporcionará apoyo legal y técnico a las asociaciones que aboguen por la objeción religiosa en el sistema sanitario.
Nadie duda de que la modificación normativa ha partido del director de la Delegación de Derechos Civiles del HHS, nombrado por la Administración Trump, Roger Severino, que anteriormente dirigía el Centro DeVos para la Religión y la Sociedad Civil de la asociación conservadora Heritage Foundation. En uno de los últimos informes realizados para dicha asociación, Severino afirmaba que «basándose en las enseñanzas religiosas, el razonamiento moral, las pruebas científicas y la experiencia médica, muchos tienen motivos fundados para sostener que el sexo de cada persona es una característica inmutable. Muchas personas involucradas en la provisión de atención médica y aquellas que están inscritas en planes de seguro médico tienen serias objeciones a participar o abonar cirugías de reasignación de sexo o transiciones de género».
Mara Keisling, directora ejecutiva del Centro Nacional para la Igualdad Transgénero, opina que Severino «ha hecho del ataque al derecho a los cuidados sanitarios de las mujeres y las personas LGTB el centro de su carrera. Mientras tanto, sus afirmaciones infundadas sobre la protección debida a las personas transgénero, repetidas una y otra vez sin ninguna consideración por las consecuencias en la vida de las personas transgénero, revelan un mal entendimiento fundamental de las leyes federales de derechos civiles, la ciencia médica y la realidad de lo que significa ser transgénero».
Por su parte, Louise Melting, miembro de la Unión por los Libertades Civiles, ha advertido que «si la Administración decide seguir adelante con la implementación de una política discriminatoria, nos veremos en los tribunales».
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