—Mi hija está muy grave. Por favor, déjenme verla, suplicó Manoreys antes de explotar en llanto.
—Usted sabe que si abandonó una misión internacionalista no puede volver en ocho años a Cuba. Es la ley. Acompáñeme de vuelta a otro avión.
A las 8.00 a.m. del lunes 26 de febrero de 2018, Manoreys Rojas llega a La Habana. Toma su maleta de la estera y se presenta ante el oficial de Inmigración. El hombre le pide que mire a la cámara, abre el pasaporte azul y revisa algunos datos en la computadora.
La noche antes, María Claudia Rojas con 11 años se había atiborrado de pastillas para los nervios. Trece tabletas de Amitriptilina pasaron por la garganta de la niña y varias horas después todavía está grave en un hospital de Sancti Spíritus. La última vez que vio a su padre fue en 2016.
—¿Usted cómo abandonó el país?, le pregunta el funcionario casi sin levantar la mirada.
—Estaba de misión y no regresé.
—Colóquese detrás de la línea amarilla y aguarde por mi superior.
Diez horas después de llegar a La Habana, de tenerlo esperando en una sala de la terminal 2 del Aeropuerto Internacional José Martí, de que implorara en Emigración que no lo regresaran en otro vuelo sin ver a su hija; a Manoreys le entregaron su pasaporte y lo enviaron de vuelta a Miami.
El 2 de marzo de este mismo año solicitó una visa humanitaria como último recurso. Hasta hoy no ha recibido respuesta.
Desde que Manoreys se licenció en traumatología y ortopedia en Santi Spíritus concibió una posible misión internacionalista como el camino hacia una vida más próspera. “Cada vez que llegaba a la casa me quitaba la bata e iba a cebar cerdos. No quería vivir siempre así. Necesitábamos un cambio”. Finalmente en 2014 tomó un avión rumbo a Ecuador como parte de la misión médica de Cuba allí.
Rojas ha sido uno de los 407 mil profesionales de la salud que desde 1963, cuando la isla inició oficialmente la colaboración médica internacional en Argelia, ha integrado estas misiones. Hasta hoy suman 164 los países beneficiados y es la exportación de sus servicios el principal renglón de la economía nacional.
Después de un año en Ecuador, las autoridades cubanas dieron por terminado su contrato y le pidieron que volviera al país. Él se negó a regresar. “Desertó”.
Ahora vive en Estados Unidos donde trabaja como chofer de Uber mientras estudia enfermería. El precio a pagar por su decisión es ocho años de exilio y una familia sin carencias materiales, pero rota.
NACIÓN, EMIGRACIÓN Y GOBIERNO: RELACIONES QUE NO TERMINAN DE DISTENDERSE
En octubre de 2017, el canciller cubano Bruno Rodríguez anunció un paquete de medidas que favorecerían a los emigrados cubanos. “El Gobierno de Estados Unidos cierra y Cuba abre”, dijo en ese entonces.
Al escucharlo Manoreys tuvo la esperanza de volver con sus hijos y padres. Rodríguez comunicó: “Será permitida la entrada de los ciudadanos que salieron ilegalmente del país, excepto aquellos que lo hicieron a través de la Base Naval de Guantánamo”.
Las medidas fueron impulsadas casi un año después de que el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama derogara la llamada “ley de pies secos, pies mojados”, al igual que el Cuban Medical Professional Parole Program (CMPPP) un programa que estimuló el abandono de las misiones oficiales en países como Venezuela y Brasil.
Parecía el momento adecuado para que la isla repensara su relación con los médicos exiliados.
Solo que más adelante la prensa nacional aclaró que podrán entrar “siempre y cuando no hayan desertado de misiones diplomáticas, deportivas o médicas. En ese caso sí se mantiene la prohibición de volver al país durante los ocho años siguientes a su salida”.
A menos que el profesional decida reinstalarse en el archipiélago de manera definitiva, en condición de repatriado. Bajo esa condición, el castigo desaparece y hasta puede optar por una puesto en el mismo sistema de salud que dejó.
TRAICIÓN A LA PATRIA Y LA NUEVA CONSTITUCIÓN
Actualmente a los médicos, deportistas, maestros, a cualquier profesional que haya rehusado volver en medio de un contrato de trabajo, se le acusa de traición y se le impide su regreso. Son los llamados “inadmisibles”.
A pesar de que la traición a la patria no está tipificada en el Código Penal cubano y, por tanto, no es un delito civil, a los que optaron por emigrar, el castigo les pesa.
Para el Doctor en Ciencias Jurídicas Julio Antonio Fernández Estrada, una medida como esta es inaceptable y viola los derechos humanos.
“Abandonar un contrato de trabajo tiene consecuencias contractuales, administrativas y laborales, pero nunca migratorias. A menos que estemos hablando de una misión militar, que no es el caso”.
Una opinión semejante a la del abogado fue por primera vez escuchada públicamente en el Parlamento Cubano el pasado mes de julio, cuando el diputado Miguel Barnet pidió modificar el calificativo de “traición a la patria”, que se cuelga a quienes abandonan el país mientras cumplen misión en el extranjero.
En las sesiones de la Asamblea, el presidente de la Unión Nacional de Escritores y Artistas (UNEAC) expuso que traidores son quienes se pasan al ejército enemigo, están al servicio de una potencia extranjera, o quienes cometen un acto terrorista.
Según el razonamiento del intelectual, ni Manoreys, Nora, Tays, Mara, Jorge, Maritza, Robert, ni otros profesionales que eligieron no volver, deberían ser vistos así.
Piensa Manoreys que el debate constitucional es quizá el mejor contexto para que los cubanos expatriados, como él y sus familias lleven a cada barrio, a cada plataforma disponible, su petición de que cese esta política. Por el momento ya algunos lo han hecho.
Annarella Grimal, una de las administradoras del grupo de Facebook No somos desertores, somos cubanos libres, se entrevistó el 29 de septiembre en Dublin con la vicecanciller cubana, Ana Teresita González Fraga, en la embajada de Cuba en Irlanda.
En el blog del grupo, Annarella relata algunas sus preguntas a la diplomática “¿Usted sabe lo que son ocho años de cárcel, de exilio forzado, de separación familiar solo por abandonar un contrato laboral? Es terrible.”.
La visión de la vicecanciller era distinta a la de Grimal. González Fraga se refirió al abandono del contrato, al robo de cerebros y a la gratuidad de los servicios en Cuba.
La diplomática insistió que tiene que haber una medida.
En tanto, Nora, otra de las doctoras que no ha podido regresar a su país en cuatro años, unas semanas atrás publicó un video donde se dirige a la administración cubana.
Con el presente proyecto constitucional, Cuba regula nuevos Derechos Humanos en su Carta Magna, y suma a su ordenamiento jurídico las normas y tratados internacionales firmados por la isla. Entre ellos, por ejemplo, está la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada en agosto de 1989.
En ese documento se reconoce el derecho del infante a conocer a sus padres y ser cuidado por ellos, a no ser por resolución judicial dictada para proteger intereses del menor.
Al separar a Manoreys de sus dos hijos, por no cumplir un contrato de trabajo, e impedirle verlos crecer, la administración cubana podría violar su nueva Constitución.
Cuando se apruebe una nueva “Ley de Leyes” en la cual Cuba se define como “un estado socialista de derecho”, el documento indicará que la ley es lo que impera.
Existen varios decretos, disposiciones, resoluciones actualmente en vigor en Cuba que se refieren, directa o indirectamente, al abandono de funciones laborales de los trabajadores cubanos en general y, en particular, de aquellos altamente calificados.
*Ley No. 62 Código Penal Decreto-Ley - No. 306 Decreto Ley - No. 302 Res. - No. 168 del MINCEX
Artículo 135 de la Ley no. 62 “Código Penal”, recogido en el título II Delitos contra la Administración y la Jurisdicción, Capítulo I, violación de los deberes inherentes a una función publica, Sección quinta ‘abandono de funciones’:
ARTÍCULO 135.1. El funcionario o empleado encargado de cumplir alguna misión en un país extranjero que la abandone, o, cumplida ésta, o requerido en cualquier momento para que regrese, se niegue, expresa o tácitamente, a hacerlo, incurre en sanción de privación de libertad de tres a ocho años.
2. En igual sanción incurre el funcionario o empleado que, en ocasión del cumplimiento de una misión en el extranjero y contra la orden expresa del Gobierno, se traslade a otro país.
En dos minutos frente a la cámara cuenta la historia de una familia separada, la suya, y pregunta al gobierno cuándo cesará este castigo.
Sin embargo, lo que mantiene a cientos de profesionales cubanos separados de sus familias es una política fantasma.
Cuando los afectados han pedido acceso a este documento en los órganos de justicia nacionales, no han encontrado respuesta. “La política de los ocho años no aparece. No la quieren mostrar o no existe”, explican.
Hasta donde se sabe, no es una ley que emitiera la Asamblea Nacional, ni un decreto del Consejo de Estado. Podría ser, quizás, una resolución ministerial, pero los afectados no tienen certeza de a qué se enfrentan porque ninguno ha podido ver su cuerpo.
El doctor Fernández Estrada explica que todo el derecho producido en Cuba tiene que ser público y estar contenido en la Gaceta Oficial, aunque no esté incluido en una normativa de alto rango.
“Ocultar una normativa es ilegal y anticonstitucional. Va además contra todo el sistema del ordenamiento político cubano y contra el sistema de derecho que establece que las normas jurídicas y los actos normativos del Estado deben ser todos oficiales y accesibles”.
Pero mantener como secreto documentos de valor legal es una práctica que ha ocurrido antes en el país. Recordemos que la Resolución del Ministerio de Turismo que prohibía la entrada de los cubanos a los hoteles, tampoco apareció nunca en la Gaceta, pero se implementó durante muchos años.
El hecho de que algunas disposiciones estén ocultas tiene para Fernández Estrada una posible explicación:
“Van contra disposiciones normativas de mayor rango. Y al ser secretas nadie las puede atacar jurídicamente. Esto es lo que debe estar pasando con la política de los ocho años”, infiere el experto antes de concluir que impedir que cubanos hoy se reencuentren con sus hijos y padres es un abuso de autoridad.
A esto se le añade que no se aplica con igual rigor esta medida a todos los profesionales. Mientras que los de la salud deben aguardar 96 meses y solo tramitar una posible visa humanitaria si un familiar de primer grado está próximo a morir, algunos deportistas que han abandonado competencias en el exterior, regresan a Cuba antes del lapso establecido.
Esta diferenciación para el máster en derecho Raudiel Peña, afecta el principio de igualdad que debería regir la ley.
“Se castiga a los médicos por encima de otros profesionales porque la exportación de estos servicios es un sector estratégico económicamente”.
A juicio del experto, el actual escenario podría ser el ideal para cambiar esta injusta medida. “Solo depende de si existe o no voluntad política para hacerlo”.
Hasta hoy el gobierno cubano no muestra interés en transformar la normativa de exilio. No lo hizo Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado, cuando respondió a Miguel Barnet en la Asamblea, ni la viceministra Fraga, en Dublin, cuando la activista Grimal la confrontó.
¿HASTA CUÁNDO EL CASTIGO?
En los últimos tres años murió el padre biológico de Manoreys, también algunos de sus tíos. Su hija intentó suicidarse. Unas semanas atrás falleció también el hombre que lo crió. A él no lo han dejado regresar. El 15 de octubre Enmanuel Alejandro, su hijo más pequeño, cumplió 8 años. Manoreys lo llamó y el niño preguntó una vez más que cuándo regresa. Hubo silencio.
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