El parlamento soviético sesionaba dos veces al año, tres días, y aprobaba por unanimidad y a mano alzada los decretos leyes elaborados y aprobados por el Consejo de Estado soviético entre sesión y sesión del parlamento. Los Ministros pertenecían al parlamento y daban “clases magistrales” a los restantes diputados sin discusión ni control alguno sobre su gestión pública. Las “organizaciones de masas” soviéticas, de los trabajadores, campesinos, intelectuales, estudiantes, mujeres y los jóvenes comunistas, —Comisiones de candidaturas— filtraban la selección de candidatos a diputados bajo la aprobación del PCUS. Este modelo soviético es el que existe en Cuba, pero las autoridades cubanas y su prensa oficial dice que es un sistema cubano y no copiado de ningún país. ¿Cuál es la credibilidad de un gobierno que miente de manera tan desvergonzada? La farsa de las elecciones soviéticas cubanas es declarada por el gobierno cubano como “democráticas y transparentes” a contrapelo de la historia y la implosión de este tipo de institucionalidad en todos los países del “ex campo socialista europeo”.
El pobre pueblo ruso nunca ha experimentado la democracia y desconocen los Derechos Humanos por eso aún hoy aceptan y agradecen al “Padrecito Zar” que les garantiza “estabilidad”: la misma relación y demanda de los campesinos rusos de la revolución de 1905 en Rusia. La cultura política promedio de los rusos sigue siendo medieval y desconocedora de los Derechos Humanos, pero Cuba conserva su memoria histórica sobre la democracia occidental, la Constitución del 40 y la poderosa sociedad civil de antes de 1959. ¿Por qué mantener instituciones medievales soviéticas que ya probaron su ineficacia en gerenciar el desarrollo en esos países?
Las políticas públicas y las leyes soviéticas eran altamente excluyentes y no inclusivas, contra la autonomía ciudadana y con una represión brutal contra la discrepancia. Esas políticas y sus leyes prohibían todo, hasta tanto el PCUS no dijera lo contrario. Este modelo de políticas públicas son las que hoy se aplican luego de 27 años de período especial en Cuba.
Sin crítica y contrapeso al gobierno, no hay país
Resulta asombroso que la opinión pública amordazada, pero también que la academia cubana y sus intelectuales no se hayan pronunciado contra las reaccionarias políticas públicas de Raúl Castro en los últimos diez años. Decir que las “reformas no han dado los resultados esperados” es una atenuación de la realidad que no aporta nada.
El parlamento cubano ha aprobado todas las medidas reaccionarias por unanimidad y a mano alzada en cada sesión demostrando su incompetencia e ignorancia de la gestión pública.
El sistema de seguridad social ya no es universal en Cuba desde el 2008 y más a partir del 2011. Grandes sectores de pensionados o de los sectores más vulnerables han quedado desprotegidos por la política de eliminar pensiones y subsidios “a los que tuvieran familiares que trabajan”. Con los salarios y pensiones más bajos de las Américas, una familia que trabaje no logra llegar al final del mes, menos mantener a las personas que ya no están en edad laboral. ¿Con quién discutió el gobierno y el parlamento dejar sin protección a los amplios sectores que la ONEI no publica?
Las Fuerzas Armadas y el MININT, tienen el retiro a edades mucho más bajas y pensiones muy superiores al resto de los trabajadores. ¿Por qué estas instituciones parasitarias del erario público tienen una discriminación positiva muy superior en derechos al resto de los trabajadores cubanos? ¿Con quién se discutió estos privilegios?
¿Por qué se permite la opacidad del conglomerado GAESA, que no rinde cuentas al Parlamento ni a la opinión pública y gestiona entre el 67 y 71 % de la economía nacional con nuevas apropiaciones previstas para el 2018? Los militares empresarios son improvisados con “cursitos” y aplican una disciplina de ordeno y mando a sus trabajadores, violando sus derechos laborales y civiles. ¿Por qué esto no se discute en el “Parlamento de los Trabajadores”?
¿Por qué se anuncia aumentos de impuestos sobre la fuerza de trabajo el 1ero de agosto del 2017 para los empresarios privados que junto a los cooperativistas son los generadores de empleos netos y son los únicos que pagan salarios decentes?
¿Quién controla la proliferación de impuestos para los empresarios privados, y las cooperativas, la congelación de 27 tipos de licencias, le eliminación de otras, la congelación de las licencias para las cooperativas, la restricción del número de cooperativistas y sus ingresos para las cooperativas de la construcción y la prohibición de trabajar fuera de su municipio de residencia? ¿Por qué el parlamento levanta la mano automáticamente por un solo tipo de licencia para cada cuentapropista y no discute las consecuencias?
¿Quién controla que las medidas sobre la ampliación de la autonomía en las empresas “socialistas de todo el pueblo” no sean más que la creación de juegos de letras, como dice un amigo, las OSDE, las UEB y nadie se plantee eliminar los tres niveles de control por encima de las unidades productivas de base?
¿Por qué se sigue violando el principio de retribución constitucional “a cada cual según su trabajo” y los sucesivos decretos leyes no resuelven esta aberración?
¿Por qué con la profunda inseguridad alimentaria del país los campesinos sufren al menos cinco tipos de impuestos y ahora los cooperativistas agropecuarios tienen que pagar un 20 % de sus ingresos mensuales para la seguridad social?
¿A quién se le ocurrió en el parlamento “luchar contra el enriquecimiento” legal y fruto del trabajo, mientras no existe una política nacional contra la pobreza?
¿Por qué los diputados no conocen los índices de pobreza en el país ni preguntan por las políticas públicas para eliminarla, mucho menos proponen soluciones?
¿Por qué no existe en el país una política nacional para resolver el problema de la vivienda, el acceso al agua potable, el transporte público, los salarios paupérrimos, la inseguridad alimentaria y el descenso de la calidad de la educación y la salud? Los paliativos a estos problemas generan nuevas restricciones y controles que lejos de atenuar los problemas los incrementan y son sólo el resultado de la tozudez del PCC a no compartir responsabilidades del sector estatal con el sector no estatal del país y la inversión privada cubana y extranjera.
¿Con quién se ha discutido la proliferación de los impuestos al sector no estatal e imponer al sector presupuestario un 5 % de impuesto a partir de los paupérrimos salarios de 500 pesos cubanos al mes?
¿A quién se le ocurrió liberar las licencias para los empresarios privados y cooperativistas sin facilitar los mercados mayoristas? La imposición de multas al sector no estatal sin mercados mayoristas, no son una “lucha contra la corrupción” sino una extorsión del estado contra el sector no estatal de la economía. ¿Por qué los diputados no proponen alternativas?
¿Con quién se está discutiendo las reformas constitucionales y la transformación de las leyes penales y electoral a las que alude Esteban Lazo frente a Federica Mogherini y que el gobierno cubano dice en la ONU “que trabaja en ello desde el 2012”?
¿Por qué se aprobó un nuevo Código del Trabajo en 2013 que mantiene las violaciones de derecho a huelga, de libertad sindical, de trabajo libre para los profesionales y no explicita la discriminación política para la idoneidad de los puestos de trabajo como es la práctica? Los cargos públicos y los de mayor remuneración tienen que ser por concursos públicos de oposición, de lo contrario se utiliza el tráfico de influencias y la violación de derechos laborales y civiles de los ciudadanos de manera discrecional. ¿Por qué se sigue violando la Convención 95 de la OIT sobre las prohibiciones de confiscar salarios por gobiernos y empleadores? ¿Por qué los tribunales laborales siempre dan la razón a la administración?
¿Por qué se aprueba un aumento sustancial, y muy superior al subsidio de la alimentación, en el presupuesto del 2018 para las “organizaciones de masas” que son organizaciones de control político y represión que no representan los intereses de sus afiliados?
Hasta ahora, la postura del gobierno cubano es decir que no tiene recursos, pero a la vez, con las políticas públicas que he reseñado sugiere que no quiere los recursos de la población cubana y extranjera sino es en condiciones de extorsión y violación de sus derechos: desmedidos y múltiples impuestos, prohibiciones y restricciones al sector no estatal privado y cooperativo, una política de asfixia y no de regulación, prohibición de la inversión cubana privada, falta de garantías jurídicas y financieras para la inversión extranjera y cubana, todo lo contrario de lo que exige la realidad que son políticas públicas que incentiven, estimulen y regulen la producción y el consumo interno.
A nivel de desarrollo social vamos hacia atrás. Si en el 2007 Cuba tenía un Índice de Desarrollo Humano con el puesto 51 en el conjunto de las Naciones, hoy ocupa el puesto 68 y el gobierno cubano se vanagloria de ello.
Ni la institucionalidad, ni las leyes vigentes, ni las políticas públicas excluyentes reseñadas resuelven los graves problemas acumulados. Son los obstáculos permanentes al desarrollo del país. ¿De quién aprender los mejores resultados?
Marlene Azor Hernández, Ciudad de México
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