Costa Rica se prepara para conocer en una semana el desenlace de muchos años de activismo de grupos pro derechos LGTBI. Este pequeño país conservador y legalista será el primero en Centroamérica que legalice el matrimonio entre parejas del mismo sexo, si así lo determinan los magistrados de la Sala Constitucional antes del 15 de agosto, según un inusual aviso del alto tribunal publicado este 18 de julio. Deben decidir sobre dos recursos que consideran discriminatorio el Código de Familia vigente, en coincidencia con el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicado el 9 de enero y convertido en un factor determinante de las elecciones legislativas y presidenciales de este año.
Colectivos pro derechos humanos intensifican en estos días la presión pública sobre los magistrados. Lo hacen conscientes de que la mayoría popular se opone al matrimonio igualitario, que hay jueces de conocidas ideas conservadoras y que la deliberación se realiza en paralelo a la mayor crisis de credibilidad de la cúpula Poder Judicial, por cuestionamientos vinculados a un caso de corrupción que aún está en investigación. Contrario al escepticismo de algunos dirigentes, otros se atienen a la tradición costarricense de respeto al derecho internacional y a los derechos humanos; rechazar la legalidad del matrimonio entre parejas del mismo sexo sería un desafío mayúsculo a la CIDH que tiene su sede aquí en San José, a menos de un kilómetro del edificio donde sesiona la Sala Constitucional.
También hay presión en contra del matrimonio igualitario. La más reciente, el discurso obispal de este 2 de agosto, en la celebración del Día de la Virgen de los Ángeles para culminar la peregrinación a la que asisten cientos de miles de creyentes. El obispo José Manuel Garita abogó por la conservación de la familia "basada en el matrimonio entre varón y mujer", entre otras posiciones conocidas del sector conservador católico. Lo dijo ante el presidente de la República, Carlos Alvarado, cuyo gobierno aboga por cumplir la orden de la Corte Interamericana y así sacar de la clandestinidad de cientos de familias homoparentales o abrir la posibilidad de tener una a las personas no heterosexuales.
El diputado oficialista Enrique Sánchez, el primer legislador tico en ocupar una curul presentándose como homosexual, es uno de los optimistas: "Independientemente de las posiciones personales de los magistrados, hay una tradición costarricense de respeto a las posiciones de la Corte Interamericana. Lo contrario sería exponer al país a una nueva condena en esa misma Corte, como ocurrió en 2012 con la Fertilización in Vitro (FIV)".
Cuatro expresidentes de la República firmaron una declaración de apoyo al matrimonio igualitario junto a decenas de otras personalidades. Son Abel Pacheco (2002-2006), Óscar Arias (1986-1990 y 2006-2010), Laura Chinchilla (2010-2014) y Luis Guillermo Solís (2014-2018), aunque en sus gobiernos mantuvieron posiciones relativistas o incluso opuestas, como en el caso de Chinchilla. Para algunos líderes del movimiento, la firma de figuras con poder político como Arias en esa declaración es un indicador de que la Sala Constitucional resolverá de manera favorable.
De aprobarse el matrimonio igualitario, se superaría el estancamiento de diversos proyectos de ley en la última década en la Asamblea Legislativa, pese a que proponían figuras jurídicas que dejaban por fuera la palabra "matrimonio" para eludir la molestia de Iglesias católicas o pentecostales. Sin embargo, en los últimos cuatro años diversas instituciones han reconocido derechos de parejas del mismo sexo, como la Caja del Seguro Social (CCSS), que en 2014 les reconoció la cobertura familiar.
En enero pasado, la Corte Interamericana emitió la opinión consultiva ante una solicitud del gobierno de Costa Rica. Sus efectos en la campaña política fueron evidentes al activarse posiciones conservadoras de base cristiana que hicieron ganar en primera vuelta presidencial al predicador Fabricio Alvarado, aunque en segunda ronda triunfó Carlos Alvarado. El partido evangélico Restauración Nacional (PRN), sin embargo, logró pasar de uno a 14 diputados y convertirse en la segunda fuerza en el Congreso. Ahí expresan su rechazo al matrimonio igualitario y a otras reivindicaciones desde los derechos humanos, como el aborto en cualquier circunstancia.
Este mismo sábado, mientras decenas de activistas se manifestaban frente al edifico de la Corte Suprema de Justicia en San José por el matrimonio igualitario, grupos vinculados a iglesias cristianas hicieron una marcha en contra del aborto. Son conscientes del movimiento de varios sectores para garantizar el acceso al aborto terapéutico que ya se establece por ley aunque solo a veces se cumple.
Otros gobiernos de países que reconocen la jurisdicción de la Corte Interamericana también miran atentos las repercusiones en Costa Rica, que podría convertirse en el país 27 en el mundo en reconocer el matrimonio igualitario y el sexto en América Latina, aunque en México solo es legal en algunos Estados.
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