El presidente de la Corte Suprema de Bermudas ha declarado inconstitucionales los artículos de la reciente Ley de Uniones Civiles que derogaban el matrimonio igualitario. Según el dictamen, esos artículos hacen prevalecer unas creencias determinadas sobre otras al establecer qué tipo de pareja puede contraer matrimonio y cuál no, lo que vulnera la libertad religiosa y de creencias que recoge la Constitución. Se trata de la segunda ocasión en que el alto tribunal ha dictaminado a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, aunque el Gobierno isleño pretende seguir poniendo cortapisas a sus resoluciones. De momento, ha conseguido que la sentencia de la Corte Suprema quede en suspenso durante seis semanas en espera de la apelación gubernamental.
Ian Kawaley, presidente de la Corte Suprema de Bermudas, comunicaba el pasado día 7 el fallo del alto tribunal sobre la demanda planteada por los ciudadanos Rod Ferguson y Maryellen Jackson (en la fotografía superior), quienes junto a la organización OutBermuda habían denunciado la inconstitucionalidad de la Ley de Uniones Civiles aprobada por el Parlamento en diciembre de 2017. La sentencia da la razón a los demandantes, estableciendo que los artículos de la mencionada ley que derogaban el matrimonio entre personas del mismo sexo vulneran la Constitución de Bermudas.
Durante la vista, los abogados de los demandantes, Mark Pettingill (antiguo fiscal general de Bermudas) y Rod Attride-Stirling arguyeron que impedir el matrimonio a las parejas del mismo sexo y crearles la figura de la unión civil eran tan discriminatorio «como dejar entrar al cine a las personas de color, pero hacer que se sienten en asientos especiales». El argumento convenció tanto al presidente del alto tribunal que lo citó en su propio dictamen.
Para el juez Kawaley, «quienes creen apasionadamente que los matrimonios entre personas del mismo sexo no deberían tener lugar, por razones religiosas o culturales, tienen derecho a que esas creencias sean respetadas y protegidas por la ley. Pero, a cambio, esa misma ley que protege sus propias creencias, no puede exigir que se prive a las personas que creen en el matrimonio entre personas del mismo sexo del respeto y la protección legal de las creencias opuestas».
El presidente de la Corte Suprema, que ha recordado que es la segunda vez que el tribunal dictamina sobre este derecho, ha estimado finalmente que, según la Constitución, «el Parlamento no puede imponer las preferencias religiosas de ningún grupo social en particular para aprobar una legislación de aplicación general» y ha anulado los artículos de la Ley de Uniones Civiles que prohibían el matrimonio entre personas del mismo sexo.
No obstante, también ha establecido la suspensión de la sentencia durante seis semanas, plazo otorgado a la Fiscalía General de Bermudas para que presente una apelación si lo considera necesario. El ministro del Interior, Walton Brown, ha comunicado que estudiará la presentación de recurso «según los consejos legales que nos hagan llegar». Durante ese período, las parejas del mismo sexo solo podrán acceder a las uniones civiles. Estaremos pendientes de los acontecimientos.
Un derecho reconocido legalmente y obviado políticamente
La situación del matrimonio entre personas del mismo sexo en Bermudas era peculiar. En mayo de 2017, la magistrada de la Corte Suprema Charles-Etta Simmons sentenció a favor de dos hombres que habían demandado por su derecho a casarse. La jueza consideró que la legislación sobre matrimonio vigente en Bermudas era incompatible con los derechos humanos, ya que contenía una discriminación basada en la orientación sexual de los contrayentes. Por ello, consideró que los demandantes tenían derecho a contraer matrimonio y declaró que la ley matrimonial debía interpretarse como aplicable a las parejas del mismo sexo. La sentencia tuvo efectos inmediatos y estableció recomendaciones para reformar la normativa, de manera que hicera referencia a “dos personas” en lugar de a “hombre y mujer”.
Sin embargo, el renuente Partido Laborista Progresista, actualmente en el poder, no obedeció esas recomendaciones, apoyado por una sociedad que, meses antes, rechazaba en referéndum la posibilidad de reconocer las uniones entre personas del mismo sexo, ya fueran en forma de matrimonio o de unión civil. El referéndum, consultivo y no vinculante, no alcanzó, sin embargo, el quórum necesario para ser considerado válido.
Dispuesto a satisfacer a sus votantes más conservadores, el Gobierno no llevó a cabo ninguna de las recomendaciones establecidas en la sentencia de la Corte Suprema, por lo que dos personas del mismo sexo podían conseguir que su unión fuera llamada matrimonio, pero las diversas leyes y normativas que tuvieran que ver con el vínculo matrimonial seguían sin aplicárseles. La decisión del poder legislativo fue, en cambio, el subterfugio de la creación de uniones civiles para las parejas del mismo sexo (como mal menor ante sus votantes), con derechos semejantes al del matrimonio, pero como una institución diferenciada. La ley fue aprobada por el Parlamento en diciembre de 2017 y promulgada por el gobernador en febrero de este 2018. Esta nueva figura legal no tuvo efectos retroactivos, por lo que los matrimonios de parejas del mismo sexo realizados desde la sentencia de la Corte Suprema hasta la entrada en vigor de la nueva legislación continuaron vigentes. Finalmente, esta ley ha sido parcialmente declarada inconstitucional por la Corte Suprema, concretamente los artículos que prohibían el acceso de las parejas del mismo sexo a la institución del matrimonio. Esperemos que este sea el punto y final de esta historia y se respeten definitivamente los derechos de las personas LGTB de Bermudas.
Del conservadurismo de la sociedad bermudeña da fe que no despenalizó la homosexualidad hasta 1994, y que, por ejemplo, la edad de consentimiento para las relaciones homosexuales masculinas sigue siendo dos años superior que para las relaciones heterosexuales o lésbicas (18 años frente a 16). Aunque ello no ha evitado que se produzcan avances significativos. En 2013, por ejemplo, el Parlamento aprobó una ley que prohíbe discriminar por razones de orientación sexual (a finales de 2012 nos hicimos eco de la misma). Y a principios de 2015 la Corte Suprema de Bermudas falló a favor de la adopción homoparental, lo que permite a las parejas del mismo sexo adoptar en igualdad de condiciones a las parejas de distinto sexo. Ignoramos si la aprobación de la ley de uniones civiles y la reversión del derecho al matrimonio tendrán una respuesta judicial.
El matrimonio igualitario en Reino Unido, sus dependencias y territorios
La composición política y territorial del Reino Unido es compleja, lo que repercute en la legislación de derechos como el matrimonio igualitario, ya que cada territorio o dependencia tiene competencia plena al respecto. La situación es la siguiente (entre paréntesis, la entrada en vigor de la correspondiente legislación):
En las tres dependencias de la Corona:
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