Cuando Donald Trump anunció que iba a prohibir que las personas trans formaran parte del ejército estadounidense seguramente pensó que lo iba a tener fácil para poder legalizar la transfobia. Y, efectivamente, así ha sido. Es lo que tiene politizar la justicia y es lo que ha hecho que esa prohibición esté a un paso de implementarse.
El pasado mes de enero el Tribunal Supremo de Estados Unidos (instancia a la que el Departamento de Justicia se dirigió para que determinen si el veto es legal o no) emitió un comunicado (sin firmar) en el que permitían al gobierno de Trump poner en marcha su plan mientras se tenían en cuenta las apelaciones en tribunales inferiores. La nota (rechazada por los jueces progresistas Ruth Bader Gainsburg, Stephen Breyer, Elena Kagan y Sonia Sotomayor) hacía una excepción: las personas trans que ya estén en servicio no pueden ser expulsadas… si admiten “servir conforme a su sexo biológico“.
La semana pasada, el martes 7 de marzo, un juez de Maryland desestimó el caso Stone v Trump; la última apelación que aún estaba activa contra la nueva ley de Trump en juzgados inferiores al Supremo. El caso, presentado por la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU) y un bufete de la ciudad, defendía al militar trans Brock Stone y otras 11 personas trans. Pero ahora que el Supremo ha dado vía libre a la implementación de esa ley los juzgados federales se ven en la obligación de desestimar las apelaciones que se habían presentado. Algunas (como ésta última) surgieron pocos días después de que Trump anunciara sus intenciones en Twitter.
La ACLU ha anunciado, eso sí, que seguirán luchando contra la implementación de la ley y recuerdan que aún queda un caso (Doe v. Trump, en Washington D.C.) que podría frenar a Trump. Como explica Joshua Block, abogado del Proyecto LGTB & VIH de la ACLU: “Aunque la decisión no es sorprendente, es profundamente decepcionante para nuestros clientes y para las personas trans en servicio. Cada una de las razones aportadas por el Presidente Trump para justificar este veo puede ser fácilmente rebatidas en base a conclusiones extraídas por el propio Departamento de Defensa en sus procesos de revisión“.
Como ya explicamos hace tiempo, desde el Ejército y el Pentágono nunca acabaron de entender este movimiento de Trump ni cuál era realmente su utilidad. El militar de mayor rango de Estados Unidos testificó que no tenía constancia de que Trump -como aseguró en su tweet- hubiera consultado el tema con ningún experto militar ni consideró que las tropas trans fueran un problema. Tras el anuncio se supo, además, que el verdadero motivo por el que Trump propuso este veto no era económico, sino político. El coste de los tratamientos de las personas trans en servicio es ínfimo en comparación al resto del presupuesto militar (como bien se demostró en varios informes); pero Trump necesitaba un gesto para contentar al ala más conservadora del Partido Republicano y así asegurarse la financiación y apoyos necesarios para el famoso muro con México.
Jessica Maxwell, portavoz del Pentágono, ha confirmado a la CNN que, por el momento, el Departamento de Defensa continuará aplicando la directiva de la época de Obama que permitía a las personas trans en el ejército e incluso les facilitaba el proceso de transición si les era necesario. Pero se espera que se emita “una nueva guía, que llegará en el futuro próximo“ que ponga en marcha la transfobia institucional en el ejército de los Estados Unidos.
Jordi García , España, marzo de 2019
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