Miguel Díaz-Canel y Castro II
¿Constitución o testamento de Raúl Castro?
Hace algunos años, a mediados de 1975 le pregunté a Blas Roca —designado por Fidel Castro como presidente de la comisión que redactaba la Constitución de 1976— cuál texto constitucional había sido más trabajoso de redactar, si el aprobado en 1940 en el que él participó decisivamente, o el que estaba en sus retoques finales para ser aprobado en breve.
El líder de los comunistas cubanos hasta 1959 me respondió, con su hablar pausado, que las circunstancias de la confección de ambas constituciones habían sido muy diferentes. Me dijo en tono quejoso que en 1940 cada párrafo o punto importante tuvo que ser negociado "larga e intensamente con los miembros burgueses" de la Asamblea Constituyente.
Claro, no me comentó que aquello fue una gran expresión de democracia. Tanto lo fue que le permitió a Blas y sus cinco colegas comunistas integrantes de la Asamblea Constituyente incluir en el texto constitucional conceptos y puntos de vista del Partido Unión Revolucionaria Comunista (PURC) en materia laboral y social. ¿Permitiría Raúl Castro y sus "constituyentes" hacer lo mismo a los partidos políticos que hay en la Isla pese a la salvaje represión?
La Carta Magna de 1940 fue redactada por una Asamblea Constituyente elegida por el pueblo en las urnas e integrada por 76 destacados intelectuales, juristas y políticos, incluyendo los mencionados seis delegados marxista-leninistas del PURC. Todo el espectro político-ideológico de la nación estuvo representado en aquella asamblea.
Y lo mejor, los debates, en el Capitolio Nacional, fueron transmitidos por radio y seguidos con entusiasmo por la gente. El Partido Comunista (PURC) lanzó la campaña "De la fábrica al Capitolio"y los trabajadores llenaban la sala de sesiones.
Aquella Constitución —sustituyó a la de 1901— estableció derechos que muchas constituciones en el mundo no tenían: el derecho inalienable del individuo a un empleo digno, salario mínimo, jornada máxima de ocho horas, vacaciones pagadas, derecho de huelga, libre sindicalización, seguros sociales contra el desempleo, la invalidez, la vejez y otras contingencias.
Plasmó la libertad de expresión, reunión y asociación política como derechos individuales. Reconoció el derecho a la propiedad privada sobre los medios de producción y la separación de los tres poderes del Estado. El texto constitucional generó orgullo nacional, pues fue considerado internacionalmente como uno de los más avanzados del mundo.
Qué contraste más triste. Casi 80 años después, en pleno siglo XXI, en Cuba se escenifica el proceso más bochornoso de que se tenga memoria en Occidente para proclamar una nueva Constitución. Es tan escandaloso que nacerá nula de origen. El colmo de las paradojas es que será inconstitucional.
Para empezar, no emana de una Asamblea Constituyente elegida por la ciudadanía, sino redactada en secreto por un grupito de amigotes del dictador, quien se autonombró presidente del equipo para asegurarse de dejar fuera de la Constitución —o más bien por encima—al Partido Comunista (PCC) y a la cúspide militar del país.
En todo país normal los poderes de la nación, incluyendo la jerarquía militar, se rigen por la Ley de Leyes y el poder civil elegido soberanamente. Pero Cuba es "diferente". Raúl Castro, el generalato y los comandantes históricos que integran también el alto mando militar no estarán subordinados a la Carta Magna, ni a nadie. Nunca lo han estado.
Las entrañas militaristas del castrismo
Fidel Castro originó esa aberración fascistoide desde que tomó el poder en 1959. Sin tener cargo gubernamental alguno, comenzó a dirigir el país como comandante en jefe del Ejército Rebelde, y diariamente le impartía las órdenes al presidente provisional Manuel Urrutia.
Luego, con la institucionalización de los poderes públicos socialistas y el PCC, Castro jamás aceptó —como en el resto de los países "hermanos"— que el PCC estuviera por encima de él como comandante en jefe, ni de las fuerzas armadas.
Su experiencia como gángster habanero en los años 40 y principios de los 50 lo hizo un experto en prevenir conspiraciones contra él, y en tenerlo todo bajo control. Lo aprendió de pandilleros tan famosos como Emilio Tro (su jefe inmediato), Mario Salabarría, Rolando Masferrer, José Fallat "El Turquito" y muchos otros. Además, su ego chocaba con la disciplina leninista. Y Castro II, que en todo sigue a su hermano, tampoco acepta subordinarse al poder civil y solo se quita el uniforme de general en actividades protocolares.
Con excepción de Stalin, Mao, Pol Pot, la dinastía Kim y del mariscal Tito, en los restantes países comunistas los dirigentes generalmente buscaban el consenso en las materias más delicadas.
Fidel nunca lo buscó. Se percibía a sí mismo con un genio infalible. Gobernó como Calígula a base de caprichos disparatados. Por ejemplo, sin reunir al Buró Político en 2002 ordenó por teléfono al general Ulises Rosales desmantelar el 66% de la industria azucarera (95 de las 156 fábricas) y reducir la superficie cañera de dos millones de hectáreas a 750.000 hectáreas.
El proyecto de Constitución reitera que el máximo poder político es el PCC, lo cual realmente es falso. Lo son el jefe militar supremo y la cúpula castrense que lo sostiene en el poder. Ese es el núcleo duro que manda en el país, cual Junta Militar que, para colmo, no existe formalmente y opera en las sombras.
El PCC como partido político en la nueva Constitución no estará sujeto a regulaciones legales e institucionales, como ocurre con todos los partidos políticos en el mundo. No estará subordinado a nada. Las observaciones de los ciudadanos para la nueva Constitución —hasta el 15 de noviembre— son inútiles, pues quienes mandan en la Isla no se acogen a ella.
Para atar las manos de los sucesores
¿Para qué entonces una nueva Constitución? Porque se trata del testamento político de Raúl Castro y los históricos para dejar atadas las manos de sus inminentes sucesores en el poder. Quieren garantizar ya al final de sus vidas que los cambios que inevitablemente habrá en la Isla no se salgan del esquema de sucesión neocastrista concebida por ellos, los "fundadores”.
Castro II no quiere dejar posibilidad legal alguna de que pueda aparecerse un advenedizo tipo Gorbachov a realizar reformas profundas y descarrile la transición militarizada tipo fascista que ya montan con GAESA. Desean impedir jurídicamente la competencia con un eventual sector privado pujante que podría barrer con los militares económicamente.
Están ansiosos por garantizar el dominio de las FAR y del PCC al frente del régimen neocastrista para preservar el legado "revolucionario" de Fidel, el Moncada, la Sierra Maestra, Playa Girón, etc. Todo bien encerrado con candado en una nueva Constitución.
Obviamente, el nuevo texto no admitirá que las botas militares —ya dueñas del 70% de la economía nacional— están por encima de la Carta Magna. De jure la Constitución será una cosa, y de facto otra. Hay más, el poder máximo no será el Partido-Estado, sino el jefe militar supremo, el verdadero.
Y digo verdadero porque la Ley de Leyes actual establece que al presidente del Consejo de Estado le corresponde "desempeñar la Jefatura Suprema de todas las instituciones armadas". Y eso difícilmente será modificado en el nuevo texto. De manera que constitucionalmente ya Raúl Castro no es el comandante en jefe de las FAR, sino Miguel Díaz-Canel. ¿Quién en Cuba se cree eso?
No importa lo que diga texto alguno, Castro II será el "número uno" de la dictadura hasta que se muera. Él y su hijo Alejandro seguirán encabezando la Junta Militar, que opera por encima del bien y del mal. Todo lo demás es una tomadura de pelo.
Roberto Álvarez Quiñones, Los Ángeles, Octubre de 2018
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