"OPORTUNIDAD" O "FARSA"
ASÍ VE LA DIÁSPORA LA OFERTA DE PARTICIPAR EN EL DEBATE CONSTITUCIONAL
"Todos los cubanos dentro y fuera del país" podrán participar en el proceso de reforma constitucional que se realiza en el país, incluyendo a los que viven en el extranjero. Así, con énfasis en el "todos", lo anunció ante la prensa Ernesto Soberón, director de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La noticia ha sido acogida con recelo por la oposición y el exilio cubano, sobre todo cuando descubrieron en la letra pequeña de la declaración de Soberón dos condiciones infranqueables para participar: solo se tomarán en cuenta los criterios que apoyen a la Revolución y los aportes serán para contribuir a mejorar la Constitución socialista. Además, los cubanos que residen fuera del país no pueden votar, según la ley electoral.
"Es conocido y notorio que de este gran número de cubanos en el extranjero solo una pequeña minoría aboga por la destrucción de la Revolución, por volver al capitalismo que teníamos antes de 1959 y el resto aboga por un incremento de los lazos entre nuestro país y sus nacionales en el extranjero", dijo Soberón. Además, anunció una plataforma online donde los interesados podrán dejar sus aportes y comentarios a la reforma constitucional.
Liu Santiesteban, activista de derechos humanos, ha sido una de las primeras en recoger el guante del Gobierno. Para la exiliada "no se trata de una concesión", sino de una respuesta a las exigencias de la diáspora cubana.
"En la letra pequeña han puesto que es una consulta popular no vinculante. Tenemos voz, pero no voto y ni siquiera es seguro que recojan nuestras peticiones", dice a 14ymedio vía telefónica Santiesteban, para quien, pese a ello, "esta es una oportunidad para alzar la voz".
Unos tres millones de cubanos residen en otros países, una comunidad que ha crecido con cuatro grandes olas migratorias: al inicio de la Revolución, con el éxodo del Mariel, la crisis de los balseros y las recientes salidas a través de Centroamérica tras el deshielo entre Washington y La Habana.
Eliécer Ávila, presidente del Movimiento Somos+ reaccionó positivamente al anuncio de Soberón: "Hay que ver en esto la oportunidad para conectar con el resto de los cubanos y exigir la transparencia que las autoridades no ofrecen", dijo Ávila.
El disidente estableció recientemente su domicilio en el sur de Florida. "Si hay un proceso de consulta", dice, "y logramos demostrar numérica y públicamente que somos más los que queremos que la Constitución se democratice puede que tengamos un efecto. No en las leyes, pero sí en las personas y finalmente puede cambiar el sistema".
Sobre el compromiso ideológico que exige Soberón, el político cree que se debe pasar por alto. "El énfasis está en el ejercicio plural, participativo y propagandístico que pudiéramos organizar los opositores", afirma. Entre las propuestas de Eliécer Ávila para contribuir con el proceso de reformas está la organización de asambleas en las que la diáspora pueda pronunciarse libremente.
Además, un equipo de trabajo de Somos+ está preparando una aplicación que permitirá a cualquier persona apoyar, rechazar o proponer modificaciones a la propuesta de reforma constitucional hecha por la Asamblea Nacional.
Desde Ecuador, Rolando Gallardo y una serie de cubanos agrupados en diversas iniciativas independientes también apuestan por la participación. "La autoexclusión, regalar la oportunidad no ayuda en nada. Hay que ser pragmáticos y evitar que las emociones nos hagan intransigentes. Si al final es una burla, tendremos pruebas para denunciar sus acciones", explica.
"Se necesitan soluciones para temas imperiosos como como la inaceptable pérdida de la residencia de los cubanos", agrega. La diáspora cubana debería tener una representación con diputados en la Asamblea Nacional, propone Gallardo.
Pero no todos están conformes con participar en la iniciativa del Gobierno. Orlando Gutiérrez Boronat, presidente del Directorio Democrático, una organización en Miami que agrupa a varias plataformas opositoras dentro y fuera de Cuba, dice que ni siquiera se le puede llamar "Gobierno" al Ejecutivo cubano.
"Un Gobierno es una entidad facultada por la soberanía popular para el ejercicio del poder. Definitivamente no hay ninguna definición de derechos que pueda avalar que lo que en Cuba se discute hoy es una Constitución", dice Gutiérrez Boronat.
"La Carta Magna recoge derechos fundamentales alrededor de la cual se organiza el Estado para no restringir los derechos del pueblo. Esto es justo lo contrario, es un Partido (Comunista) que busca reorganizar el Estado para la preservación de su poder", agregó.
Tanto Gutiérrez Boronat como las organizaciones bajo el paraguas del Directorio Democrático son conocidas por su oposición frontal a cualquier vía de diálogo con el Gobierno cubano y fueron muy críticas con el proceso de deshielo emprendido bajo la administración de Barack Obama.
"La consulta al exilio no es más que la misma basura que han promovido desde aquellos diálogos con la comunidad. Lo mismo que intentaron hacer con Nación y Emigración. Tienen la economía en quiebra porque no dan libertades y para poder obtener la riqueza de los que vivimos en el extranjero intentan vendernos esta farsa para que nos sintamos incluidos", agrega.
De igual forma opina Eugenio Artiles, un cubano que tiene también nacionalidad estadounidense. "El Gobierno nos niega la posibilidad de entrar al país con otro pasaporte, y a la misma vez nos quita nuestros derechos como ciudadanos cubanos. Durante décadas nos robó las propiedades y organizó actos de repudio contra los que nos escapamos de ese infierno. Ahora quieren borrar todo eso y ni siquiera pedir perdón. No conmigo", dice.
Otros cubanos intentan desmarcarse de movimientos políticos y consideran participar a título personal. Maruchy Alfonso, quien reside en Miami, ha impulsado dos iniciativas en plataformas de recogidas de firmas para que las propuestas de la comunidad cubana en el exterior sean tenidas en cuenta por la Asamblea Nacional.
“Nuestra petición quiere que las propuestas que realicemos no caigan en el vacío. Queremos tener la oportunidad de participar directamente en un debate con la Asamblea del Poder Popular y que se permita la participación de la diáspora en el escrutinio y conteo de los votos como observadores”, dice
Paloma Nora, una profesional cubana que escapó de una misión del Estado, exige por su parte, que el Gobierno elimine la prohibición de entrada al país a los miles de colegas suyos que han huido de las misiones médicas.
"Desde hace cuatro años no puedo ver a mi abuela ni visitar la tumba de mi madre porque hay un Gobierno que se arroga el derecho de separar a las familias cubanas. Quiero que eso termine", se indigna.