Los activistas LGTB denuncian que las relaciones
homosexuales están penalizadas en el 70 % de los países de la Commonwealth
Con ocasión de la reunión en Londres de los jefes de Gobierno de los 53 países que componen la Commonwealth (o Mancomunidad de Naciones), los defensores de los derechos LGTB han reclamado que se tomen medidas para que se despenalicen las relaciones homosexuales en todos esos territorios. En 36 de esos países, la homosexualidad está castigada con penas de cárcel que pueden llegar hasta la cadena perpetua, en su mayor parte como herencia de la legislación vigente en el entonces Imperio Británico del que formaban parte. La primera ministra británica, Theresa May, ha calificado de «equivocada» esta penalización histórica, y ha solicitado a los representantes de los países miembros de la Mancomunidad de Naciones la derogación de las leyes discriminatorias.
Durante la semana del 16 al 22 de abril, se ha celebrado en Londres la reunión bienal de los jefes de Gobierno de la Mancomunidad de Naciones (también conocida por Commonwealth). Aprovechando la ocasión, los activistas que defienden los derechos LGTB han organizado manifestaciones en protesta por las legislaciones que condenan las relaciones homosexuales en 36 de los 53 países integrantes.
Peter Tatchell, uno de los organizadores de las protestas, resumía así la situación: «La Commonwealth es un bastión de la homofobia. El 70 % de los estados miembros tienen leyes homófobas y no protegen a las personas LGTB contra la discriminación y los crímenes de odio. La cumbre bienal de la Commonwealth se ha negado durante décadas a debatir, y mucho menos apoyar, la igualdad LGTB. Este año no es diferente. Una vez más, los derechos LGTB han sido excluidos de la agenda de los mandatarios». El activista reclamaba que los jefes de Gobierno de la Mancomunidad «pongan fin a la persecución de más de cien millones de ciudadanos LGTB sancionada por el Estado».
Aunque, efectivamente, ningún debate sobre los derechos LGTB estaba programado, la primera ministra británica sí quiso hacer alguna referencia al respecto en su discurso de apertura de la cumbre del pasado día 17 de abril. Ante los jefes de Gobierno de los 53 países miembros de la Commonwealth, Theresa May condenó con contundencia las leyes que castigan las relaciones homosexuales, reconociendo la responsabilidad de la herencia británica. Según la mandataria, «a lo largo de todo el mundo, leyes discriminadoras creadas hace muchos años continúan afectando a la vida de mucha gente, al criminalizar las relaciones entre personas del mismo sexo, o no protegiendo a mujeres y niñas. Soy muy consciente de que, a menudo, esas leyes fueron implementadas por mi propio país. Estaban equivocadas entonces y están equivocadas ahora».
May se felicitaba porque los tres últimos países en despenalizar las relaciones homosexuales sean miembros de la Commonwealth, pero también estimaba que «aún queda mucho por hacer. Nadie debería enfrentarse a persecución o discriminación por quién es o a quién ama. Y el Reino Unido está dispuesto a apoyar a cualquier miembro de la Commonwealth que desee reformar la legislación obsoleta que hace posible tal discriminación». Efectivamente, desde la última cumbre celebrada en Malta en 2015, las relaciones homosexuales se han despenalizado en Belice, Nauru y las Seychelles. La primera ministra no ha incluido a Trinidad y Tobago, cuya Corte Suprema ha declarado recientemente inconstitucionales las leyes que castigan la homosexualidad, pues el dictámen no será firme hasta dentro de tres meses.
También ha efectuado declaraciones sobre este asunto el ministro de Asuntos Exteriores británico, Boris Johnson, que quiso dar repuesta a las reclamaciones efectuadas por el saltador olímpico Tom Daley tras conseguir la medalla de oro en los campeonatos de la Commonwealth celebrados este mes. Daley había expresado su deseo de que todas las personas LGTB de los países miembros pudieran vivir abiertamente su orientación sexual o identidad de género. En una entrevista radiofónica, Johnson se comprometió a utilizar su influencia para tratar de que cambiaran las actitudes entre los distintos mandatarios, si bien, aclaraba, «no pretendo que esas actitudes vayan a cambiar de un día para otro». Sin embargo, hizo alusión a un reciente encuentro con un jefe de Gobierno de un país de la Commonwealth, que no quiso concretar, en el que, según sus palabras «me tomé el asunto con absoluta pasión», prometiendo que habría más noticas próximamente. El ministro quiso remarcar que «el Reino Unido defiende sus valores en la Commonwealth, y en todos los foros defendemos los derechos LGTB y enarbolamos su bandera en todas nuestras embajadas».
Los críticos, sin embargo, alegan que, cuando hay intereses comerciales o estratégicos de por medio, los derechos LGTB quedan automáticamente al margen. Sería deseable que se implementaran medidas diplomáticas y políticas útiles, y que no quedara todo en discursos de buenas intenciones y reivindicaciones puramente simbólicas.
La penalización de las relaciones homosexuales en los países de la Commonwealth y las excolonias británicas
Del total de 53 países miembros actuales de la Commonwealth, en 36 se penalizan las relaciones homosexuales con penas de cárcel, en la mayoría de ellos como herencia de la legislación británica. La duración de las penas oscila entre varios meses y la cadena perpetua. En algunos de los países, las leyes penalizadoras se han agravado por la adaptación de sus códigos penales a la doctrina islámica, llegando incluso a implementarse la pena de muerte: