Salvo los militares y la nomenclatura de funcionarios de primer nivel y algunos de segundo nivel —deudores de los privilegios ocultos propios del “socialismo real”—, el resto de los sectores sociales expresan su repulsa a las políticas públicas en curso: en la economía, en las relaciones laborales, en el orden cultural, social, cívico y político. Estamos hablando de alrededor de un millón de militantes y funcionarios que obstruyen y hacen retroceder las posibilidades de desarrollo, de bienestar de la población y de libertad política y civil contra once millones de habitantes y alrededor de 3 millones de emigrantes cubanos.
Para un observador internacional desconocedor de la situación cubana, el Gobierno cambió de presidente recientemente, aunque “a dedo”, se discute una nueva Constitución, aunque mantiene el papel omnipotente del PCC, y no hay garantías constitucionales para los derechos fundamentales; y el Gobierno informa sobre un proceso de reformas económicas desde 2011 que no acaba de dar resultados en su caótica, distorsionada y deprimida economía. Estos podrían ser los titulares de las agencias de prensa internacional.
Sin embargo, estos titulares no dan cuenta de la olla de presión a punto de explotar que son las erráticas políticas públicas del gobierno y los focos de protestas de los diferentes sectores que se encienden y apagan de manera intermitente por la represión, pero que permanecen acumulando el descontento popular desde la desaparición de los subsidios soviéticos en los inicios de los noventas.
Si en la década de los noventas la resistencia popular fue quebrada mediante la hambruna y la represión, en la actualidad vemos un “tour de force” contra todos los sectores de la población, midiendo fuerzas con la resistencia popular y sin poder masificar la represión física, frente a un entorno internacional adverso y gracias a la información que se filtra casi en tiempo real por Internet de lo que sucede cada día en el territorio nacional. Por eso decimos que el gobierno fuerza la revuelta popular de manera intencional o por brutalidad, pero no puede justificar ninguna política pública en curso, salvo por su incompetencia “natural” o rutinizada que no es una justificación plausible para ningún gobierno. De la pobreza y el subdesarrollo se sale con leyes, instituciones y políticas públicas inclusivas y sensatas. No hay señales de voluntad política del gobierno para salir de la crisis estructural en Cuba.
No es necesario recurrir a las encuestas, aunque todas las realizadas en los últimos diez años y de manera independiente den cuenta del nivel de rechazo de la población de las políticas en curso. Cada sector social ha visto empeorar su precaria situación o no ha mejorado las condiciones mínimas para su reproducción. Partiendo del diagnóstico de la situación de Cuba y del análisis de las políticas vigentes se hace evidente que las mayorías perciben un gobierno fallido que no resuelve los problemas acumulados y empeora la situación con cada nueva medida que toma. Las cifras oficiales sobre la participación popular en el debate de la nueva Constitución no son creíbles porque en Cuba no existe órgano de control independiente al PCC que fiscalice las elecciones ni las consultas populares. Lo mismo sucede con el próximo referéndum del 24 de febrero de 2019.
Siendo los más bajos de todas las Américas, el Gobierno incrementa los impuestos al sector privado sobre la fuerza de trabajo a partir de agosto de 2017 para evitar el éxodo de los profesionales de la empresa estatal hacia el sector privado y cooperativo. A las cooperativas agropecuarias les suben el impuesto para la seguridad social en el orden del 20 % a partir de un ingreso de 350 pesos cubanos mensual. A las cooperativas de construcción les impiden crecer en miembros, no pueden contratar fuerza de trabajo y sólo pueden funcionar en su municipio de origen. Política exactamente inversa si se quiere aumentar la producción de bienes y servicios, y el consumo. Las pensiones mínimas están en 242 pesos mensuales y las más altas en alrededor de 450 pesos mensual: ni las mínimas ni las máximas sirven para un consumo mínimo alimentario de acuerdo a los costos de la canasta básica individual. El salario mínimo no se informa por ONEI que informa el salario medio, distorsionando el nivel de pobreza de los trabajadores estatales (el 87 % de los empleados) y mal replicado por los organismos internacionales. No es posible conocer la proporción de trabajadores que reciben salarios por debajo del salario medio nacional. La Central única de trabajadores pospone recientemente y de manera indefinida una reforma salarial. A los cooperantes cubanos y a los trabajadores en empresas mixtas o de total capital extranjero se les confisca del salario mensual entre el 75 y 90 %.
El Plan Nacional de viviendas pospone eliminar el déficit habitacional en diez años sobre la base de los recursos estatales. El estado confiesa que no tiene recursos, pero no permite el financiamiento privado cubano ni cooperativo para la producción de materiales de la construcción ni para la construcción de viviendas. Permite, sin embargo, la contratación de trabajadores indios para la construcción de hoteles con salarios de 1.600 euros frente a los 20 dólares mensuales que se paga a los constructores estatales.
El gobierno hace público el proceso para eliminar la dualidad monetaria y las tasas cambiarias que distorsionan todas las mediciones económicas en el país, en el año 2013. No ha eliminado la dualidad monetaria y las diferencias cambiarias por temor al impacto político sobre los precios del consumo a la población —demasiado deprimido—, y no ha sabido preparar en cinco años las condiciones para mitigar el impacto de una profunda devaluación del peso cubano ni con el incremento de la oferta ni con respaldo financiero. La distorsión económica afecta también, la captación de inversión extranjera.
Los ataques a la propiedad privada y al cuentapropismo
El Gobierno demoró año y medio para prohibir las PYMES en el país y reducir el cuentapropismo a un autoempleo precario en las disposiciones de la Gaceta Oficial extraordinaria número 35 del 10 de julio de este año. El “paquetazo” como lo llama la población entrará en vigor el próximo 7 de diciembre. Los taxistas no estatales están llamando a paro general. El gobierno de Cuba es el único en el mundo que ataca la creación de riqueza legal y no tiene ninguna política para eliminar la pobreza y la pobreza extrema. La represión a la creación de riqueza legal aparece en la nueva Constitución. El gobierno cubano es el único en las Américas que no publica los índices de pobreza extrema, pobreza y desigualdad como tampoco los salarios mínimos, ni el costo de la canasta básica individual ni familiar, ni las causas del 30 % de la PEA desempleada.
La política agropecuaria contra los campesinos
Ni usufructuarios de tierras, ni dueños, ni cooperativistas tienen mercados mayoristas para producir. Los insumos son caros, de mala calidad y no resuelven las necesidades productivas. Cuba no ha resuelto la seguridad alimentaria en el país y todos los cubanos, menos la élite militar y gubernamental se levanta con la pregunta de qué podrá comer en su vida cotidiana. Los planes del gobierno se hacen de espaldas a la demanda y a las potencialidades de la producción porque no permiten la propiedad y gestión privada y cooperativa para la producción libre de alimentos y la distribución. La intermediaria estatal Acopio deja pudrir en el campo entre el 57 % y el 60 % de la cosecha y no paga con regularidad a los campesinos por el 70 % de la venta obligatoria al estado y paga, además, con precios por debajo del mercado a los productores. Los ganaderos tienen que producir el ganado y los pastos en su misma tierra por dictamen estatal en una extensión máxima de 67,10 hectáreas.
También en este año, el decreto 349 penaliza la creación artística independiente y encarcela a los artistas que protestan por la restricción de sus derechos. Entrará en vigor también el 7 de diciembre.
Los estudiantes no tienen incentivos para estudiar una carrera universitaria que luego los condena a salarios paupérrimos y a condiciones de trabajo y transporte deplorables. Los profesionales sueñan con emigrar del país porque no pueden ejercer en el sector privado o cooperativo y los salarios más altos en el sector estatal presupuestado tampoco sobrepasan los 32 dólares mensuales.
La población cubana se queja de la mala calidad de los servicios de salud y educación cada vez más costoso para las familias que tienen que aportar desde la reparación de las escuelas que el gobierno no asume, repasadores privados para paliar la baja calidad educativa, hasta el transporte hacia los centros médicos, y las sábanas en los hospitales, y los regalos a los médicos, aunque sea en especie porque ellos también necesitan comer.
La represión contra la población
La represión contra todos los que critican las políticas públicas, los arrestos arbitrarios, la ausencia del debido proceso y del habeas corpus, los que no quieren seguir viviendo en la represión contra la autonomía ciudadana en el socialismo soviético en curso y proponen alternativas, contra todos, la represión se ha incrementado.
Los emigrados cubanos no han mejorado en sus derechos. No pueden votar en las elecciones ni en el próximo referéndum, aunque se les pida opinión. Los costos de los pasaportes cubanos obligatorios para entrar al país siguen siendo de los más caros en el mundo y tienen prohibido de facto invertir en el país. Emigrado que critique alguna política del gobierno o todas fuera del país, es recibido por la policía política en el aeropuerto internacional José Martí. Las más tenues de las represalias son montarlo en un avión de vuelta, las más radicales, encarcelarlo.
¿Cuál es el sector social que se beneficia de las actuales políticas públicas? Salvo los militares y la nomenclatura de primer nivel con sus privilegios ocultos, el resto de la población repudia las medidas y las políticas públicas en todos los órdenes que mantienen la precariedad, la represión, y profundizan la pobreza y la desigualdad en Cuba.
¿Es que el Gobierno mide fuerzas con la resistencia popular o es pura brutalidad e incompetencia por los intereses creados de las élites en el poder? Un ciudadano informado diría que las dos.
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