Prensa y castrismo, dos viejos contrincantes
Pasan las ocho de la mañana y el diario Granma aún no llega al estanquillo de periódicos. A esa hora, no obstante, las noticias más importantes ya corren de boca en boca en una Cuba donde la censura informativa y el monopolio del Partido Comunista sobre la prensa se han mantenido como una constante por más de medio siglo.
Durante décadas la prensa ha sido uno de los sectores más controlados y vigilados del país. En una Isla donde las paredes tienen oídos y la gente habla en un murmullo sobre los temas más conflictivos, los medios son el espacio donde el régimen ejerce un control absoluto.
A pesar de la vigilancia, en los últimos años han aparecido más medios independientes, auxiliados por la tecnología, pero sobre todo impulsados por un público que reclama mayor diversidad en los temas y los enfoques. Revistas de moda, sitios digitales dedicados al béisbol y portales con enfoques feministas forman parte del nuevo y variado ecosistema informativo.
Esta explosión de espacios periodísticos contrasta, sin embargo, con la cerrazón que mantiene el oficialismo ante los medios independientes. Por ley, cualquier intento de difundir noticias o promover opiniones diferentes a las del Gobierno puede ser considerado un delito de "propaganda enemiga".
Cuba tiene varias de las leyes más restrictivas de toda América Latina para el sector. La Constitución prohíbe la propiedad privada de los medios de difusión mientras que el ejercicio del periodismo solo se permite si "mantiene los objetivos de la sociedad socialista", según alertó en un informe de 2016 el Comité de Protección a los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
Se sanciona hasta con un año de prisión la difamación de las instituciones, organizaciones políticas y "héroes o mártires de la República". También pueden ir a la cárcel los que incurren en calumnia, difamación, insulto, injuria "o cualquier otra forma de expresión despreciativa u ofensiva" contra funcionarios públicos.
Así ha sido por décadas, aunque en un primer momento parecía que la relación entre información y Revolución iba a ser una luna de miel.
En 1959, cuando Fidel Castro llegó a La Habana con su caravana verde olivo, la prensa acogió con entusiasmo a los barbudos bajados de la Sierra Maestra. Titulares optimistas, fotos de las muchedumbres que vitoreaban el paso de los guerrilleros y las duras imágenes de los desmanes de la dictadura de Fulgencio Batista llenaron las primeras planas.
Aquel idilio duró poco. Castro emprendió el exterminio de todos los medios de alcance nacional y los de circulación provincial. A lo largo del año 1960 los periódicos, revistas, emisoras de radio y canales de la televisión pasaron a manos del Gobierno y un lustro después la prensa quedó bajo el control absoluto del Partido Comunista de Cuba (PCC).
Desde entonces el PCC ha tenido la atribución de nombrar los directores, adjudicar útiles de trabajo y, sobre todo, diseñar la línea editorial de cada medio. La formación de periodistas en las facultades universitarias se inicia con un riguroso proceso de selección ideológica y en sus aulas son frecuentes las purgas y las expulsiones por motivos políticos.
En marzo de 2003 el Gobierno de Fidel Castro desencadenó una feroz ofensiva contra la disidencia y la prensa independiente, conocida como la Primavera Negra. Fueron condenados 75 opositores y al menos 25 eran reporteros que colaboraban con medios internacionales o habían fundado sus propias agencias de prensa.
Aquel zarpazo represivo se hizo bajo el amparo legal de la Ley 88, conocida popularmente como Ley Mordaza y cuya aplicación generó una ola de repudio internacional. Tras el escándalo desatado, el castrismo buscó nuevas formas de intimidar a los reporteros independientes que duran hasta el día de hoy.
En 2017 el mapa de la libertad de prensa en el mundo se tiñó de negro y Cuba siguió estando entre sus zonas más oscuras. La Isla ocupó el puesto 172, de 180 países, en una clasificación elaborada por Reporteros Sin Fronteras que analiza la situación de la prensa en el mundo. Ninguna otra nación de América Latina quedó tan lejos en el índice.
Junto a varios colegas, José Antonio Fornaris fundó hace algunos años un sindicato para representar a los profesionales de la prensa y recoger sus principales demandas. La Asociación para la Libertad de Prensa (APLP) es una de las tantas organizaciones no permitidas por el Gobierno que operan en la Isla con bajo perfil y muchas presiones.
Entre las denuncias que llegan cada día a la sede de la APLP sobresalen las confiscaciones de medios de trabajo. Solo en 2016 registraron al menos 18 casos en que la Seguridad del Estado quitó a algún reportero una cámara fotográfica, un teléfono móvil, la laptop donde escribía, el disco duro en el que transportaba sus artículos o una simple memoria USB con información.
Desde 2017 la represión contra el sector agregó una nueva táctica. "Acusar a los periodistas independientes por usurpación de la capacidad legal" y procesarlos por ejercer una profesión sin tener un diploma emitido por los centros de altos estudios del país. Entidades docentes donde rige la máxima "la universidad es para los revolucionarios".
La prohibición de salida del país también forma parte de las represalias contra estos reporteros. Recientemente a Fornaris le inhabilitaron su pasaporte y no puede salir del país. "Este tipo de régimen le teme mucho a la libertad de prensa, por eso a los periodistas independientes les corresponde, cada día, dar a conocer la realidad del país", puntualiza.
En el centro de la Isla el panorama es muy similar. En la ciudad de Camagüey el periodista Henry Constantín lleva meses sin poder siquiera viajar a otra provincia. La policía política controla de cerca al director de la revista La Hora de Cuba y al resto de su equipo. "Hay mucha vigilancia sobre todo a la hora de hacer reportajes en la vía pública", asegura.
Sol García Basulto, diseñadora y colaboradora de la publicación, ha sufrido también en carne propia la ojeriza oficial. A mediados del año pasado la reportera sufrió restricciones de movimiento después de que la policía le impusiera "una medida cautelar de prisión domiciliaria" por recoger testimonios entre los camagüeyanos. Sin poder moverse de su provincia, Basulto utiliza la red social como una plataforma para canalizar sus denuncias.
Ante ese panorama, Henry Constantín considera que el primer paso para acercarse a la libertad de prensa es que los medios independientes puedan contar con el "derecho a tener una existencia legal con garantías". La posibilidad de "proteger las fuentes, de expresar todo tipo de opinión y de entrevistar a funcionarios públicos", también son imprescindibles.
Los medios de comunicación pertenecen al Estado según la Constitución de 1976 pero la ausencia de una Ley de Medios ha permitido el florecimiento de la prensa independiente. Un resquicio que han aprovechado decenas de reporteros en todo el país.
"La posibilidad de hacer pasantías en medios de otros países ha contribuido a elevar la calidad del periodismo que se hace dentro de la Isla", opina Constantín, vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa. Una mejora que se percibe "tanto en el trabajo audiovisual como en la prensa escrita".
La calidad, a pesar de las frágiles condiciones en que trabajan, es una obsesión para muchos de los reporteros, editores y directores de medios emergentes.
Carlos Manuel Álvarez, escritor y periodista, lidera el equipo de la revista El Estornudo y asegura que la profesión periodística va más allá del color ideológico o la posición política, sino que es "el rigor" lo único que lo diferencia de la propaganda.
El sitio digital que dirige Álvarez ha sido bloqueado recientemente en los servidores nacionales, como tantas otras webs. Es una decisión "con una fuerte carga política, que puede funcionar como un estigma, provocar más cautela o recelo hacia la revista por parte de las fuentes o de posibles nuevos colaboradores", lamenta el reportero.
La desconfianza entre los periodistas de los medios oficiales y los independientes es un obstáculo difícil de superar para trabajar en conjunto. Las acusaciones vuelan entre uno y otro lado.
Álvarez opina que esta desconfianza "por lo pronto no va a desaparecer, puesto que es el resultado directo, dentro del ecosistema de medios en Cuba, de un sistema político que fomenta la división ideológica y la fractura homogénea de la opinión pública en aliados y enemigos".
En 2016, en un gesto inédito un grupo de jóvenes periodistas firmó una carta, publicada por el diario local Vanguardia, de Villa Clara, en la que reclamaban su derecho a colaborar con otros medios, especialmente con las revistas y periódicos independientes que habían nacido al margen del oficialismo pero sin ser abiertamente opositores. La demanda se disolvió entre presiones y jamás llegó a concretarse una autorización oficial.
La experiencia vivida por Reinaldo Escobar, jefe editorial de 14ymedio, es un precedente interesante. El reportero trabajó durante dos décadas en la prensa oficial hasta que fue expulsado. "Decidí publicar una serie de columnas de opinión que criticaban algunos temas que a finales de los años 80 todavía eran tabú, como el oportunismo, la ineficiencia y las excesivas prohibiciones", recuerda.
En Juventud Rebelde, el segundo diario del país, los textos más críticos de Escobar coincidieron con los años de la glasnost en la Unión Soviética. "Algunos colegas de la redacción me miraban como si me hubiera vuelto loco y otros como si mi funeral periodístico estuviera a la vuelta de la esquina".
En 1988 una decisión del entonces Departamento de Orientación Revolucionaria (DOR), adscrito al Comité Central del Partido Comunista, dejó fuera del medio a Escobar y le impidió volver a ejercer su profesión en los medios oficiales. "Al principio pensé que me habían destruido la vida pero poco tiempo después comprendí que me habían hecho un hombre libre y, desde entonces, no he vuelto a sufrir la autocensura".
LUZ ESCOBAR, LA HABANA 2018
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