EL ESPAÑOL COMO ARMA RACISTA
Javier Ansorena
Aaron Schlossberg quizá no midió bien qué hacía y dónde lo hacía. Este abogado está en el centro de la ira de EE.UU. después de que apareciera en un vídeo en un restaurante en Nueva York, en el que insultaba a los empleados por hablar español y les amenazaba con llamar a las autoridades de inmigración.
Criticar que alguien hable español en una ciudad donde el 27,5% de la población es hispana, hay barrios enteros donde solo se escucha la lengua de Cervantes y toda la comunicación pública es también en este idioma es, además de racista, temerario. Schlossberg ha sufrido escraches delante de su oficina y de su casa y corre el riesgo de perder el alquiler de su despacho de abogados, que además ha recibido una campaña de desprestigio en la plataforma de opiniones Yelp.
La realidad, sin embargo, es que una parte importante de EE.UU. comulga con la opinión de Schlossberg. El «aquí se habla inglés» forma parte del credo del ala más extremista del conservadurismo de EE.UU.: despegó con el Tea Party y Donald Trump se abrazó a ello en su ascenso presidencial. Su campaña de las elecciones de 2016 arrancó poniendo a los mexicanos la etiqueta de «criminales y violadores» y no tardó en criticar a sus rivales, también del partido republicano, por hablar español. Se cebó en especial con Jeb Bush, que al comienzo de las primarias era el favorito y está acostumbrado a hablar español en sus campañas. La mujer de este hijo y hermano de presidentes es de origen mexicano y Bush fue durante años gobernador de Florida, un estado con fuerte implantación hispana. «Debería predicar con el ejemplo y hablar inglés cuando esté en EE.UU», dijo Trump. Él sí cumplió: desterró el español de su campaña, en contra de una tradición de los candidatos que se remonta a John Fitzgerald Kennedy.
El multimillonario neoyorquino sabía dónde apuntaba con ese discurso: el electorado de corte racista, intimidado por el creciente peso de la comunidad hispana, que desconoce que EE.UU. no tiene lengua oficial.
Desde la aquella campaña presidencial, el goteo de ataques contra personas que hablan en español no ha parado. Solo llegan a la opinión pública los que son capturados en vídeo, como el de Schlossberg o el de un incidente el año pasado en un aeropuerto de Nevada, donde un hombre que hablaba español por teléfono fue insultado durante varios minutos por un desconocido.
Hablar español también puede ser un motivo para ser arrestado, como se acaba de demostrar en Montana. Dos mujeres con ciudadanía estadounidense, de origen mexicano, fueron detenidas la semana pasada en una gasolinera por un agente de la policía de frontera. Ocurrió en la localidad de Havre, a unos cincuenta kilómetros de la frontera con Canadá. Ambas charlaban mientras hacían cola para pagar en la tienda y el agente les detuvo y les pidió que se identificaran. Una de ellas grabó en vídeo las explicaciones del policía. «Señora, la razón por la que he pedido su identificación es porque he entrado aquí y he visto que hablaban español, lo que no es muy habitual por aquí», les explicó. A preguntas de las afectadas, el agente negó que fuera racismo: «Lo hago porque habláis español en la tienda, en un estado predominantemente de habla inglesa».
La Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU, en sus siglas en inglés) está investigando el caso para determinar si el agente vulneró los derechos civiles de las ciudadanas. La policía de fronteras emitió un comunicado en el que aseguraba que los agentes tienen «autoridades amplias» para ejercer su labor y pueden «interrogar a individuos, arrestar y obtener y considerar pruebas». Sin embargo, la ley establece que deben tener una «sospecha razonable» de que se está cometiendo una violación a la normativa migratoria o un crimen. Para este agente, hablar español lo era.
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