Pasó un tornado por varios municipios habaneros, ocasionó muertos, derrumbes, apagones, cortes de agua; aumentó la pobreza en la que viven muchos habitantes, recrudecida desde semanas antes por el desabastecimiento alimentario. Y, después del tornado, le tocó operar a un régimen que hace más de medio siglo que se califica como revolución, y que alardea de humanismo.
Desastres naturales ocurren en todas las latitudes, son en gran medida inevitables, y cualquier población está expuesta a ellos. Pero lo que sí resulta evitable es que, después del desastre natural, venga a cebarse en la gente el desastre político. Y esto es lo que ocurre ahora en la capital cubana.
No hay para los afectados por el tornado gratuidad ninguna (si acaso, rebaja de precios) puesto que los alimentos con que debieron socorrerlos de inmediato y los materiales de construcción que les han prometido, han sido y serán cobrados.
No hay levantamiento temporal de restricciones aduaneras para que los cubanos que residen en el extranjero puedan auxiliar a quienes sufren.
Se trata, ni más ni menos, de la reacción usual del Gobierno cubano que, aun tratándose de donaciones de otros gobiernos y de desastres aún mayores, no admite que nadie se interponga entre el Estado y las víctimas. Porque esas víctimas son propiedad del Estado. Y en nombre de esa exclusividad, la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) se encarga de echar de la zona de desastre a todo ciudadano que pretenda ayudar en lo posible.
Nada de solidaridad de individuos con otros individuos, nada de despliegue de la sociedad civil: la única ayuda que han de recibir los damnificados tiene que venir del Estado, que además puede sacarles algún dinero por ello.
No hay más que atender a las reacciones de las autoridades. La ministra de Comercio Interior publicó la lista de precios que cobran por la ayuda; el ministro de Turismo avisó que no tenían afectaciones unos hoteles que habrían podido albergar gente sin techo; y el presidente Díaz-Canel tuiteó acerca de una sociedad, una economía y un Gobierno que "siempre tendrán reservas para que nadie quede desamparado". Que vaya a decírselo Díaz-Canel a todos los que esperan, en La Habana y a lo largo del territorio nacional, por un techo propio desde hace tantos huracanes.
El colmo de la abyección fue del ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, quien dejó claro en un tuit cuáles son las prioridades: "La marcha de las antorchas en el 166 aniversario del natalicio de #JoseMarti. No importó el tornado, siempre el pueblo unido con sus dirigentes. Recuperaremos los daños en La Habana y celebraremos el 500. Pero antes votaremos Sí por la #nuevaconstitución".
No importa el sufrimiento de la gente, no importan los fallecidos, tampoco importa Martí: para los dueños del destino del pueblo cubano lo de veras importante es la agenda propagandística, que dicta primero desfile, después celebración de la fundación de la capital, pero, por sobre todo, el asentimiento unánime a las disposiciones que las autoridades impongan.
Las víctimas del tornado han sido acordonadas por la PNR y autoridades municipales; les cobran la poca ayuda que el Estado se digna a depararles; les hacen promesas que nunca se cumplirán y, sin importar por cuántas vicisitudes atraviesan, tienen que decir SÍ a la voluntad de los amos. SÍ a la Constitución que perpetúe un sistema desentendido de las necesidades de la población, capaz de impedir cualquier ayuda y, encima, capaz de propiciar un comentario criminal como el de Malmierca. Un sistema que, en nombre de la revolución y del humanismo, prohíbe que aflore ante un desastre lo mejor de cada individuo: su solidaridad con los demás.
En otras partes del mundo la respuesta ante un desastre colectivo supone el reforzamiento de la idea de comunidad, la búsqueda del alivio que pueda encontrarse en la unión entre todos. No ocurre lo mismo en La Habana, donde la miseria traída por el reciente tornado se redobla con la que imponen unas autoridades empeñadas, ante todo, en seguir dividiendo a los cubanos.
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