Por Calibán  | Dos Manzanas

La administración presidida por Donald Trump continúa en su denodada persecución de las personas trans. Según ha adelantado The New York Times, el Departamento de Salud está elaborando una reforma de las leyes federales en materia de educación que incluiría una definición del sexo o género que negaría la existencia de las personas trans y, por lo tanto, la posibilidad de que ejerzan algún derecho con su identidad de género real. Según esa definición, «el sexo se refiere a la condición de una persona como hombre o mujer en base a rasgos biológicos inmutables identificables por o antes del nacimiento». La pretensión es que esta descripción sea adoptada también por los Departamentos de Justicia, Salud y Trabajo, por lo que afectaría a las personas trans en todos los aspectos de su vida pública.

 

El Título IX de la Ley de Derechos Civiles establece la prohibición de discriminar en razón del sexo en los programas de educación que reciban financiación federal. La anterior administración estadounidense, presidida por Barack Obama, estimó que esa disposición también acogía a las personas trans y emitió una directiva en la que ordenaba a las instituciones de enseñanza que respetaran la identidad de género de los alumnos trans en cualquier actividad educativa. Eso amparaba a las personas trans en el uso de los baños públicos, las actividades separadas por género o la asignación de dormitorios, que debían adaptarse a la identidad de género expresada por el alumnado. Los centros que no respetasen esa normativa podían perder la financiación federal. Sin embargo, en cuanto se produjo el cambio de gobierno, la nueva Administración, presidida por Donald Trump, derogó esa directiva y dejó sin protección a los alumnos trans. Pero su pretensión es, al parecer, llegar aún más lejos.

 

Según un memorándum que ha llegado a manos del diario The New York Times, el Departamento de Salud está elaborando una reforma del mencionado Título IX, en la que se incluiría una definición de lo que es el sexo, con el objetivo de evitar que las personas trans puedan ver reconocida oficialmente su identidad de género. Según el Departamento de Salud, las distintas agencias gubernamentales necesitan adoptar una definición del sexo o género explícita y uniforme como algo determinado «sobre una base biológica clara, fundamentada en la ciencia, objetiva y administrable». Sin embargo, desoyendo las evidencias científicas, pretende que esa definición establezca la existencia de únicamente dos sexos, varón y mujer, inmutables y determinados por los genitales que la persona tuviera al nacer. Además, cualquier disputa administrativa en relación al reconocimiento del sexo o género se dilucidaría con pruebas genéticas.

 

Específicamente, el memorándum propone que «el sexo se refiera a la condición de una persona como hombre o mujer en base a rasgos biológicos inmutables identificables por o antes del nacimiento. El sexo que figure en el certificado de nacimiento de una persona, tal como se emitió originalmente, constituirá una prueba definitiva del sexo de una persona a menos que sea refutado por evidencia genética confiable».

 

La propuesta es que esta definición no solo afecte al Departamento de Educación, sino que sirva de guía al resto de las agencias gubernamentales. Significaría negar la existencia de casi un millón y medio de ciudadanos estadounidenses, cuya identidad de género no sería reconocida por la Administración en materia de derechos civiles de ámbito federal. Específicamente sería adoptada por el Departamento de Salud, el Departamento de Justicia, el Departamento de Educación y el Departamento de Trabajo (llamados coloquialmente «los cuatro grandes»), por lo que afectaría a los ciudadanos trans en todos los aspectos de su vida pública.

 

Según la directora de Human Rights Campaign, Sarah Warbelow, «las personas trans están asustadas. En cada paso en el que la administración ha tenido la opción, han optado por darle la espalda a las personas trans». Por ello, el Centro Nacional por la Igualdad Transgénero ha convocado una manifestación en la ciudad de Washington, que concluirá frente a la Casa Blanca. Su directora, Mara Keisling, describe la propuesta de reforma como «una medida superagresiva, despectiva y peligrosa» que lo que trata es «decir que no existimos».

 

El empeño en la discriminación de las personas trans

Esta propuesta de reforma es un paso más del actual Gobierno estadounidense en su ensañamiento en socavar los derechos de las personas trans. Conquistada la Casa Blanca en las elecciones de noviembre de 2016, Donald Trump y Mike Pence (cuya LGTBfobia era ya bien conocida antes de ser invitado por Trump a ser su candidato a vicepresidente) se lanzaron sin disimulos a implementar su agenda anti-LGTB, de la que las personas trans son en este momento su objetivo principal. Hay en marcha, por ejemplo, toda una operación para excluirlas del Ejército, que por el momento permanece en suspenso por decisión judicial pero que Trump y Pence parecen decididos a llevar hasta el final y llegar hasta el Tribunal Supremo, cuya actual composición puede serles desdichadamente favorable.

 

Una de las últimas disposiciones ha sido la retirada de las normas de protección de las personas trans recluidas en las cárceles federales que en su momento instauró la administración Obama. La administración Trump ordenó que sea el «sexo biológico», y no la identidad de género el que determine las instalaciones a las que las personas trans son asignadas. Una norma especialmente cruel hacia las mujeres trans, que han perdido de esta manera la protección de la que gozaban frente a agresiones sexuales a manos de otros reclusos.

 

Como hemos señalado anteriormente, la administración Trump también retiró la protección al alumnado trans en las escuelas que reciben fondos federales. Y ha prohibido, por mencionar otro ejemplo más, el uso de la palabra «transgénero» en los informes de su principal agencia sanitaria, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC en sus siglas en inglés). Y todo ello por no hablar de las medidas dirigidas de forma global contra el colectivo LGTB en su conjunto, como por ejemplo su intención de que el personal sanitario pueda negarse a atender a una persona homosexual, bisexual o transexual si considera que prestarle la asistencia sanitaria que precisa vulnera sus creencias.