El presidente de Costa Rica pide perdón a la
Comunidad LGTB por “décadas de discriminación y violencia”
Costa Rica ha avanzado en los últimos años en materia de aseguramiento, pensiones, herencias, identidad de género y atención médica de las parejas LGBT, pero aún no ha legalizado las uniones civiles ni los matrimonios entre personas del mismo sexo.
El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, pidió perdón a la población LGBT por la negación por parte del Estado de sus derechos fundamentales e incluso por vidas perdidas años atrás. Las palabras del mandatario fueron publicadas el domingo en un artículo titulado “Stonewall Inn: Orgullo, amor e igualdad”, y que fue distribuido por Casa Presidencial.
Luego de hacer un recuento sobre los hechos sucedidos en la discoteca Stonewall Inn de Nueva York el 28 de junio de 1969 y que marca el inicio de la lucha por las reivindicaciones de derechos del colectivo en todo el mundo, el presidente Alvarado afirmó que la historia de los gays en Costa Rica no ha sido distinta a la represión que han vivido los homosexuales en Estados Unidos.
“En nombre del gobierno de la República les pido perdón y renuevo mi compromiso de luchar porque no se repita ese vergonzoso capítulo de nuestra historia”, expresó en un artículo de opinión distribuido a los medios hoy.
El mandatario, quien comenzó su mandato el pasado 8 de mayo, recordó que en 1969 la homosexualidad era penalizada y perseguida en Costa Rica, hasta que dos años después, en 1971, la homosexualidad fue eliminada del Código Penal.
Esto “no evitó que durante las siguientes décadas las personas LGBTI fueran objeto de discriminación y violencia. Fue el Estado costarricense el que promovió y ejecutó persecuciones, redadas, detenciones arbitrarias y golpes”, aseguró Alvarado.
“Fue el Estado costarricense el responsable de muchas vidas perdidas, víctimas del estigma durante los primeros años de lucha contra el sida. Fue el Estado costarricense el que sistemáticamente ha negado derechos fundamentales a las personas LGBT y ha desprotegido a miles de sus ciudadanos y ciudadanas por amar a quien aman o por ser quienes son”.
Alvarado afirmó que en los últimos años junto a organizaciones y colectivos, Costa Rica ha avanzado “hacia una convivencia más respetuosa de su diversidad, en el reconocimiento de todos los derechos humanos para todas las personas y en la protección legal de todas las familias”.
“Lo cierto es que podrán venir tiempos difíciles, pero más temprano que tarde nos encontraremos en un abrazo de igualdad plena. Que nadie se esconda ni esconda su amor, porque ese día nos espera”, expresó.
El gobernante dijo que el Estado está en la obligación de garantizar la igualdad para todos y todas y se comprometió que en su mandato luchará por la dignidad de las personas transexuales, lesbianas, gays y bisexuales que “aún hoy sufren por vivir al margen de la ley, por la negación de sus derechos o por el temor de ser sometidas a violencia física y emocional”.
“Pasaron 39 años desde aquella noche en el Stonewall Inn, y somos parte de la generación que tiene el desafío de convertir el Siglo XXI en el siglo de la igualdad. El camino que nos queda por recorrer lo recorreremos juntos, todas las personas, todas las familias, hasta que la dignidad, el respeto y el amor sean derechos de todos y todas y privilegios de nadie”, puntualizó Carlos Alvarado.
Costa Rica ha avanzado en los últimos años en materia de aseguramiento, pensiones, herencias, identidad de género y atención médica de las parejas LGBT, pero aún no ha legalizado las uniones civiles ni los matrimonios entre personas del mismo sexo.
En enero pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una opinión consultiva, en respuesta a una consulta de Costa Rica, en la que el Tribunal determina que es obligación de los Estados reconocer la identidad de género y los derechos familiares de la población LGBT, entre ellos el matrimonio.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que tiene a su cargo el registro civil, mantiene en estudio la opinión consultiva de la Corte Interamericana para determinar si avala los matrimonios.