Aunque todavía no hay nada decidido, el riesgo nunca había sido tan alto. El pasado 16 de enero, el Gobierno de Donald Trump anunció que el Título III de la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana (1996), más conocida como Ley Helms-Burton, se mantendría suspendido durante 45 días y no durante seis meses, tal y como se venía haciendo desde la etapa de Clinton. Cuando acabe el plazo, la Administración Trump podría o bien mantener la suspensión o bien activar el citado título, lo que abriría la puerta a que norteamericanos (incluidos cubanos que adquirieron después la nacionalidad) reclamen la titularidad de las propiedades expropiadas durante la Revolución
La decisión, que fue tachada de "provocación" por el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha puesto en guardia a las empresas que operan en Cuba, un país que vive del turismo y al que una decisión así podría dejar herido de muerte. "El objetivo no es recuperar sus activos, sino negar a quienes explotan dichos bienes todo beneficio que proceda de los mismos", explica a este diario José María Viñals, socio director de la oficina de Madrid de Lupicinio Abogados, despacho español presente en Cuba desde la década de los noventa.
"Desde su entrada en vigor y por presiones de la UE, el Título III —y el IV, que se deriva del anterior— ha estado suspendido 'sine die' por mandato presidencial por periodos consecutivos de seis meses, como así hicieron los presidentes Clinton, Bush y Obama", añade Viñals, que apunta a que en este momento existen casi 6.000 reclamaciones por un valor total de 9.000 millones de dólares entre las que se encuentran las del aeropuerto de La Habana o las instalaciones portuarias de Santiago de Cuba. Desde el anuncio de Estados Unidos, Viñals admite que los teléfonos de los abogados no han dejado de sonar.
Un interés que también acredita Jordi Cabarrocas, director general de 1898, compañía de recuperaciones patrimoniales en Cuba. "Tenemos la sensación de que la gente se está movilizando", explica en conversación con El Confidencial. Para Cabarrocas, esta situación se ha "infravalorado" durante muchos años y el interés de las familias se ha vuelto a despertar tras el anuncio de Estados Unidos.
Al igual que Viñals, Cabarrocas coincide en que uno de los sectores más expuestos ante la posible activación de este título es el hotelero. "Puede tener un problema serio", admite el presidente de 1898, asociación que representa a unas 400 familias en España. De hecho, señala que hay algunas cadenas hoteleras que han mantenido conversaciones con algunas familias, si bien no se ha llegado a cerrar ningún acuerdo. No obstante, Viñals apunta que hay empresas que en los últimos años han llegado a acuerdos con algunas familias precisamente para evitar cualquier problema a largo plazo.
En cifras, Meliá Hotels cuenta con 32 hoteles en Cuba frente a los 20 de Iberostar o los tres de Barceló. La primera prefiere guardar silencio, la segunda no ha respondido a la solicitud de información de este periódico y la tercera niega cualquier tipo de preocupación al respecto. "Solo tenemos tres hoteles en Varadero, todos ellos en gestión. No nos afecta, porque la propiedad es de empresas cubanas", explican fuentes de Barceló. Sí admiten que la activación de la Ley Hemls-Burton puede poner trabas al crecimiento del sector y debe ser examinada "con cuatro ojos" por todos los operadores con actividad en la isla.
"No es agradable convivir con una ley que representa una amenaza desde su nacimiento [años noventa], pero estamos tranquilos" mientras no cambie nada, sostienen fuentes empresariales. De hecho, no creen que Estados Unidos vaya a activar un título que va en contra de sus propios intereses, pues hay cadenas hoteleras estadounidenses (como Marriott) con presencia en la isla. "Sería como pegarse un tiro en el pie", vaticinan.
NH tampoco quiere renunciar a uno de los destinos más turísticos del mundo. La cadena española gestiona dos hoteles en La Habana, si bien ambos están en manos de un tercero. "La propiedad es la que asume el riesgo", explican fuentes de la cotizada a este periódico. Los contratos de gestión suelen durar unos 10 años y están sujetos a unas estrictas cláusulas de cancelación.
En cualquier caso, toda empresa que quiera establecerse en Cuba deberá constituir una sociedad mixta —participada por el Estado—, indican fuentes del sector. "No podemos dar la espalda a la existencia de un 'lobby' cubano muy potente en Miami. Como es lógico, los afectados no quieren renunciar a la recuperación de sus inmuebles", concluyen esas mismas fuentes. Queda por ver si la amenaza de Trump se materializa o la activación de la ley quedaguardada en un cajón, como lo ha estado en los últimos 20 años.
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